Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), llegó a ese cargo en enero del 2023. Desde entonces y a poco más de dos años de haber asumido en esas funciones, suma una serie de polémicas, que van desde denuncias por malos tratos con sus subalternos, hasta la participación que tuvo en el proceso de la polémica compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

La directora del Serpat, quien es pedagoga de profesión, en el Poder Judicial actualmente figura con ocho demandas laborales en su contra, cinco de estas en las que se le acusa directamente de vulnerar derechos e infracciones a la Ley del Trabajo. Acciones judiciales en contra de Pozo que si bien ya eran conocidas previo al caso por la fallida compra de la casa Allende, que le costó el cargo a la senadora Isabel Allende (PS), durante el último tiempo se han incrementado.

La pedagoga en materia penal declaró como testigo en la investigación que lleva adelante el fiscal regional Patricio Cooper, en el marco de la frustrada adquisición de la vivienda de Guardia Vieja. Esto, debido al rol que tuvo en las negociaciones iniciales de este caso que ha golpeado duramente a La Moneda y al oficialismo.

Las causas

La primera denuncia en contra de la directora del Serpat se remonta a febrero del 2024 cuando una arquitecta, encargada del Programa Sitios de Memoria, la denunció por acoso laboral y hostigamiento, así como también de haberla degradado arbitrariamente de sus funciones hasta su desvinculación. En el libelo expresa que todo esto fue una represalia. En el proceso, el Servicio Nacional del Patrimonio llegó a un acuerdo de pagarle $ 3 millones a la demandante por el daño moral que sufrió de parte de la directora del organismo.

El segundo caso, de junio del año pasado, fue presentado por un exfuncionario, quien afirmó ante el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago que con la llegada de Pozo, el clima laboral del servicio se volvió complejo dado a que realizó cambios arbitrarios, así como también se realizaron nombramientos de personas sin experiencia. Esta causa sigue vigente y el exfuncionario alegó un despido injustificado.

El 14 de enero de este año, se llevó a cabo uno de los juicios más destacados de las cinco causas en contra de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Se trata de una causa, del 2024, que surgió tras la denuncia de una encargada de comunicaciones del organismo, quien acusó desde amenazas, acoso laboral, tratos despectivos hasta desgastes psicológico. En el proceso, el organismo tuvo que desembolsar $ 5 millones por concepto de indemnización, previo acuerdo que ni la denunciante ni su abogado hablaran con los medios.

La cuarta acusación que ha recibido la directora, y que se judicializó en tribunales, es de parte de una subalterna, quien sostuvo que Pozo la suspendió arbitrariamente de sus funciones, la degradó, tuvo conductas de acoso laboral, gritos, desautorizaciones y hasta de desprestigio público. Esta causa sigue vigente y el próximo 14 de mayo está fijada una audiencia.

Finalmente, la arremetida judicial más reciente que complica a Pozo data de enero de este año, cuando la subdirectora de una repartición del organismo también la denunció de crear un ambiente laboral complejo, “violencia simbólica”, “rebaja arbitraria” y hasta de haber desmantelado la unidad que dirigía. Al igual que en la causa anterior, está a la espera de una audiencia por daño moral.

La Fundación Allende

Además de las causas judiciales y la participación en la fallida adquisición de la casa del expresidente, Pozo también es quien ha visado -como directora del servicio- varios de los convenios que ha alcanzado el organismo con la Fundación Salvador Allende. De los cinco acuerdos de los que se tiene registro, tres de ellos han sido autorizados por la directora.

Según información de Transparencia, dicha organización ha recibido desde 2022 $ 375.473.248, siendo el año pasado cuando más recursos obtuvo por parte del Serpat, con $ 102.121.988.

Hay un dato que no ha dejado de llamar la atención. Y es que pese a la fallida compra de la casa de Allende, y posterior a la paralización de los decretos, la Fundación Salvador Allende ha recibido $ 98.156.000 de parte del organismo que dirige Pozo y que es protagonista en la causa penal que lleva adelante el Ministerio Público.

Los montos corresponden a diferentes convenios alcanzados entre el Servicio del Patrimonio y la fundación, con los que se financian labores administrativas de la organización, así como también actividades que desarrolla esta. De todos los recursos otorgados -en promedio- el 82% se destina para gastos en personal, el resto para “bienes y servicios”.

Raimundo Palamara, presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana y militante republicano, es querellante en la causa de la casa Allende, y consultado al respecto apunto a que lo relevante es que la Fundación Allende “se sostenga exclusiva o al menos principalmente con recursos públicos”, lo que -dice- “nos permitió querellarnos contra sus principales integrantes, que son la hija de la senadora Allende, Marcia Tambutti, y el tesorero de la fundación, Genaro Cuadros, quien por cierto fue el de la idea de la compra de la casa (...) al ser considerados funcionarios públicos por el legislador, esto nos permitió querellarnos para que ahora sean investigados”.