Las múltiples caras del exfiscal Manuel Guerra

Casi una semana se demoró el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en romper el estricto silencio bajo el cual estaba inmerso luego de haber caído en desgracia. A través de un video de casi dos minutos grabado por su esposa, el abogado habló por primera vez del caso que lo transformó en un imputado perseguido por la misma institución en la que trabajó por 20 años.

“He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados”, afirmó en el registro audiovisual donde se le ve vestido de traje en un fondo blanco. Pero su solicitud de perdón sólo apuntó, indirectamente, a los alcaldes Evelyn Matthei y Rodolfo Carter por dichos que él mismo calificó de “inadecuados e injustos”.

Fue el viernes de la semana pasada cuando The Clinic publicó los chats de Guerra con el abogado Luis Hermosilla -en prisión preventiva por el caso Audio- donde quedaron en evidencia coordinaciones que el exfiscal habría tenido con él y con el exministro Andrés Chadwick, mientras estaba al mando de la Fiscalía Oriente, para darle una salida alternativa al caso Penta.

“No sé si te contó ACH (Andrés Chadwick) en lo que estamos por (Iván) Moreira (...) (Jorge) Abbott no quiere suspensión para él (...) Pero no se necesita autorización de Abbott (...) La idea es actuar con reserva y comenzar a dar salida”, dice uno de los mensajes enviados por Guerra el 29 de diciembre de 2017. Además, se conoció de eventuales filtraciones de antecedentes reservados en causas como la del formalizado exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, tras una llamada de una figura que para Guerra fue cercana, a quien incluso visitaba en su oficina: el abogado -y miembro de la masonería- Darío Calderón.

A solo tres años de salir de la Fiscalía, Guerra pasó de ser un poderoso e influyente fiscal a un abogado imputado por graves delitos de corrupción, por lo que se investigan sus decisiones y el aumento de su patrimonio. Su caída dejó a varios fiscales, abogados y jueces sorprendidos, pero también decepcionados. “Al Manuel Guerra que yo conocí era un hombre entrador, muy político, hábil, de opiniones firmes y bien formadas. No al hombre servil y que dice esas cosas en los mensajes”, relata un cercano que fue testigo de cómo el jurista fue tejiendo una red de influencia.

¿Cómo fue que un abogado, oriundo de Curicó y exalumno de la Universidad de la República, llegó a la jefatura de una de las zonas más codiciadas del Ministerio Público y, de paso, fue escalando a los círculos más poderosos del país?

Quienes conocen a Guerra cuentan que una de las primeras cosas de las que siempre habla orgulloso cuando conoce a una persona, es sobre su padre, Manuel Guerra Devia, militante del Partido Radical (PR), masón y regidor por Curicó en los años 60. Por eso, explican las mismas fuentes, no fue extraño que al cumplir la mayoría de edad Manuel Guerra hijo ya fuera militante del PR y fuera “presentado” a una logia masónica.

Fue en la primera mitad de los años 90 cuando entró a estudiar derecho en la recién creada Universidad de La República, vinculada a figuras de la masonería, donde también estudió el actual ministro de Justicia, Luis Cordero. En esa época Guerra conoció a prominentes figuras radicales como los exministros de Justicia, José Antonio Gómez, Jaime Campos e Isidro Solís.

Allí, recuerdan líderes de la Concertación, Guerra era un joven “muy interesado en la política y los asuntos públicos del país”. Sus redes radicales también lo acercaron a Carlos Maldonado, en ese momento jefe de gabinete de Gómez cuando era subsecretario de Justicia (1996-1999), en el gobierno de Eduardo Frei. “No recuerdo cuánto tiempo pero Manuel Guerra estuvo en el gabinete. Era un abogado joven, de buen trato, serio, respetuoso y bastante competente, considerando su breve experiencia profesional”, recuerda Maldonado.

Pero uno de los pasos más importantes para su vida, relatan varios cercanos, fue transformarse en una especie de “ahijado político” de Solís. Cercanos al exsecretario de Estado desmienten esa versión y apuntan a que su figura radical más afín era el abogado Alejandro Usen. Consultado por La Tercera, este último desmintió esa información y dijo no haber coincidido con Guerra en su juventud. En mayo de 1999 Guerra se tituló de abogado.

En 2002 renunció al partido para ingresar al recién creado Ministerio Público. Partió como fiscal adjunto en Iquique. Años más tarde, el entonces jefe regional de Valparaíso, Jorge Abbott, lo llevó como líder de la Fiscalía de San Antonio. En ese lugar conoció a otra figura del mundo masón, el influyente abogado Juan Carlos Manríquez, con quien ha mantenido por años relación en “círculos intelectuales” y “eventos sociales”. Años después el entonces fiscal regional Metropolitano Occidente, Sabas Chahuán pidió a Guerra para ser fiscal jefe en Maipú, una de las fiscalías locales más grandes de Santiago.

Su llegada a esa zona fue clave para su destino y se transformó en uno de los hombres de confianza de Chahuán. Tras ascender como Fiscal Nacional, en 2007 Chahuán se llevó a Guerra como Director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. Tres años estuvo ahí hasta que en 2010 subió un peldaño más: se convirtió en fiscal regional de Tarapacá.

Fue en ese cargo cuando Guerra habría comenzado a cimentar una relación con el exministro Andrés Chadwick. De acuerdo a una publicación de La Tercera, la detención, en enero de 2013, de tres militares bolivianos que habían traspasado la frontera en la región de Tarapacá y que desató una crisis diplomática con el país altiplánico, hizo que Guerra y Chadwick se comunicaran de manera fluida y constante “para seguir una sola línea respecto a los temas que había que enfrentar ante la opinión pública”.

“El fiscal regional Alberto Ayala ha sido informado de que la Fiscalía Nacional decidió abrir una indagatoria a su respecto”, decía un correo electrónico enviado a todos los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente el 3 de agosto de 2015.

El motivo de las pesquisas contra Ayala tenían su origen en la declaración del exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, quien acusó ante Chahuán que se había enterado de que el Ministerio del Interior de la época, dirigido por Rodrigo Peñailillo, había recibido información reservada del caso SQM, en el que se investigaban pagos desde la empresa a figuras políticas de diversos sectores políticos.

Cuando llegó la hora de decidir quién tendría la delicada labor de investigar al fiscal Ayala, Sabas Chahuán pensó de inmediato en Manuel Guerra. Desde Iquique, éste interrogó como imputado a Ayala, pero todo comenzó a diluirse días más tarde, cuando Ayala fue elegido para dirigir la Fiscalía Regional de Antofagasta. Rápidamente, a fines de octubre, Guerra pidió sobreseer a Ayala por no existir antecedentes de algún delito.

Con el puesto de Ayala vacante en la zona oriente, seguiría lo que al interior de la Fiscalía llaman como “la sillita musical”. Pese a estar fuera de los tribunales santiaguinos, en noviembre de 2015 Guerra consiguió quedar, con 21 votos, en el primer lugar de la terna para tomar el puesto de jefe en la zona oriente. El exfiscal Carlos Gajardo, quien había logrado amplia notoriedad pública -y también enemigos- por estar al frente del caso Penta, quedó en el cuarto lugar, con 10 votos.

“Yo no lo conocía personalmente. Las referencias que tenía eran que era una persona con mucha llegada en la masonería y que eso había significado la votación tan importante que tuvo en la Corte de Apelaciones, y que era también una persona muy cercana a Sabas Chahuán”, recuerda hoy Gajardo. Varios de sus competidores señalan que detrás de su candidatura, estuvo el respaldo de sus influyentes cercanos, como el de Isidro Solís, lo que es negado por el entorno del exministro.

Como era obvio para muchos, Chahuán eligió a Guerra para tomar la codiciada Fiscalía Oriente. Una de sus primeras medidas, recuerdan algunos de sus subordinados, fue comunicar que se integraría al equipo que investigaba el explosivo caso Penta, pero que las pesquisas seguirían siendo lideradas por Gajardo y Pablo Norambuena. En el equipo, dieron confianza las definiciones públicas que Guerra hizo sobre el futuro de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los formalizados controladores de Penta.

“Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho”, dijo vehemente el fiscal en entrevista con CNN Chile el 21 de junio de 2016. En esa fecha, los diálogos de WhatsApp con Luis Hermosilla ya eran fluidos, según los antecedentes de la investigación. “Lucho le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdés”, dijo Guerra a Hermosilla en un mensaje del 21 de septiembre de 2016.

En medio de esas conversaciones, un primer hecho levantó las alertas de Gajardo y Norambuena. En noviembre de 2016 el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) se querelló en contra del expresidente Sebastián Piñera por los eventuales beneficios que habría obtenido la pesquera peruana Exalmar -de la que Piñera era accionista- con el fallo de La Haya por el diferendo de límites marítimos entre Perú y Chile. La causa alcanzó a estar sólo dos días en manos de Gajardo, cuando fue requerida por Guerra para tramitarla en solitario.

“Hoy no tengo antecedentes que den cuenta de la intervención del expresidente Piñera”, dijo Manuel Guerra en entrevista a La Tercera en febrero de 2017, cuando aún no tomaba declaración al exmandatario, lo que le valió críticas de sectores de la Nueva Mayoría. Finalmente en agosto de 2017 Guerra pidió sobreseer a Piñera en el caso. Pero el punto de quiebre llegó a fines de 2017. Sin que nadie supiera, Guerra -según los mensajes conocidos estas semanas- ya habría estado negociando con Hermosilla y Chadwick la salida alternativa del senador Iván Moreira (UDI), investigado por las boletas falsas de Penta para conseguir financiamiento político.

“Y si Gajardo y Norambuena no quieren problema de ellos. Pero chantaje no les aguantaré”, se adelantó a decir Guerra sobre lo que finalmente ocurrió el 12 de enero de 2018, cuando le comunicó a Gajardo que, contra la opinión de Abbott y de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Moreira no iría a juicio tras el pago de una multa de $35 millones.

Días más tarde, el viernes 19 de enero, una breve cita reunió por última vez a Guerra, Gajardo y Norambuena. “¿Qué conseguiste Manuel? ¿Qué conseguiste”, le dijo con fuerza Norambuena a Guerra, según testigos del encuentro. Tras lo que agregó el concepto “jurídicamente”. Allí ambos fiscales renunciaron a sus cargos. “Se fueron”, le avisó con rapidez ese mismo día Guerra a Hermosilla, quien respondió: “Hay que escribir la Historia: si no lo harán ellos y quedarán como héroes que no son”.

Tras la salida de Gajardo y Norambuena del cuadro, se pactó una salida a la situación de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, lo que se materializó en la audiencia del 3 de julio de 2018. Allí, nuevamente contra la opinión de la Fiscalía Nacional, Guerra excluyó sorpresivamente el delito de soborno, con lo que también se recalificó el delito de cohecho por el de “enriquecimiento ilícito” para Wagner. De paso, el defensor Julián López pidió excluir al Consejo de Defensa del Estado de la causa, lo que fue respaldado por Guerra.

“Se han eliminado hechos que formaron parte de una formalización previa. Se trata de una práctica ilegal, contraria a la ley, y que debe ser rechazada por completo por afectar diversos principios de nuestro sistema de justicia criminal”, acusó en ese momento la consejera del CDE, María Inés Horvitz. Lavín y Délano fueron condenados por delitos tributarios a cuatro años de libertad vigilada, el pago de una millonaria multa y a tomar “un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas”.

Pero días antes de esa controvertida decisión, Guerra ya le había hecho saber con insistencia a Hermosilla que buscaba nuevos rumbos laborales. Tras el cierre de Penta, en enero de 2019, Guerra volvió a la carga: “Ostento uno de los cargos más importantes del MP pero siento que la institución no es aquella a la que yo entré (...) Así las cosas quiero comenzar a explorar alternativas laborales fuera del MP y más allá del área penal”, le escribió a Hermosilla.

Luego de ello, Guerra le pregunta si “este servidor” podría ser nombrado en un cupo vacante al interior del Consejo de Defensa del Estado y que, en su defecto, comenzará a postular a cargos de Alta Dirección Pública. En mayo de 2021 Guerra le cuenta a Hermosilla que se reunió con Andrés Chadwick con la intención de unirse a su estudio jurídico. Pero nada de eso se concretó. En julio de 2021 aterrizó como docente de media jornada en la Universidad San Sebastián, con un sueldo de $6,6 millones mensuales.

En paralelo, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), sugirió el nombre de Manuel Guerra para trabajar como asesor de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (Amzo), integrada además por Vitacura y Las Condes. Pero tras una denuncia de Ciper, sólo alcanzó a estar un poco más de un mes, recibiendo un monto bruto de $3.389.831. A ello se sumó el trabajo que Guerra realizó en Providencia, donde Evelyn Matthei lo contrató entre agosto y diciembre de 2021 por un honorario bruto mensual de $2.259.887 para “desarrollar un análisis jurídico acerca de las modificaciones introducidas en materia legal, respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa”.

En los registros del Poder Judicial también quedaron rastros de lo que ha sido el ejercicio privado de la profesión de Guerra al dejar la Fiscalía. Por ejemplo, el 3 de junio de 2023 recibió desde el abogado Gonzalo Cisternas una delegación de poder para representar judicialmente a Mauricio Toledo Gutiérrez, diputado mexicano/chileno sobre quien el gobierno de ese país pidió su extradición por delitos tributarios y de supuesto enriquecimiento ilícito en ese país. El tercero de los abogados de Toledo, es el influyente jurista Samuel Donoso Boassi.

Conocedores del caso aseguran que “Toledo fue desde un principio cliente de Manuel Guerra” y que habría sido contactado por amigos en común en México, “con la solicitud expresa de que Cisternas y Donoso tenían que ser parte de la defensa”. Esta relación, explican las mismas fuentes, sería la razón de por qué -según reveló Ciper- Guerra emitió dos boletas por un total de $15 millones a sociedades de Donoso. “Manuel no tenía la estructura bancaria para recibir el pago desde el extranjero en dólares y por eso el dinero tuvo que pasar por Samuel antes, pero es el pago de sus honorarios”, detallan. En el caso, en el que Guerra aún figura como abogado, la ministra Gloria Ana Chevesich rechazó la extradición en junio pasado y se está a la espera de una apelación ante el pleno de la Suprema.

En el intertanto, en octubre de 2023, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llegó con una carta bajo la manga al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de su comuna, para destrabar el empate que se había producido entre los candidatos para hacerse cargo de la “Defensoría de la Gente”, que buscaba representar a víctimas de delitos y hechos violentos. “Es una persona joven y a la vez con muchos conocimientos, que además tiene claro lo que se quiere hacer”, dijo Carter en la cita. Hasta su renuncia al cargo a inicios de este mes, Guerra recibió una remuneración mensual bruta de $4.637.681.

Otros dos casos privados fueron los que concentraron la atención del exfiscal. Uno de ellos, un encargo puntual en abril de 2024 en el que presentó un recurso de amparo a favor de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus, contra quien se había emitido una orden de detención por estar en Perú y no presentarse a la audiencia de formalización en su contra. La orden fue revocada por la Corte Suprema, con el voto favorable de los ministros Manuel Antonio Valderrama y Jean Pierre Matus, quien hoy enfrenta una acusación constitucional por sus mensajes con Hermosilla.

La segunda causa es el complejo caso que involucra al hijo del mismo supremo Valderrama, Manuel Valderrama Escobar. Allí la familia Padilla Arellano acusó en 2017 que Valderrama, quien actuó como juez partidor en la disputa por un terreno de 8,6 hectáreas ubicado en San Bernardo, se habría puesto de acuerdo con el empresario minero Juan Cristi Scheggia y su abogado, el exdiputado radical Eduardo Lagos Herrera, para que Cristi comprara a un muy bajo precio el terreno rematado. Una prueba clave del caso, son depósitos hechos por la empresa minera a la cuenta de Valderrama Escobar.

Manuel Guerra entró al caso en mayo de 2024 como abogado defensor de Eduardo Lagos, en reemplazo de Mario Vargas Cociña, quien ahora ejerce la defensa del empresario Cristi. Vargas también ha sido salpicado por el caso Audio, ya que fue abogado del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA, el que se habría visto favorecido por un rápido fallo de la Suprema en una millonaria disputa con Codelco, con el voto favorable de la recién expulsada ministra Ángela Vivanco. Guerra dejó este caso el 10 de septiembre pasado, cuando ya se conocían las primeras noticias de sus mensajes con Hermosilla.