Las relaciones entre dos municipios de la RM -Las Condes, de Catalina San Martín (ind.), y Lo Barnechea, de Felipe Alessandri (RN)- y el Ministerio de Hacienda, encabezado por Mario Marcel, están quizás si en su punto más tenso por el proyecto de ley para reformular el sistema tributario para las pymes, donde también se incluyen modificaciones al Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo de distribución de ingresos entre municipios y que ha sido diseñado para reducir las desigualdades existentes entre ellos.

Básicamente, las comunas con más recursos aportan al FCM, que luego se distribuye. En algunos municipios, esos aportes se transforman en su principal fuente de financiamiento.

En su proyecto original el Ejecutivo sumó a Lo Barnechea dentro de aquellas que deben aportar el 65% de lo recaudado por concepto de contribuciones, llegando a un total de cinco comunas: Lo Barnechea se suma a Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago. El resto de las comunas seguirán entregando el 60%.

Pero Hacienda realizó hace pocos días modificaciones al texto e incrementó también el aporte de Las Condes, que pasa de un 65% a un 80% en un plazo de tres años en el impuesto territorial y de un 65% a un 70% por concepto de patentes comerciales.

Desde ahí todo se tensó y hoy San Martín y Alessandri están en pie de guerra con Marcel.

La primera en levantar la voz fue la edil de Las Condes, quien se ha enfrascado en una verdadera disputa con el ministro a lo largo de toda esta semana. “Es castigar a quienes hacen bien la pega, mientras el gobierno evita asumir su deber de ordenar las finanzas del Estado”, dijo hace tres días, sumando que “es populismo fiscal disfrazado de oferta electoral”.

El secretario de Estado retrucó que “incrementar el aporte de algunos municipios a este fondo, como lo propone el proyecto de ley que otorga beneficios tributarios a la clase media, no guarda ninguna relación con la gestión financiera del gobierno central”.

Pero este viernes, en una carta publicada en El Mercurio, la alcaldesa junto a concejales de distintos sectores volvieron a la carga. “Nuestra solidaridad no es solo estadística”, señalaron, recordando que colaboran activamente con otras comunas mediante convenios, asistencia técnica y servicios. “No nos oponemos a compartir. Nos oponemos a que se impongan medidas sin diálogo, que castiguen el buen trabajo”, concluyeron.

La mirada desde Las Condes, según comentan en la interna, es que el alza no tiene fundamento y que es, derechamente, arbitraria, toda vez que sólo fue para ellos y Lo Barnechea, y no incluyó a Vitacura, otra de las comunas con mayores ingresos en Chile.

Mientras, en Lo Barnechea hay una mirada similar de descontento. Su situación la grafican con que si bien la comuna tiene altos ingresos, dicen que no es menos real que tienen sectores, como el Cerro 18, donde habitan personas de menores recursos, y que a zonas como esas esta medida podría pegarles duro.

Alessandri sostiene a La Tercera que espera “que el gobierno reconsidere la medida y que se genere un diálogo real con los municipios”. A su juicio, la iniciativa fue “una imposición que nada tiene que ver con la realidad”, emplazando directamente a Marcel: “Le pido un poquito más de calle y también un poco más de diálogo”. Además, advierte que “el alza en contribuciones pondría en riesgo programas sociales que hoy benefician a sectores vulnerables de la comuna, como Cerro 18, Rayén y Juan Pablo II”.

Mientras tanto, los dos ediles han levantado sus propias gestiones para responder ante el proyecto de ley. En ese sentido, Alessandri ha tomado contacto con diputados de su colectividad, como Diego Schalper (RN), para contrarrestar la medida que el edil tacha de “arbitraria”.

A su vez, San Martín afirma a este medio que “desde el momento en que nos enteramos, por la prensa, de esta idea de Hacienda, hemos tomado contacto con los diputados del distrito y con senadores de la Región Metropolitana para hacerles ver nuestros argumentos y razones para oponernos al proyecto.

A lo que agrega que “en paralelo estamos en contacto con otros municipios y con la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que tiene una propuesta de financiamiento muy distinta a la planteada por el gobierno”.