Las esquirlas del caso Audio que alcanzan al Ministerio Público

Fue en marzo cuando se produjo un antes y un después en una de las investigaciones de corrupción más grandes desde la reforma procesal penal. Ese mes, la Fiscalía Metropolitana Oriente comenzó a sumergirse en las 777 mil páginas que contenían las conversaciones de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, en lo que se ha denominado caso Audio y que ha derivado en una serie de aristas.

Y es que si bien la causa tuvo su origen en la grabación de una reunión entre Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y uno de los socios controladores de Factop, Daniel Sauer, con el correr de las semanas fue dando paso a hebras investigativas que por estos días involucran a fiscales, exfiscales y jueces con eventuales hechos ilícitos. Buena parte de ellos relacionados al presunto tráfico de influencias y cohecho.

Por lo mismo, lo primero que comentan desde el interior del Ministerio Público al ser consultados por las implicancias de la causa para la institución, es que están cansados y, a ratos, sobrepasados con los grandes volúmenes de información.

Sin embargo, se mantiene el lineamiento firme instruido por el fiscal nacional, Ángel Valencia, referente a que investigarán a todos los involucrados, “pese a quien pese y pise a quien pise”, como ha esbozado en reiteradas entrevistas. Es que esa máxima, comentan fuentes ligadas al organismo, es la que les permitió tener un buen posicionamiento durante los primeros meses del año. Aunque hubo un quiebre en esa tendencia cuando comenzaron las filtraciones de los intercambios que fueron extraídos del celular del influyente penalista y, con eso, quedaron al descubierto sus “vínculos” con autoridades de la Fiscalía.

El primer reproche vino cuando se supo de contactos que había tenido el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con la pareja de la hoy suspendida ministra suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y luego, a propósito de gestiones que habría desplegado el exfiscal Manuel Guerra en relación con causas de financiamiento irregular de la política.

El resultado de eso, dos investigaciones penales en contra de ambos y una por la vía administrativa en contra de Palma.

Pero eso no fue lo único, tras la formalización de Hermosilla, también se confirmó que quien lideraba la causa, la fiscal regional Lorena Parra, y el propio Valencia mantuvieron conversaciones con el abogado años atrás.

El escenario, como indica el académico de la Pontificia Universidad Católica Mauricio Duce, tuvo un giro con la confirmación de esos antecedentes y debilitó la imagen de la Fiscalía.

“El Ministerio Público, con el actual fiscal nacional, había tomado conciencia de que la baja confianza era un elemento bien importante que había que revertir y uno veía una institución mucho más activa en términos de comunicar los resultados de sus investigaciones, de poner una visión clara de política criminal en el debate público. Con lo ocurrido, diría que hay un retroceso respecto de lo que se había avanzado”, sostuvo.

En la misma línea, fuentes de la institución indican que los antecedentes que se han ido conociendo han tensionado las relaciones internas, al punto que en la interna se ha deslizado que Parra nunca debió haber asumido la causa, que hay que darle celeridad a la indagación contra Guerra y que se deben apurar las decisiones respecto de Palma.

Si esos puntos no se despejan, conforme han señalado quienes conocen la dinámica interna de la institución, el caso le podría terminar pasando la cuenta al fiscal Valencia.

Parte de la estrategia de Valencia fue poner al mando de las coordinaciones de la investigación a Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada en Anticorrupción. En ese sentido, para coordinar trabajos, y para mitigar las críticas internas, el viernes 13 se realizó una cumbre de fiscales en el edificio de la Fiscalía Nacional.

En conversación con La Tercera, los exfiscales Carlos Gajardo, José Villalobos y Pedro Orthusteguy comentan cómo el caso Audio ha afectado la imagen del Ministerio Público al tener a un persecutor y a un expersecutor bajo la mira de los investigadores.

“Indudablemente, ha mermado la imagen que tiene la ciudadanía respecto de la actividad que desarrolla el Ministerio Público”, dice Villalobos, quien fuera parte de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente y participara en las primeras diligencias del caso Penta y SQM.

En el mismo sentido, Gajardo, que estuvo a cargo del equipo que integraba Villalobos en la Oriente, afirma que la crisis de confianza es “profunda”, aunque para él viene “de mucho antes”. “Este caso sólo refuerza la creencia ciudadana de que la justicia es desigual y que los abogados, en general, son unos tramposos. Costará mucho tiempo y esfuerzo recuperarse de ese daño”, dice.

Dichos alcances no sólo es posible evidenciarlos en la Fiscalía, complementa Orthusteguy, expersecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur y quien sostiene que “este caso afecta con muchísima fuerza al Poder Judicial. Creíamos que la influencia de los abogados particulares sobre los ministros era cosa del pasado, pero sigue existiendo”.

¿Quién fiscaliza a los fiscales? Villalobos entrega una respuesta: “Es necesario una suerte de organismo externo que fiscalice más allá de lo que se hace en el tribunal, cómo se resuelven los casos y, más grave aún, también por qué no se resuelven o por qué se resuelven en algún sentido”.

Los exfiscales, hoy abogados privados, concuerdan en que, en casos de corrupción, esta causa es una de las investigaciones más graves desde la reforma procesal penal. “Es el mayor caso de corrupción que se ha enfrentado con el nuevo sistema. Por lo tanto, es una prueba de si el sistema tiene la capacidad de castigar sus propios delitos”, dice Gajardo.