Las cinco claves del juicio a Héctor Llaitul

En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se dio inicio al juicio contra Héctor Llaitul Carrillanca, en un proceso que busca ser un hito para el Ministerio Público.

Al exlíder de la Coordinadora Aruco Malleco (CAM) se le acusa de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado por incitación y apología a la violencia; y los ilícitos de hurto simple, atentado a la autoridad y usurpación.

Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, que ha liderado la investigación, en su alegato de apertura advirtió lo siguiente: “Hemos logrado reunir elementos de prueba que, desde nuestro punto de vista, acreditan los hechos que sustentan la acusación”.

A pesar de que el Ministerio Público pide 25 años de prisión, a Llaitul se le ha visto tranquilo durante las audiencias que se han realizado esta semana. Incluso, decidió prestar declaración y responder al contrainterrogatorio de los fiscales: cuestión inédita desde que fue formalizado en agosto de 2022. Afirmó ser “perseguido por expresar ideas o planteamientos político-culturales” y desde su defensa adelantan que pedirán la absolución total de los delitos que se le imputan, ya que, “no tienen cómo probar las acusaciones”.

El Ministerio Público presentó su acusación contra Llaitul en diciembre del 2022. Los hechos presentados en esta han sido la guía de los primeros alegatos de la Fiscalía en esta primera semana del juicio. El fiscal Garrido sostuvo que demostrarán que “el imputado hace mucho más que opinar o comentar lo que está ocurriendo. El imputado tiene una participación crucial en estos hechos, toma algunas decisiones, decide cuándo se hacen los comunicados, obtiene un provecho para su causa y motivaciones políticas. (...) El imputado es la CAM. No existe la Coordinadora Arauco Malleco sin Héctor Llaitul”.

Tres de los cinco hechos que se le acusan a exlíder de la CAM tienen relación al llamado al sabotaje contra la industria maderera. Según el Ministerio Público, corresponden a delitos contemplados en Ley de Seguridad del Estado, por los que piden 17 años de condena sumando solo estos. Por ese motivo que Fiscalía ha centrado sus palabras en la incidencia que tiene Llaitul en la concreción de los atentados en la Macrozona Sur, aludiendo a que “luego de las expresiones vertidas por el acusado el día 8 de enero del 2020 (correspondiente al hecho 1 de la acusación), por lo menos, se producen 54 ataques”. Además, ha alertado que el imputado le ha “declarado la guerra al Estado de Chile”.

Desde que fue detenido en agosto del 2022, nunca había hablado frente a los fiscales. Esta vez sí lo hizo: “Voy a declarar”, dijo cuando la magistrada Rocío Pinilla le preguntó si iba aprestar declaraciones. Abrió sus palabras indicando ser “perseguido por expresar ideas o planteamientos político-culturales”. Además, resaltó su pertinencia a su ascendencia mapuche y declaró “no poder retractarse de sus dichos”. Luego, se puso a disposición de la Fiscalía.

El persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, Héctor Leiva, fue quien estuvo a cargo de contrainterrogar a Llaitul, quien confirmó el manejo de armas durante las “recuperaciones de terreno” y ratificó sus dichos sobre la reivindicación en la usurpación de terrenos.

Por otro lado, contestó con un seco “no” a varias preguntas del fiscal. Así fue con lo relacionado a las comunicaciones, instrucciones o redacción de comunicados de la CAM. Esto último es algo que le interesa despejar a los investigadores, ya que gran parte de la acusación se basa en la injerencia de Llaitul en las acciones de la organización.

El fiscal Leiva dice que con algunas de sus respuestas, Llaitul pretende “eludir su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, estimamos que con las pruebas que presentemos durante el juicio se van a ir estableciendo contradicciones que permitirán despejar aquellas dudas que él pretendió presentar en su declaración”.

La Fiscalía tiene planeado presentar 76 testigos a lo largo del juicio, de los cuales cinco declararán bajo la reserva de su identidad. Durante la segunda jornada del juicio oral, el miércoles, la Fiscalía de Alta Complejidad presentó a su primer testigo: Diego Martínez Ortega, subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) que empezó su trabajo en el caso a partir de la investigación del hecho 1 de la acusación, en enero del 2020.

El testimonio de Martínez cobra relevancia, pues participó de la interceptación telefónica; de vigilancias y seguimientos discretos; análisis y transcripción de los dichos del acusado; declaración de víctimas y testigos; y posicionamientos telefónicos.

El testigo empezó a exponer el miércoles 13 y se extenderá hasta, por lo menos, el lunes 18 de marzo. A parte de las palabras del funcionario policial, para acompañar su relato, el Ministerio Público también ha expuesto videos, audios e imágenes.

A pesar de que el ente persecutor ha anunciado que cuentan con una gran cantidad de testigos y que, además, presentarán 22 peritos y 219 evidencias materiales; la defensa de Llaitul ha dicho que, en cada uno de los hechos por los que es acusado su representado, no cuentan con pruebas suficientes para culparlo.

Por lo anterior es que las representantes de Llaitul, las abogadas Victoria Bórquez y Josefa Ainardi, han reiterado que “la defensa va a solicitar la absolución de mi representado en todos y cada uno de los delitos en que está siendo acusado”.

En ese sentido, Llaitul en su declaración sostuvo que “si tuvieran la prueba para condenarme sobre hechos, yo guardaría silencio. Pero por expresar lo que he dicho no puedo retractarme”.

El testimonio del subcomisario de la PDI, Diego Martínez, tuvo como principal misión exponer parte del trabajo realizado durante su investigación. Desde el día jueves 14, expuso audios de conversaciones realizadas desde el teléfono de Héctor Llaitul.

El oficial explicó que se interceptaron llamadas con el objetivo de establecer el rol del imputado dentro de la organización. Así, durante la audiencia se expusieron, ante el magistrado, diálogos que el acusado mantuvo con distintas autoridades y dirigentes mapuche durante los primeros meses del 2020.

Luego, el PDI explicó que gracias a la intervención del celular, junto con información recogida a través de la plataforma “Vigía” de Entel, establecieron el desplazamiento del imputado por cuatro regiones de La Araucanía.

Lo relevante -relató el oficial- es que estos movimientos coincidirían con el lugar donde se realizaron seis atentados incendiarios en el transcurso de noviembre del 2020 a enero del 2021.

Martínez detalló, a grandes rasgos, el rol de su participación y dijo que, a pesar de que con su trabajo no se pueda comprobar la autoría de Llaitul en los hechos, son un aporte a la investigación: “Queríamos establecer o descartar un posible vínculo entre esos dichos (los de Llaitul) y la materialización de estas acciones. A qué me refiero: Atentados incendiarios, usurpaciones violentas, ataques armados a personal de Carabineros. Y esta dinámica, en primera instancia, si bien en ningún momento se habla de autoría de los atentados incendiarios, investigativamente nos permite ya determinar un primer patrón de comportamiento coherente en la comisión de atentados”.