Las claves en el camino de Dorothy Pérez hasta la cima de la Contraloría

A Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez (48) le gusta recalcar que es “hija de la educación pública”. Su orgullo se remonta a 1989, año en que se mudó de El Quisco a la capital para ingresar al Liceo Miguel de Cervantes, ubicado en la comuna de Santiago. Allí estuvo hasta 1992 y en su recuerdo alberga haber sido presidenta de curso en la enseñanza media.

En la memoria de esos años iniciales también hay otro episodio que marcó su adolescencia. Por las tardes, después del colegio, acompañaba a su madre a vender libros y ropa a la feria para solventar los gastos familiares. En esos años, en la capital residió entre Maipú y Conchalí. Esos orígenes son parte de su orgullo: proviene de una familia de Angol, Región de La Araucanía, con una madre profesora normalista y un padre obrero de la construcción.

Un año después de salir de cuarto medio ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, desde donde egresó con distinción máxima.

En esa casa de estudios no se relacionó con ningún movimiento político. Quienes la conocen sostienen que lo de ella era “ir a estudiar”. Esa misma condición “apolítica” se ha mantenido hasta ahora: en su historia nunca ha militado en un partido político.

En su vida más íntima, en 2001 se casó con el mayor en retiro de Carabineros Fabián López Paredes, con quien tiene dos hijos.

Se tituló como abogada en 2004 y su memoria se tituló “Base de Jurisprudencia de la Contraloría General”. Ese interés por el órgano contralor la llevó a ingresar a ese organismo público ese mismo año, realizando una extensa carrera donde a fines de 2007 el entonces contralor Ramiro Mendoza la nombró contralora regional de Valparaíso.

Luego pasó a ser subjefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General en 2010 y jefa de gabinete del contralor general de la República entre enero y septiembre de 2016. En paralelo realizó clases de Derecho en diversas casas de estudios, como Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Diego Portales, entre otras.

En septiembre de 2016 se convirtió en subcontralora y finalmente en diciembre de 2023, con la salida del excontralor Jorge Bermúdez, asumió como contralora subrogante. Eso hasta ahora, que se convirtió en la primera mujer En asumir en propiedad en la Contraloría General de la República tras ser ratificada por el Senado.

Cuando Pérez asumió como subrogante, el 18 de diciembre de 2023, comunicó cuál sería el enfoque de su gestión: advirtió su preocupación por la seguridad en el país, señalando que pondría el foco en torno al control de armas en todo el aparato público. No solo eso, en medio de la temporada de incendios, por otro lado, dijo que se revisaría el rol de entidades públicas en medio de las emergencias.

Uno de los principales hitos de su subrogancia, comentan desde el organismo, fue hacer un barrido a nivel nacional con auditorías respecto a los municipios, justo en un año de elecciones de dichos organismos. Si bien era parte de la gestión anterior, dicen conocedores de dichos informes, entre diciembre y marzo tuvieron un reenfoque.

Allí aparecieron irregularidades en las comuna de Nogales, Mariquina, Algarrobo, Peñaflor y Alhué, entre otras. Esta última, debido a que el alcalde Roberto Torres (DC) contrató a un primo que terminó ganando $53 millones. En total, fueron más de 200 informes a municipios.

El ente contralor entregó en julio un informe que reveló graves irregularidades en el funcionamiento del sistema de control de armas, administrado por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Allí se detectó que siete personas emitieron certificados médicos para la tenencia de armas sin ser médicos y 61 facultativos no especializados en psiquiatría emitieron certificados para 1.281 personas.

Otra de las gestiones en su período como subrogante fue emitir circulares a servicios examinadores bajo el prisma de “fiscalizar a los fiscalizadores”. Allí se ofició a la Superintendencia de Electricidad (SEC) por los últimos cortes de luz y a la Superintendencia de Salud.

Por último, en octubre, la Contraloría abrió un sumario contra el Consejo de Monumentos Nacionales tras detectar solicitudes con casi 900 días sin respuesta en torno a permisos para sacar adelante proyectos de inversión, en lo que se conoce como “permisología”. El período auditado fue entre enero de 2022 y mayo de 2024.

Otro de los puntos que han marcado la carrera de Pérez al interior de Contraloría es su quiebre con el excontralor Jorge Bermúdez. Fue el propio Bermúdez quien en 2016 la llamó para regresar al organismo, luego de que la abogada hubiese renunciado en 2014 tras varios desencuentros con el entonces jefe del ente Ramiro Mendoza (2007 y 2015), lo que la llevó a permanecer con licencia siquiátrica por nueve meses. Pérez se encontraba desempeñándose como jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación (Mineduc), en tiempos del exministro Nicolás Eyzaguirre, cuando recibió el llamado de Bermúdez.

Ese mismo año, Bermúdez la designó como su subcontralora. La relación se quebró en agosto de 2018, cuando el contralor fue informado que su subalterna había sido citada a declarar como testigo por Fiscalía en la investigación por el fraude en Carabineros. Esto, debido a que Pérez había sido subjefa de la división de auditoría y una de las áreas a cargo era la fiscalización de la institución policial.

“La persona que me reemplaza no puede estar vinculada al mayor fraude de la historia, por acción u omisión”, comentó Bermúdez a Revista Sábado en diciembre de 2018. Fue cuando le pidió la renuncia. Sin embargo, la abogada presentó un recurso de protección por despido ilegal y arbitrario, ganando en la Corte Suprema, con lo que pudo mantenerse en el cargo.

“Yo no quise firmar de manera sumisa documentos que eran improcedentes. Me negué a firmar sumarios que estaban prescritos”, argumentó por su lado Pérez cuando le consultaron por el quiebre.

Quienes conocen la gestión de Pérez señalan que si bien quiere dar su sello propio a la cabeza de la Contraloría, no pretende descontinuar el trabajo de Bermúdez, debido a que “las instituciones están por sobre las personas”. Sin embargo, entre sus labores revivió la antigua División de Municipalidades que Bermúdez eliminó, pero lo hizo bajo el nombre de División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

En una entrevista del 1 de octubre en radio Infinita, Bermúdez dejó claro que los resquemores de la relación continúan. “No es una cuestión de simpatía o falta de simpatía, es de valores éticos, y por eso es que a mí me parece tan relevante que una persona que va a desempeñar el cargo por 8 años tiene que cumplir con esas dos condiciones”. “¿Por qué cree que la saqué, o quise sacarla”, remató.

Pero este lunes se cerró el círculo y Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez es con toda propiedad la nueva y máxima autoridad de la Contraloría General de la República.