Esta mañana el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió a la implementación de una serie de medidas que buscarán mejorar la seguridad de los cajeros automáticos.

El anuncio se produjo horas después de un nuevo intento de robo a un dispensador de dinero, ocurrido esta mañana en Recoleta, que afectó a una sucursal del Banco de Chile. El ilícito fue llevado a cabo por un grupo de sujetos que, transportados en dos camionetas, usaron el método de saturación con gas para explotar y abrir el cajero, si bien, no lograron sustraer el dinero, lograron causar gran daño en la sucursal.

Robo a cajero automático, referencial. Javier Salvo/Aton Chile

¿Qué medidas propuso el gobierno?

En un punto de prensa, el delegado presidencial señaló que el inicio de la preocupación a nivel institucional nace porque “durante varios años este delito prácticamente había desaparecido, así, hemos identificado algunas bandas que en el pasado cometían estos delitos y que nuevamente han vuelto a cometerlos”.

Estas declaraciones estarían enmarcadas dentro de un objetivo fundamental para el gobierno de Gabriel Boric en materia de seguridad, pues, en el año 2024 se registró un rebrote en este tipo de delitos, alcanzando los 24 casos en distintos puntos del país, según indicó la Fiscalía Nacional.

Pero no todos los diagnósticos son negativos, tal es el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, quienes señalan en su reporte mensual de cajeros automáticos que estos han tenido un reapunte significativo. Al respecto, indican que en noviembre de 2024, habían 7.708 máquinas en todo el país, mientras que, para el mismo período del 2023 se registraban 7.648, es decir, un aumento de 0,8% (60 cajeros más).

Durán explicó que la iniciativa contará con la participación de entidades bancarias, todo esto “con el propósito de establecer nuevas medidas y fortalecer los protocolos que permitan minimizar los factores de riesgo. Esto significa identificar con precisión dónde instalar los cajeros automáticos, restablecer medidas como el entintado de los billetes u otras que efectivamente mejoren las condiciones de seguridad”.

En ese sentido y sobre el mismo punto, el pasado 23 de octubre, el exsubsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció que se modificará el Decreto 222, para actualizar las medidas de seguridad, todo esto en un plan de implementación que tardará 18 meses.

En aquel momento, Vergara indicó que, se realizarán pruebas de resistencia, efectividad y operatividad, para que los dispensadores puedan soportar explosiones y otros métodos para abrirlos, a objeto de desincentivar la comisión de estos delitos.

Así, Durán finalizó explicando: “Lo que queremos es que tenga menos facilidad quien intente cometer un delito de mecanismos de fuga, que eventualmente tenga algunos mecanismos de anclaje y protección adicional. Es decir, hay que ir trabajando con el sector privado con el propósito de que colaborativamente minimicemos los factores de riesgo en relación a este delito”.