En los primeros siete meses del año, las compras más básicas para el combate del Covid-19 en los hospitales demandaron $ 132 mil millones. Así lo informó esta semana el Ministerio de Salud al Parlamento, en un informe que detalla las adquisiciones unitarias de elementos de protección personal para los equipos de salud (como guantes, pecheras y mascarillas), fármacos para los pacientes contagiados con Covid-19 y la compra de ventiladores mecánicos, el equipo más requerido por los pacientes que cursan cuadros graves.
Se trata de una cifra que -aunque no incluye los costos de personal, ampliaciones ni otros aprovisionamientos- es considerablemente elevada: equivale a todo el presupuesto de la Ley Ricarte Soto (que financia enfermedades de alto costo), la construcción de un hospital de mediana complejidad o a los recursos destinados para reducir la lista de espera de 2021.
La exministra de Salud Carmen Castillo sostiene que son gastos imponderables, propios de una emergencia sanitaria, y lo compara con la construcción del hospital de alta complejidad de Quillota-Petorca, que demandó al Fisco $ 114 mil millones.
“En el caso de los elementos de protección personal, el total de funcionarios en el área de la salud son 120 mil. Tenemos que calcular si alcanzó para todos, pues había que renovarlos dado que tienen cierto tiempo de duración”, plantea Castillo.
Según los números del balance, en el caso de las mascarillas quirúrgicas, las 42.643.300 unidades adquiridas por la Central de Abastecimiento (Cenabast) tuvieron un costo unitario aproximado de $ 362. En el caso de las mascarillas N95, en promedio, el valor se elevó a $ 2.225 por cada una. Mientras, los 1.938.740 escudos faciales demandaron $ 1.170 por cada uno.
Son cifras que variaron, dependiendo de la demanda internacional. “En algún momento de la pandemia esos elementos registraron costos mayores a esos”, precisa Christian Venegas, director (S) de Cenabast.
Desde el Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, secretario nacional de la entidad, acota que pese a los problemas iniciales de provisión en la red de salud pública, “lo que faltó, en algunos momentos, fue por falta de stock que, según lo vivido en otros países, era un problema mundial”.
El médico internista, quien se desempeña en la Posta Central, asegura que a medida que avanzó la pandemia, muchos de estos recursos se fueron optimizando. Por ejemplo, la utilización de mascarillas N95 solo se indicó para procedimientos de alto riesgo, donde el facultativo o parte del equipo médico estuvieran en contacto con aerosoles del paciente, como la intubación.
El extitular de Salud Emilio Santelices acota que el nivel de gasto responde a que “existió una definición de política pública de parte de la autoridad de resguardar la salud de los chilenos al momento de tener una capacidad de camas críticas. Y también hubo un compromiso por proteger a los trabajadores de la salud”.
Ventiladores mecánicos
El documento presentado el pasado lunes ante la subcomisión mixta de presupuesto destaca que el total de ventiladores adquiridos hasta julio se cerró en 925 máquinas.
Así, desde la industria de proveedores de insumos médicos, y quienes conocieron las tratativas, aseguran que los primeros ventiladores se entregaron a la red pública a fines de marzo, y que correspondían a máquinas que ya estaban en “plaza”, es decir, en stock dentro del país y listas para su distribución. En total, los empresarios locales habrían aportado casi un tercio del total de dispositivos de alta complejidad.
Sin embargo, y a siete meses de aquello, algunas firmas de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (Apis) acusan que estos equipos, así como otros insumos para el tratamiento del Covid-19, no han sido pagados por el Minsal.
Fármacos de sedación
El jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Posta Central, Rodolfo Santander, señala que comparado a períodos normales, el recinto llegó a tener el triple de pacientes ventilados, con un peak registrado a mediados de junio, donde hubo 103 pacientes conectados a un respirador invasivo.
Debido a ello, las compras realizadas por Cenabast de medicamentos analgésicos, de sedación y de bloqueo neuromuscular -necesarios para mantener al paciente sedado y conectado al soporte ventilatorio- debieron reforzarse.
Así, productos como Morfina, Propofol o el Fentanilo dedujeron un gasto extra de $ 16,5 mil millones.
El director (S) de Cenabast relata que “las cantidades que se utilizaban de medicamento crecieron exponencialmente junto a los pacientes. Afortunadamente, nunca faltaron fármacos, pero estuvimos al límite durante el peak (...). Así, debido al aumento de la demanda mundial, la especulación, la escasez y el cierre de algunos importantes mercados internacionales, se evidenció una constante escalada de precios”, dijo Venegas.
Desde el punto de vista clínico, Santander explica que “estos pacientes requieren bastante más consumo de estos medicamentos, pues para ventilarlos, todos tenían que entrar en coma inducido bastante prolongado, por 15 días en promedio, y en algunos casos más. A eso se suma que varios fueron puestos en posición “prono” (boca abajo), y esa práctica demanda un mayor consumo, pues se necesita una mayor profundidad de la sedación, analgesia y principalmente la parálisis del cuerpo del paciente (bloqueos neuromusculares)”.
Apis acusa demora en pagos de 180 días
La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (Apis) alertó un creciente retraso en el pago de insumos y dispositivos médicos por parte del Ministerio de Salud.
Según el gremio, la cartera adeuda $ 27 mil millones del período enero a junio, con una demora de 180 días. A eso suman otros $ 5 mil millones de años previos.
Eduardo del Solar, director ejecutivo de Apis, dice que entre los insumos pendientes de pago destacan ventiladores mecánicos que varias firmas entregaron en marzo al Minsal, y que desde esa fecha están en uso en los hospitales, principalmente en pacientes con Covid-19. A eso se suman equipos como nariceras de alto flujo, altamente demandadas.
“Algunos socios enfrentan una situación muy delicada, porque entregaron equipos en marzo al ministerio y aún no les han sido cancelados, con montos significativos para empresas pequeñas o medianas, muy apremiadas por la demora”, dice Del Solar, quien añade que proveer los equipos “fue un esfuerzo bien titánico, porque en ese momento Chile competía con el mundo”.
El representante del gremio sostiene que el gobierno intentó corregir esta situación designando a la Tesorería General de la República como ente pagador, fórmula que no estaría dando resultado por problemas en el trámite de facturación que hacen los hospitales.
El director de Fonasa, Marcelo Mosso, abordó este tema el lunes en el Parlamento e informó que el nuevo modelo está operativo desde mayo, con el objetivo de cancelar en no más de 30 días a los prestadores. “Los primeros meses hubo problemas en la implementación, pero ya está con el rodaje suficiente”, dijo Mosso.
