El proyecto "Ley Machuca", que está impulsando la oposición, vino a agregar un nuevo elemento al debate sobre los criterios de selección escolar, que el gobierno busca reformar a través del proyecto "Admisión Justa", al abrir la discusión sobre qué tan inclusivos son los colegios pagados.

La iniciativa alude a la cinta homónima, que retrata el experimento de inclusión social aplicado en los '70 en el Saint George's College, y que hoy no tiene referentes, pues son pocos los planteles socioeconómicamente altos que aplican inserción para escolares pobres.

El caso más conocido es el del Colegio San Ignacio El Bosque, que posee un sistema de matrícula diferenciada que pondera el ingreso familiar y la cantidad de hijos. Así, en los casos extremos, los aranceles mensuales varían desde $ 681 mil a $ 170 mil, siendo este último el monto para una familia que tiene siete hijos y un ingreso de un millón de pesos. Pero se trata de una inclusión de clase media, no del caso reflejado en Machuca.

Otro caso es el del Colegio Rudolf Steiner, en Peñalolén, donde las familias más ricas pueden optar por pagar $ 10 mil más en su mensualidad (que va entre los $ 252 mil y $ 355 mil), para que las familias de menos recursos paguen $ 10 mil menos.

Otros recintos tienen otro tipo de inclusión, como el Colegio Institución Teresiana, en Las Condes, con cupos para niños con necesidad educativa especial, a quienes en el nivel inicial se les pide que puedan decir su nombre y tener un lenguaje expresivo mínimo.

Trabas en la inclusión

Alejandro Carrasco, investigador del Centro de Justicia Educacional de la UC, explica que en el sector particular existen casos de inclusión, pero en general estos colegios tienen "barreras de entrada en términos económicos y de las entrevistas a los padres con psicólogos, lo que implica que se meten en el espacio doméstico familiar para ver si otorgan un cupo a los estudiantes".

Según las agrupaciones de colegios, la aplicación del "modelo Machuca" es compleja. Guido Crino, titular de FIDE, dice que están de acuerdo con la integración social, "pero no basta con que en la sala de clases haya una presencia física de alumnos de diversos sectores para que eso se concrete. Se requiere una labor educativa, una cultura escolar que sea favorable a eso".

Además, cree que se debiera cumplir con otros requisitos, como una reducción del número de escolares por sala y otro tipo de formación inicial de los profesores, para que sepan cómo manejar la diversidad. Por ello, afirma que el proyecto de la oposición "es una postura ideológica, alejada de la realidad escolar".

Y el presidente de Conacep, Hernán Herrera, plantea que la duda tras la "Ley Machuca" es quién financiará la cuota de 30% de alumnos vulnerables que establece para los colegios pagados. "Si lo hace el Estado, entonces un arancel referencial mínimo para esos escolares podría ser tres veces lo que se entrega por subvención en los colegios subvencionados", afirma, lo que a su juicio sería injusto para los niños de esas otras escuelas.

"En una situación óptima, esa integración sería positiva, pero el problema es que no tenemos resuelta la calidad para los niños vulnerables del resto del sistema. Entonces, sería regresivo, porque habría que destinar recursos a colegios pagados", agrega. Y si el costo corriese por cuenta de los colegios, asegura que el proyecto sería inviable.