Por cuarta vez, hoy el ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, fue trasladado hasta la oficina de la ministra en visita Romy Rutherford para declarar por la presunta malversación de caudales públicos, por cerca de $ 3.500 millones. Por este hecho, el exmilitar fue sometido a proceso la semana pasada y actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva en una unidad del Ejército de Peñalolén.
En la diligencia, la jueza buscó obtener más detalles de cómo el general (R) utilizaba los gastos reservados para financiar diversas actividades, las que no tendrían relación con el real destino que se debe dar a estos recursos.
En esta línea, uno de los elementos que fueron tomados en cuenta por Rutherford para dictar el procesamiento fueron las cuatro rendiciones de cuentas de los gastos reservados que Fuente-Alba realizó ante la Contraloría. Se trata de los trámites efectuados los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
La ministra Rutherford dio cuenta en su resolución que en las rendiciones y declaraciones juradas firmadas por Fuente-Alba se expuso que "esos fondos fueron destinados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad". Ante esto, la jueza dice que estas características no las "posee ninguno de los destinos que realmente se les dio a esos recursos, al tenor de la Ley 19.974 que trata sobre el sistema de inteligencia".
La jueza se refiere a los gastos mensuales de Fuente-Alba con los que pagó "sobresueldos" a su personal cercano y una "pensión" a ex comandantes en jefe, así como la compra de regalos, viajes familiares, peluquería, gastos millonarios para "mantención" de su casa, entre otros.
Cuando Fuente-Alba declaró ante Rutherford, señaló que estos controles financieros ante Contraloría eran "una rendición de cuenta genérica" y que "el comandante en jefe suscribe la propuesta que hace el director de Finanzas, en conjunto con el director de Inteligencia".
Añadió que él suscribió las declaraciones juradas entre los años 2010 y 2013, y que lo cierto es que no tuvo "como comandante en jefe la capacidad de revisar toda la información".
Ante estos antecedentes, Rutherford le exhibió las rendiciones de aquel periodo y el general (R) reconoció "como propia la firma estampada en esos documentos (...) donde efectivamente declara bajo juramento que los gastos reservados fueron empleados en fines propios de las actividades respectivas del Ejército de Chile".
Ante el interrogatorio de la ministra, Fuente-Alba agregó que "firmó estos documentos en el entendido que era el procedimiento habitual, sin ningún ánimo ni intención de querer engañar a nadie". Sin embargo, luego reconoció que algunos de los ítems que fueron pagados con gastos reservados durante su mandato "podrían no estar considerados dentro del contenido de la rendición de cuentas que suscribió a la Contraloría".
En este sentido, otro argumento de la jueza Rutherford para procesar a Fuente-Alba fue "la circunstancia de haber firmado las correspondientes declaraciones juradas adjuntas (...) por las cuales expone bajo juramento que los egresos de los gastos reservados de los años respectivos fueron empleados en los fines propios de las actividades respectivas del Ejército".
Quienes están al tanto del proceso de control de legalidad de este tipo de rendiciones de gastos reservados aseguran que la Contraloría recibe los documentos "sin tener facultades para contrastar la información" con la realidad.
