Cuatro meses de negociación en que se desarrollaron dos mesas de trabajo, una liderada por la exdirectora de Gendarmería Claudia Bendeck, y luego por el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. Nada de ello fue suficiente para satisfacer las demandas de los gremios penitenciarios, quienes quebraron las conversaciones con el gobierno y anunciaron un paro nacional a partir del lunes.
Al mediodía de hoy, los uniformados agrupados en el Frente de Trabajadores Penitenciarios se reunieron con las autoridades en las instalaciones de la Dirección Nacional del servicio, con el propósito de conocer la propuesta con que el Ejecutivo respondería a sus exigencias.
Luego de tres horas de reunión, el resultado quedó de manifiesto rápidamente una vez que los funcionarios abandonaron el servicio. Gritos y arengas dejaron en evidencia el quiebre de las conversaciones y el llamado a movilización nacional.
De esta forma, se reactivan las amenazas de paro que existían previo a la creación de la mesa de negociación. El 27 de junio, las asociaciones hicieron una convocatoria de acuartelamiento a partir de las 18.00, en busca de ser recibidos por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Pese a la tensión de aquella noche, la autoridad accedió a conformar la mesa de negociación.
Diálogo interrumpido
Las diferencias entre el gobierno y los gremios se basan principalmente en tres puntos, todos ligados a enfrentar el "estancamiento" que, acusan, padece la carrera funcionaria en Gendarmería. Se trata del bono de incentivo al retiro, bonificación de egreso y redistribución de las plantas. Según los gremios, existen 4.500 funcionarios que, pese a cumplir con todos los requisitos, no pueden optar a ascenso por la falta de cupos.
El primer punto corresponde al pago de un bono que fomente la salida de los funcionarios más antiguos y permita la movilidad desde los rangos más bajos. Sobre este punto, el gobierno hizo una oferta para aquellos efectivos que cumplan entre 24 y 28 años de antigüedad. Los gremios piden que este se amplíe entre los 20 y 30 años de servicio, con montos que alcancen hasta las 1.000 UF, mientras el techo del gobierno es de 700 UF.
Además, se ofertó un aumento al bono de un mes de sueldo para aquellos uniformados que salgan de la institución por diversos motivos, entre los 20 y 30 años de servicio. Las asociaciones consideraron insuficiente la propuesta y piden que la indemnización se acerque a lo que reciben, por ejemplo, Carabineros, quienes se pueden retirar con un pago de hasta 24 sueldos. Según los dirigentes, el máximo al que aspira hoy un gendarme es a siete remuneraciones.
Una tercera razón se encuentra en la redistribución de la planta. Las asociaciones piden que se ascienda a un número determinado de funcionarios de los rangos menores, petición que no fue adoptada en la propuesta del gobierno.
Pese a las diferencias, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, dijo que se ha trabajado "en un marco de estrechez fiscal, con especiales ganas de avanzar de manera sustantiva en mejorar la carrera funcionaria. Y nuestras propuestas contribuyen a destrabar el estancamiento".
Por su lado Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), indicó que "si el gobierno no mejora la propuesta en los términos que pretendemos, vamos a acoger la solicitud de las bases, que están aburridas de esta burla, e iniciaremos el paro".
Paralización
Lo anunciado hoy por las dirigencias es iniciar la paralización nacional a partir del lunes. Las medidas de presión considerarían que un 60% de los funcionarios se dediquen a realizar turnos éticos, mientras el restante 40% estaría en la movilización. Pese a que existe un cierto hermetismo sobre las medidas concretas, sí está decidido interrumpir las labores de traslado de reos desde y hasta los tribunales
Según informaron desde el Centro de Justicia, en casos de este tipo Carabineros ha adoptado las labores de custodia. Y en cuanto a la imposibilidad de trasladar a las personas a los centros penitenciarios, en ocasiones anteriores el Centro de Justicia ha optado por habilitar bodegas, facilitando sillas y colchonetas. Aunque se reconoce que sus instalaciones no son aptas para la permanencia de presos.
Desde el gobierno no contemplan una próxima reunión entre las partes; no obstante, no se descarta que mientras se aproxima el día de la paralización, puedan existir nuevas conversaciones que impidan el paro.
