Las empresas forestales se sientan a la mesa

Marcial Colín (48 años), dirigente mapuche, poeta, consejero nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, pidió a los asistentes un minuto de silencio por Camilo Catrillanca. Y las 15 personas que lo acompañaban en un salón del hotel Nippon, en Santiago centro, callaron ceremoniosamente. Fue la mañana del 28 de noviembre de 2018, dos semanas después del homicidio del comunero. Entre quienes guardaron silencio ese día había ejecutivos de empresas forestales. Era primera vez que varios consejeros de la Conadi se reunían con representantes de Empresas CMPC, del Grupo Matte; Arauco, del Grupo Angelini, y Bosques Cautín, del Grupo Von Appen. A ellos se sumó el presidente de la Corporación de la Madera, Corma, Juan José Ugarte.

La cita del 28 de noviembre, presidida por Marcial Colín, correspondió a la última sesión del 2018 de una instancia creada en 2017 al amparo de la Conadi: la Comisión de Política Forestal. Pero era primera vez que las tres forestales se hacían presentes en conjunto. En la reunión había también varios consejeros de la Conadi.

Un mes antes, el 2 de octubre, a la sesión de esa comisión habían llegado ejecutivos de la Corma y CMPC. Al día siguiente, en la reunión del Consejo Nacional de la Conadi, Colín contó sobre la voluntad de las forestales de "crear un mecanismo que permita traspasar predios de empresas forestales presentados por comunidades indígenas", según el acta de la reunión.

El tema ha sido parte de esas dos conversaciones, las que seguirían este miércoles 23 de enero, en Santiago. Sin embargo la reunión fue reprogramada para marzo por problemas de agenda. Ahí, forestales y dirigentes de la Conadi volverán a sentarse en la misma mesa.

Marcial Colín, un militante PS que se formó políticamente en el Consejo de Todas las Tierras, cree que es factible avanzar a una significativa e inédita transferencia de tierras y se imagina presentando un acuerdo global al propio Presidente Sebastián Piñera hacia mediados de este año. Las forestales son más escépticas sobre los resultados, pero todas expresan su disposición al diálogo. Voceros y ejecutivos de CMPC y Arauco, los mayores actores del sector, dicen que están disponibles a conversar sobre transferencias de predios, pero al alero de Conadi.

Marcial Colín insinúa un cambio de actitud. "Del momento en que se sientan a conversar exclusivamente sobre el tema de devolución, traspaso o compra, para mí ya es un avance", dice a La Tercera.

"Yo puedo hablar por Arauco, no por las empresas forestales. En el caso de Arauco, desde comienzos de los años 90 tenemos una disposición para tener relacionamiento con comunidades. Somos vecinos de 390 comunidades mapuches", responde Charles Kimber, gerente de asuntos corporativos y comerciales de Arauco, quien resalta el rol anterior de otra instancia, el Consejo de Política Forestal, creado en los inicios del gobierno de Bachelet para trazar una política sectorial de largo plazo y que reúne también a empresas, ONG, académicos, comunidades y autoridades. "Este es un lugar más de diálogo. No es inédito en la venta de tierras", agrega Kimber.

Lo mismo plantea CMPC, que recuerda su participación en la Comisión Asesora Presidencial que encabezó en 2016 el obispo Héctor Vargas y en el encuentro 3xI que se hizo en 2018, en Villarrica.

"En CMPC hemos manifestado reiteradamente nuestra disposición a participar en todas las instancias de diálogo, sin exclusión de ninguna temática, ya sea a nivel de organismos y representantes públicos como directamente con las comunidades", dice Guillermo Turner, gerente de asuntos corporativos de CMPC.

Colín pide que esa buena disposición se manifieste en acciones concretas. "La buena fe es uno de los principios que debe regular estos diálogos, y de momento en que ellos asisten a estos eventos, eso debe tener su parte práctica. La buena fe, desde mi punto de vista, se evalúa así: de lo contrario queda solo en el discurso".

Esa es la discusión que viene la semana que se inicia mañana.

Dos cifras han rondado la conversación de los últimos meses entre forestales y representantes de Conadi. La primera cifra corresponde a la cantidad de tierras en manos de forestales que se superponen con títulos de merced concedidos mediante leyes del siglo XIX. Las forestales comunicaron que sus estudios internos cuantifican en 3.706 las hectáreas de predios forestales superpuestas.

Marcial Colín dice que, sobre esas tierras, hay que discutir un mecanismo de devolución. Las forestales están abiertas a discutirlo, pero se oponen a una devolución gratuita. CMPC plantea que esa superposición implicaría que el Estado cometió errores al entregar títulos de propiedad que afectaban derechos anteriores de terceros y que el Estado, entonces, debería enmendarlos. "En ese caso, obviamente, habría que evaluar las opciones y caminos a seguir", opina Turner.

La segunda cifra es más voluminosa y corresponde a los fundos que formalmente reclaman las comunidades mapuches. En octubre, la comisión pidió a la dirección nacional de Conadi, dirigida entonces por Jorge Retamal, un informe sobre los predios forestales exigidos por comunidades al amparo de la Ley Indígena, creada en 1993. El artículo 20 letra b de esa ley creó un fondo estatal para financiar mecanismos de solución a "los problemas de tierras, en especial, con motivo de cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas".

Retamal envió su respuesta el 8 de noviembre. El resultado es un catastro de 66 predios que habían sido reclamados por distintas comunidades a la Conadi hasta octubre de 2018 (ver infografía).

La lista fue analizada en la reunión de noviembre, a la que asistieron Ugarte, de la Corma; Turner, por CMPC; David Gutiérrez, de Arauco, y Luis Alfaro, de Bosques Cautín, de Von Appen.

La enumeración sorprendió a algunas forestales, que desconocían varias de esas reclamaciones que nunca les fueron notificadas por la Conadi, como ordena la ley. Además, dicen que la información es incompleta. De hecho, la lista identifica 61 predios por un total de 14.219 hectáreas y otros cinco grandes predios sin información. "Nos encontramos con que la demanda formal en Conadi no superaba las 30 mil hectáreas", calcula Colín sobre ese informe.

Para las forestales, ese texto es un buen punto de partida. Lo verbaliza explícitamente el vocero de CMPC. "Hemos manifestado nuestra plena disposición a trabajar sobre este documento que, en realidad, es un reporte de las solicitudes efectuadas por comunidades a Conadi, varias de las cuales, al parecer, no han tenido un seguimiento ni han implicado acción alguna por parte de este mismo organismo", afirma Turner. "Lo que acordamos en la comisión es que Conadi vaya avanzando en abordar estas solicitudes, efectúe, si así lo estima, las propuestas de compra en los casos que considera aplicables, para que así pueda responder a las comunidades, de acuerdo a lo que vayan contestando las empresas involucradas", agrega.

Kimber, de Arauco, coincide en que esos procesos deben seguir el mecanismo normal que se establece en la ley. "Esta no es una mesa de negociación y tiene que seguir los procesos normales de cómo se resuelven estas solicitudes", afirma. Tampoco, agrega, es una instancia de discusión con las comunidades indígenas involucradas en las reclamaciones. "Es una mesa de diálogo con representantes, consejeros nacionales de la Conadi, al amparo de lo que es el Consejo de Política Forestal. Nosotros estamos acompañando a la Corma y queremos manejar esto de manera institucional y estamos disponibles para contestar preguntas que se hacen bajo ese techo".

De cualquier manera, Arauco tiene avances que mostrar. El holding ha traspasado desde los años 90 unas 5.000 hectáreas, a través de la Conadi. Y tiene un volumen relevante en gestación, revela Kimber a La Tercera. "Tenemos en el pipeline unas 3.000 hectáreas que están bajo la misma situación. Hay algunas que están más avanzadas, otras menos avanzadas", dice. El catastro que realizó Conadi incluye una decena de fundos solicitados a la empresa, los que suman casi 3.000 hectáreas e incluyen predios como Puchilco, en Toltén, por 931 hectáreas, y Pidima, en Ercilla, por casi 700 hectáreas.

La presencia de las forestales en La Araucanía es significativa, pero dispar. El sector tiene tierras por 435 mil hectáreas en la región, de las cuales 280 mil son plantaciones forestales. CMPC es protagónica. El holding, según sus propios anuarios, tiene 720 mil hectáreas en todo Chile, con 487 mil plantadas. Más de un tercio está en La Araucanía, donde controla 170 mil hectáreas de plantaciones. La exposición del holding a la zona es la mayor y por ello la presión históricamente se ha concentrado en el grupo. Pero en este han delimitado sus dificultades solo en tres puntos geográficos específicos: Tirúa, Alto Bío Bío y Bajo Malleco. "No se trata de un conflicto generalizado, sino de situaciones distintas de acuerdo a las zonas que se miren", dice Turner.

Arauco, en cambio, si bien tiene un patrimonio forestal aún mayor, superior a 1,2 millones de hectáreas en el país, su presencia en La Araucanía es más modesta. Solo el 3% está en esa región. Unas 35 mil hectáreas, según Kimber.

"La empresa tiene que entender que ya no puede eludir conversar sobre su estadía en territorio indígena, que nosotros consideramos nuestro de alguna u otra manera", opina Colín, quien aspira a un gran acuerdo sobre el catastro de Conadi, pero asume que aunque las forestales transfieran todo lo reclamado por las comunidades, aquello no aplacará las críticas del mundo mapuche, atomizado en múltiples organizaciones. "Cada mapuche es una institución en sí misma", bromea.

Y una posible solución sobre las 30 mil hectáreas reclamadas por las comunidades tampoco pondrá fin a un problema que excede a las forestales e incluye, además, al mundo agrícola. En la reunión de noviembre, un funcionario de Conadi informó que al 2013 -la fecha más actual- existían 658 comunidades en Chile, de las cuales 518 están en La Araucanía. Colín calcula que si cada comunidad tiene unas 30 familias y Conadi ha comprado en promedio unas 10 hectáreas por familia, la demanda por tierras podría superar fácilmente las 150 mil hectáreas. "Estamos hablando de una cantidad gigante", complementa. La solución es difícil, pero no imposible, agrega. "Todos los pueblos de alguna manera tienen que avanzar hacia una maduración con un sentido de realidad. La política no se tiene que hacer sin un sentido de realidad", enuncia Colín.

Pero una solución definitiva, coinciden las forestales, no corresponde entregarla a las empresas. "La respuesta a esa pregunta la tiene que dar el Estado más que los particulares", afirma Kimber. CMPC recuerda que este problema se arrastra desde los inicios de la República. Guillermo Turner, de CMPC, sostiene que cualquier acuerdo global no puede limitarse solo a las tierras reclamadas según la legislación, sino que deben considerar las propuestas de la Comisión Vargas, que Turner integró. "Contienen iniciativas en materia de reconocimiento político, fomento cultural, desarrollo productivo, participación política, legislación y tierras. Todos esos elementos deben estar incorporados. Ninguno sobra".

Por de pronto, este miércoles se hará una tercera reunión de la Comisión de Política Forestal que preside Colín. El dirigente espera que las forestales lleguen con avances para "aterrizar esta manifestación de buena voluntad". Por ejemplo, que terrenos que históricamente se han negado a vender, ahora los pongan a la venta. Las compras de tierras por parte de Conadi deben ser financiadas con fondos fiscales y ello exige una decisión política de envergadura. Por ello, Colín sabe que debe incorporar al poder político. "Tenemos en perspectiva, en conjunto, solicitar una reunión con el Presidente Piñera una vez que ya tengamos algún borrador de acuerdo para ver cómo el gobierno se involucra a dar respaldo a esto. De lograr una cuestión significativa, el gobierno no puede quedar aparte".

Las autoridades han escuchado sobre estas conversaciones y la disposición de las empresas forestales a transferir tierras -releva un alto funcionario de gobierno-, pero creen que es prematuro aún hablar de un gran acuerdo. Además, porque cada transferencia debe ir acompañada de planes de desarrollo que eviten que los predios se tornen improductivos y perpetúen la pobreza de sus nuevos dueños. En el gobierno, además, sienten lo mismo que algunas forestales: todo cambió -el diálogo, la apertura, los acercamientos- tras el homicidio de Camilo Catrillanca. Que hubo un antes y un después.