El trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos logró reunir información suficiente para presentar 40 querellas contra agentes del Estado enfocados en investigar delitos asociados a homicidios frustrados en el contexto del Estallido Social.

De estos 40 casos, hay dos que presentan condenas: la causa de la senadora Fabiola Campillai, quien perdió su vista tras recibir una bomba lacrimógena en su rostro en San Bernardo en noviembre de 2020 y la causa de Esteban Carter, quien quedó inconsciente luego de también recibir una bomba lacrimógena por la espalda mientras caminaba a su casa en Rancagua, en la Región de O’Higgins, dos meses después del inicio de la crisis social.

El caso de Fabiola Campillai llegó a su fin el pasado martes cuando el Tribunal de Juicio Oral de San Bernardo condenó a 12 años de prisión al excapitán de Carabineros Patricio Maturana. Si bien el INDH había presentado una querella por homicidio frustrado, finalmente Maturana fue encontrado culpable del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

“Es un paso con mucha satisfacción, primero por la víctima. Y en segundo lugar, una satisfacción porque la fiscalía occidente hizo un tremendo trabajo. Es importante por la calificación que se hizo del delito”, señala Ymay Ortiz, directora de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional.

Días antes de conocer esta sentencia, el excapitán Maturana concedió una entrevista a TVN, donde intentó justificar su actuar ante amenazas de muerte que habría recibido durante el estallido social. El expolicía también lamentó que nunca recibió capacitación para operar estas armas lanza gases.

Este último punto es algo que fue investigado al interior de la policía uniformada, pues una parte importante de las causas judiciales tiene relación con el mal uso del armamento antidisturbios. En estas mismas circunstancias Esteban Carter Anguita, de 34 años, resultó gravemente herido en la Sexta Región.

La noche del 13 de diciembre de 2019, el exsargento Juan Gabriel Maulén llegó a la calle Almarza para restablecer el orden público. Sin aviso previo, se arrodilló y percutó un disparó de lacrimógena en dirección al joven que se encontraba de espalda y a unos ocho metros de distancia. El proyectil dio de lleno en la cabeza y le causó una fractura en su cabeza.

De acuerdo al Ministerio Público, el exsargento Maulén no hizo uso de ningún protocolo, no prestó ayuda a la víctima y tampoco dio aviso a sus superiores. Por tanto, para la fiscalía no había dudas de que se trataba de un delito de homicidio frustrado.

“El policía al disparar tuvo la intención de causar el resultado que se produjo. Quería buscar la muerte”, señaló Matías Kunsemuller, abogado de Esteban Carter.

Después de algunos meses, el exsargento Maulén accedió ir a un juicio abreviado en el que aceptó su responsabilidad de los hechos investigados. La aparición de un video de seguridad que captó el momento del disparo resultó ser determinante.

“Esta causa avanzó rápido, porque las imágenes eran irrefutables. El policía se agachó y apuntó a la cabeza. Esteban iba caminando de espalda y no estaba tirando piedras. Fue un disparo artero a su nuca”, aseguró Kunsenmuller.

El exsargento Maulén fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada intensiva en agosto de 2020 y al pago de $3 millones a la víctima.

Dentro de la revisión de querellas presentadas por el INDH en base al delito de homicidio frustrado, además de las dos causas ejecutoriadas, existen cinco en proceso de Juicio Oral. La que más llama la atención, es el caso que sigue la Fiscalía de Valparaíso contra el mayor de Carabineros Mario Guzmán Yuri y el sargento Mario Arancibia González, quienes son acusado de hacer uso injustificado de sus armas de servicio, el 22 de octubre de 2019, en el sector de las plazas Vergara y Sucre, en el corazón de Viña del Mar.

“Abusando de sus cargos y funciones, dispararon en múltiples ocasiones con ánimo de causar la muerte a los mismos manifestantes’', señala la acusación que presentó el fiscal Juan de la Fuente, en mayo pasado.

La investigación sostiene que esos disparos dejaron con heridas graves a ocho personas, entre fracturas de manos y pies, además de lesiones en rodilla y piernas. Según la carpeta, la pericia de la PDI a una de las balas extraídas de una víctima indicó que habría sido percutada por el sargento Arancibia. Antecedentes que no reconocen los imputados, pues en sus declaraciones sostienen que usaron sus pistolas al quedarse sin armamento antidisturbios. Y que esos disparos fueron escogidos y a puntos fijos para ahuyentar a los manifestantes violentos. Por tanto, no dejaron personas lesionadas.

Por la gravedad de los hechos, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en la causa y rechazó la versión de los carabineros. “Conforme a los antecedentes de la investigación podemos concluir que las declaraciones de los imputados no se ajustan a la realidad”, señala la acción judicial del CDE.

Por ello, el Ministerio Público agregó un nuevo delito contra el mayor Guzmán: falsificación de instrumento público por redactar un parte policial con información falsa. El mayor de Carabineros arraiga 16 años de cárcel. Mientras que para el sargento Arancibia la fiscalía solicitó una pena de presidio perpetuo simple por el delito de homicidio frustrado, además de tres años por disparo injustificado. Todo se resolverá en el juicio oral que quedó fijado para el 4 de enero de 2023.

Uno de los principales problemas que han presentado las pesquisas del estallido social son la existencia de pruebas contundentes que permitan a los fiscales dar luz verde a la búsqueda de justicia en los casos que los manifestantes resultaron gravemente heridos.

En ese contexto, de las 40 causas de homicidios frustrados, 26 aún se mantenían desformalizadas. Es decir, sin avances oficiales. De estos, el caso de Ángelo Muñoz destaca por la gravedad de la denuncia.

El joven fue detenido el 21 de octubre de 2019 en las cercanías de su casa en Pudahuel. Tras cuatro horas en la 26 comisaría de Carabineros fue dejado en libertad. Es ahí, según relata Muñoz en la querella del INDH, que un efectivo policial le dijo que si no corría le disparaba. Después de una breve discusión, le hizo caso al carabinero al notar que el uniformado cargaba una escopeta.

A los pocos segundos, siente un fuerte dolor en la espalda. De acuerdo a la denuncia del INDH, Ángelo Muñoz habría recibido 58 perdigones, heridas que fueron ratificadas en el consultorio La Estrella al día siguiente por el médico Jesús Ramón Olivera.

A casi tres años de esta denuncia, la causa no registra mayores movimientos.

“Va a haber muchos casos en que será difícil determinar, sobre todo en el caso de lesiones con munición antidisturbios, quién disparó, especialmente en lugares o comunas donde no hay tantas cámaras o no hay tanta tecnología para acreditar quién fue la persona”, reconoce Ymay Ortiz, de la Fiscalía Nacional, quien agrega que de todas formas las causas siguen vigentes y se trabaja para que no exista impunidad en estos casos sin avances.