La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), resolvió acoger “parcialmente” un reclamo de ilegalidad presentado por el movimiento Duna Viva en contra de una resolución de la Dirección de Obras Municipales (DOM), que rechazó invalidar el permiso de obra nueva -y sus modificaciones- del edificio Makroceano, ubicado en el sector de las dunas de Cochoa, en Reñaca.

La jefa comunal acogió que “que el inicio de las obras de un proyecto que requería Evaluación Ambiental previa, sin contar con la misma, es un acto ilegal y arbitrario”, pero ordenó “rechásase (sic), el citado reclamo de ilegalidad en todo lo demás”, dice el decreto emitido el pasado 14 de enero.

“¿Todo lo demás?”. Ripamonti declaró ilegal el inicio de la construcción del proyecto, pero mantuvo intacto su permiso de edificación y posteriores modificaciones, pues el reclamo de la agrupación pedía dejar sin efecto la negativa de la DOM -de noviembre de 2021- a una solicitud presentada para invalidar los permisos de Makroceano.

Cinco meses antes, el 25 de agosto, la alcaldesa había emitido un decreto diferente: instruyó a la Dirección de Obras “iniciar un proceso invalidatorio” respecto de otra resolución -del 22 de julio- que rechazaba “en todas sus partes” la primera solicitud de invalidación de los permisos, presentada en mayo de 2021 por el abogado de Duna Viva, Gabriel Muñoz.

Un mes después Ripamonti declaraba que “no existe ningún organismo público del Estado que esté sobre la Ley y lo que se hizo aquí, es que la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar entregó un permiso de obras de manera ilegal y arbitraria, hecho que no decimos nosotros, sino que la Ilustrísima Corte de Apelaciones y luego confirmado por la Corte Suprema en fallo unánime” y que “como administración no nos vamos a prestar para valorar actos arbitrarios e ilegales, y menos para continuar la destrucción de espacios estratégicos para el desarrollo de la vida de las personas”.

Sin embargo, el 12 de noviembre la DOM emitió dos resoluciones: una que anuló el rechazo al requerimiento inicial para invalidar los permisos; y otra que, a su vez, dejó sin efecto esa primera solicitud. Lo anterior llevó a Muñoz a presentar (en diciembre) un reclamo de ilegalidad, resuelto “parcialmente” por Ripamonti el 14 de enero pasado.

El abogado Rodrigo Andreucci, del estudio de abogados “Andreucci & Torrejon”, que representa a la inmobiliaria Makro, explica que la alcaldesa cambió de parecer, pues en el proceso se dio cuenta que lo que inicialmente quería hacer: invalidar el permiso, era arbitrario e ilegal, según resoluciones de la Contraloría General de la República y circulares de la División de Desarrollo Urbano del Minvu; las que la misma jefa comunal cita en su última decreto.

Andreucci agrega que en lo resuelto “queda claro que el permiso de obras y todas sus modificaciones están plenamente vigentes, como ya lo había dicho la Corte de Apelaciones el pasado 21 de diciembre, aún cuando la actuación municipal nos despierta reparos en cuanto a su arbitrariedad en el proceder anterior”.

Con la resolución de Ripamonti, agrega Andreucci, “se ha ratificado que una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental podremos retomar las obras, y no padeceremos lo que ha sufrido Parque Pumpin, Punta Piqueros, Reconsa, y otros tantos proyectos inmobiliarios que han experimentado las invalidaciones a los permisos de obras”.

Al respecto, la Dirección Jurídica del municipio aclaró que “jamás se ha solicitado a la DOM la invalidación del permiso. Se solicitó retrotraer el proceso invalidatorio para resolver todas y cada una de las peticiones del solicitante, asegurando el debido proceso. El decreto es claro y no debe darse más interpretaciones y efectos que los que tiene su tenor literal”.

Al respecto, el abogado Muñoz señaló que Ripamonti en todas sus resoluciones “ha dicho lo que nosotros hemos dicho, que el permiso de obras es arbitrario e ilegal por afectar el Campo Dunar de Concón y por carecer de Evaluación Ambiental Estratégica (...) creemos que no hay una dicotomía en el actuar de la alcaldesa. Por el contrario, el criterio sigue siendo el mismo: respetar los fallos judiciales y considerar que el permiso de obra de la época de la señora (Virginia) Reginato tiene un problema de validez, un vicio de forma y de fondo”.

Por eso, adelantó que presentará a la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad para “que se hagan efectivos” los fallos del mismo tribunal y la Corte Suprema, de modo que la corte “invalide el permiso de construcción dictado por el Director de Obras Municipales”, Julio Ventura.

El proyecto Makroceano, de nueve pisos y nueve subterráneos, tipo escalonado, se encuentra detenido desde el 5 de noviembre del 2020, cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió por unanimidad un recurso de protección, que fue confirmado por la Corte Suprema, dada su cercanía (244 m) al Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta Concón, sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Desde que obtuvo su permiso de obra nueva, el 31 de enero de 2019, la inmobiliaria Makro solo alcanzó a hacer las excavaciones y las fundaciones del edificio. Para continuar, las cortes le exigen un EIA, que presentarán el próximo 12 de marzo.

Asimismo, y según lo resuelto por la DOM el 12 de noviembre, “el proyecto de edificación que ampara el permiso de obra nueva nº9/2019 no será recibido mientras no se cuente con una Resolución de Calificación Ambiental aprobatoria del modo exigido en la sentencia de protección de fecha 5 de noviembre de 2020″.