Las claves del informe de Contraloría que detecta que solo 10 cárceles en el país utilizan inhibidores de señal de telefonía celular

La Contraloría General de la República detectó que de los 79 establecimientos penitenciarios de régimen cerrado, administrados por Gendarmería de Chile, solo el 12,7% cuenta con un sistema de inhibición de señal de telefonía celular. Es decir, solo diez recintos en el país utilizan el sistema. En detalle, ocho de esas cárceles pertenecen a establecimientos concesionados y otras dos son de administración tradicional.

El informe -al que tuvo acceso La Tercera- fue solicitado por los diputados Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma y Henry Leal, todos ellos militantes de la UDI.

En detalle, el organismo fiscalizador abordó los resultados del nuevo sistema de inhibición, denominado “Guardian”, que comenzó a operar el 8 de abril de 2024 por un periodo de 36 meses.

El informe señaló que se realizaron validaciones en el área de cobertura del sistema los días 20 y 29 de agosto de 2024, en los centros penitenciaros CDP Santiago 1, CDP Santiago Sur y Unidad Especial de Alta Seguridad. En ese análisis evidenció que en cinco casos, dispositivos en calidad de lista negra - listado con dispositivos móviles no autorizados, sobre los cuales se debería impedir la comunicación- “tuvieron acceso a conexión de voz y datos móviles, así como también, cambios reiterados de IMSI y de IMEI (códigos identificatorios de dispositivos móviles) para dispositivos de telefonía celular que no fueron detectados por el sistema, entre otras debilidades”.

Estas situaciones se habrían presentado “debido a que no existe una temporalidad definida en la detección y análisis que realiza el sistema, desconociéndose tanto por Gendarmería como por el proveedor del servicio el tiempo que el aplicativo tarda en concretar la acción de bloqueo”, según lo indicado por la entidad penitenciaria.

Además, se detectaron otras irregularidades, como que “aun cuando un dispositivo móvil se encuentre bloqueado por el sistema, este puede conectarse a internet a través de señales Wifi, situación que conlleva el riesgo de que la población penal pueda mantener conectividad de datos con el exterior”, dicta el informe.

Por otra parte, se evidenció que 186 IMEI y 37 IMSI incluidos en listas blancas - listado para que los artefactos telefónicos no sean bloqueados, permitiendo su comunicación al interior de la cárcel- presentaron conductas anómalas, “referidas principalmente a la utilización de más de una tarjeta SIM en un mismo dispositivo y georreferenciación de IMSI en ubicación no autorizada, los cuales continúan en dicha lista”.

Sumado a ello, se detectaron 13 casos en los que dispositivos incorporados en lista blanca “tuvieron vinculación con equipos móviles o tarjetas SIM bloqueados, sin que fueran catalogados e informados con conducta anómala por el proveedor del servicio”.

También, se advirtió que no fueron bloqueadas las señales de telefonía e internet de 132 IMEI y 421 IMSI que el sistema Guardian identificó para su bloqueo entre abril y junio de 2024.

De esa forma, la Contraloría instruyó acciones a Gendarmería, como la confección e implementación de “un procedimiento formal de revisión del funcionamiento del aludido sistema (Guardian), el cual debe considerar la validación periódica en terreno de, a los menos, aspectos tales como: tiempo de detección e identificación de dispositivos, la cobertura de alcance del aplicativo, que los equipos bloqueados “lista negra” no tengan accesos a telefonía móvil y conexión a internet”.

Sumado a ello, se indicó que se “deberá informar las medidas o acciones correctivas que la entidad penitenciaria efectuará para mitigar los riesgos provenientes de que equipos bloqueados puedan conectarse a redes Wifi”.

Para ello, se establece un plazo no superior a 60 días desde la recepción del informe por parte de Gendarmería, donde la entidad penitenciaria tendrá que acreditar las acciones a tomar.