Las investigaciones que envuelven al municipio de Las Condes y a su alcaldesa Daniela Peñaloza

Durante los últimos meses, la administración de Daniela Peñaloza (UDI) en la Municipalidad de Las Condes ha sumado una serie de flancos, a raíz de los cuales se han abiertos investigaciones tanto internas como desde Contraloría y el Ministerio Público.

La complicada gestión de la jefa comunal está marcada por eventuales irregularidades financieras y de otro tipo; algunas de ellas han sido dadas a conocer por los propios concejales de la comuna, quienes han solicitado la apertura de investigaciones y sumarios.

Entre los casos se encuentran los excesivos pagos de horas extras a funcionarios de la comuna, las irregularidades del jefe de compras del municipio, las investigaciones por fraude al fisco en la adquisición de propiedades para la construcción de un Cesfam y al pago de subvenciones que investiga la Contraloría.

Una de las promesas de campaña de la alcaldesa Daniela Peñaloza era construir un tercer Cesfam para Las Condes. Para ello, la municipalidad encargó a una empresa privada la adquisición de 10 inmuebles para ocupar el terreno y construir allí el centro asistencial.

Las alarmas se encendieron el 22 de marzo del 2023 cuando concejales de la comuna, encabezados por Catalina Ugarte, llegaron hasta la Contraloría para advertir sobre eventuales irregularidades en el proceso de compra de las propiedades. Según indicaron, se habría omitido información, se habrían adulterado actas de acuerdo del Concejo Municipal e incluso, acusaron que por una de las 10 casas que se había comprado para el proyecto se pagó mucho más de lo que valía realmente.

La compra de los inmuebles se gestionó principalmente con Vulcon Asset Management, quienes aparte de intermediar entre los propietarios de nueve de las casas y el municipio, también eran dueños de una propiedad a adquirir, ubicada en Nueva Delhi 1775, y por la cual justamente se pagó el millonario sobreprecio.

Según acusaron los concejales, Vulcon compró en alrededor de 14 mil UF la propiedad, pero luego la vendió al municipio por más de 24 mil UF, con poco más de un mes de diferencia entre ambas transacciones.

A raíz de ello, la Contraloría General de la República se pronunció y detectó faltas a la probidad en la compra de terrenos para la construcción del Cesfam. A ello se sumaron investigaciones de la Fiscalía Oriente y del Consejo de Defensa del Estado. En definitiva, la situación hoy es objeto de una indagatoria penal por fraude al fisco.

En julio de 2018, cuando la comuna de Las Condes estaba bajo la administración de Joaquín Lavín (UDI), el entonces alcalde anunció la construcción de un edificio dedicado exclusivamente a viviendas sociales, el que estaría ubicado en Avenida Colón con Mayecura, a pasos del corazón de la comuna, la Rotonda Atenas. La situación originó protestas de los vecinos de los alrededores, quienes alegaban que la plusvalía de sus propiedades descendería con la llegada de las nuevas viviendas.

No obstante, la construcción del edificio comenzó en 2021 y prometía ser el hogar de 85 familias, las que fueron elegidas para habitar las viviendas. Al respecto, la actual alcaldesa, no solo prometió que este proyecto buscaría “terminar con la segregación social urbana y generar una comuna más integrada”, sino que, además, dijo esperar que los departamentos estuviesen listos “entre enero y febrero” de 2023, situación que no ocurrió.

El problema se explicaría en una traba relacionada con el avalúo de las viviendas para clasificarlas como sociales. En concreto, el conflicto radica en que el municipio estaría vendiendo esas viviendas a un precio inferior a la mitad del ‘justo precio’ en que las casas y departamentos de ese sector están avaluados.

La situación derivó en una sesión especial entre el Concejo Municipal de Las Condes y los beneficiarios del condominio. Mientras que algunos concejales advirtieron de los problemas judiciales en los que podría incurrir el municipio a la hora de vender estos departamentos a un precio menor que el avalúo de la zona.

Peñaloza, conversó con La Tercera en octubre del año pasado -mes en que aún no se entregaban las viviendas- y señaló que “el valor de venta no es fijado discrecionalmente por la municipalidad, sino que es determinado por el Serviu Metropolitano una vez que las personas postulan a los subsidios del Estado. Como municipio firmamos un convenio con el Serviu, en el cual se regula el valor de venta de los departamentos de integración social”.

En noviembre de 2023 la Contraloría encontró una serie de falencias en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa de la Municipalidad de Las Condes a diferentes organizaciones. En su informe, la institución advirtió acerca de una “debilidad de control” de parte del municipio respecto a cuantiosos recursos públicos.

En definitiva, el ente fiscalizador acusó que el municipio dirigido por Daniela Peñaloza no había exigido la rendición de gastos de variadas organizaciones públicas y privadas, sosteniendo que incluso algunos recursos se han transferido “sin establecer un destino”, es decir, los recursos se enviaron a dichas entidades sin especificar en qué iban a utilizarse, lo que va en contra de la norma.

En ese sentido, se cuestiona que funcionarios de Las Condes estarían contratados por las propias asociaciones a las que llegan los millonarios fondos y que esos “dobles roles” son irregulares. A raíz de ello, Contraloría envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En concreto, el informe de Contraloría reveló que la municipalidad durante todo el 2021 transfirió en total $1.006.059.827 a distintas organizaciones. Todos los recursos fueron transferidos como aportes o cuotas de dichas organizaciones.

Pese a eso, el órgano contralor detectó que dichos recursos nunca se rindieron y tampoco la municipalidad exigió claridad con el destino de los mismos. A esto se suma que $55 millones transferidos por Las Condes para la administración del Parque Hurtado no fueron acreditados. Además, se informa que la municipalidad autorizó el 2021 más de $846 millones a las organizaciones municipales del sector oriente, de los cuales no se estableció su destino.

Según reveló un reportaje de Meganoticias, el 2023 la comuna de Las Condes habría pagado cerca de $8 mil millones en asignaciones de horas extras, batiendo todos los récords de pagos por estos ítems en todas las administraciones del país.

El trabajo periodístico reveló que en la comuna se habían registrado 833.627 horas extras desde enero a noviembre de 2023, lo que se traduce en un promedio mensual de pagos por $ 715 millones de pesos.

En ese sentido, se determinó que varios funcionarios municipales recibieron millonarias cifras, entre ellos el jefe de administración y finanzas, Juan Peña, quien en los listados aparece como uno de los dependientes con mayor asignación. De hecho, se indica que habría recibido más de $34 millones debido a la supuesta realización de 1.648 horas de trabajo en el último año.

A raíz de este hecho, la alcaldesa anunció la apertura de un sumario administrativo. Además, pese a no existir ninguna denuncia oficial, el Ministerio Público decidió abrir una investigación para perseguir eventuales responsabilidades penales.

El 27 de diciembre de 2023 la municipalidad debió enfrentar otro golpe. Ese día, el director de Administración y Finanzas de la Corporación Cultural de Las Condes, John Barra, fue detenido en las instalaciones de la institución tras ser denunciado ante Carabineros por abuso sexual.

En concreto, una funcionaria de la corporación acusó que Barra la besó sin su consentimiento. El directivo fue formalizado ante la justicia y quedó con prohibición de acercarse a la víctima. Un día después de ese suceso, la Corporación Cultural de Las Condes anunció la apertura de una investigación interna, con el fin de aclarar la situación.

Al respecto, la alcaldesa Peñaloza señaló a través de redes sociales -en esa oportunidad- que en la comuna existe “tolerancia cero a todo tipo de abusos”.

A inicios de este año, la Contraloría General de La República y la Municipalidad de Las Condes iniciaron investigaciones para aclarar la situación del director de compras del municipio, Pedro Carrasco, eso luego que Ciper Chile revelara eventuales desvíos de dinero en beneficio de la autoridad comunal.

Según la información, se habrían realizado transferencias de vehículos desde empresas proveedoras a Carrasco y familiares suyos. Además, la autoridad comunal habría adquirido muebles para su vivienda con facturas municipales y depósitos en efectivo a sus cuentas corrientes por casi $108 millones.

A raíz de ello, Contraloría informó que iniciará un sumario administrativo por presunto conflicto de interés y eventuales irregularidades en Las Condes, particularmente en la Dirección de Compras del municipio.

Y este martes martes quedó al descubierto un nuevo flanco. Según pudo constatar La Tercera, el director de Control del municipio, Eduardo López, realizó un informe en el cual detalla falencias que se encontraron en las finanzas de la Corporación del Teatro Municipal de la comuna, entidad que tiene como gerenta general a Constance Harvey. En concreto, el directivo encontró que algunos funcionarios estaban recibiendo sobresueldos.

El objetivo de López era fiscalizar en qué se habían gastado los $2.535.750.000 que durante el 2023 el municipio transfirió a la entidad cultural. En su informe, la autoridad detectó irregularidades en los sueldos, puesto que aparte del pago mensual, ciertos funcionarios recibieron el pago de gratificaciones, aguinaldo y un bono, cuando sólo estaba autorizado el contrato y la gratificación.

Como ejemplo, en el documento al que tuvo acceso este medio, se cita la remuneración de la gerenta general, quien según su contrato tiene un sueldo mensual de $5.364.613 con una gratificación mensual de 25%, la cual tiene un tope legal de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Pese a eso, la liquidación de septiembre de Harvey tuvo una gratificación de $95.787 y un pago denominado “bono septiembre”, el cual ascendió a los $2.407.324.

La situación levantó cuestionamientos entre los concejales de la comuna, quienes exigieron una comisión especial.

Este miércoles, Harvey presentó su renuncia, haciéndose efectiva a partir del 31 de enero. Desde la municipalidad señalaron que su dimisión voluntaria la presentó el 3 de enero, “argumentando motivos profesionales”.