Nueve procesados y más de $ 300 millones detectados como devoluciones presuntamente irregulares es lo que hasta ahora la ministra en visita Romy Rutherford ha identificado en la arista de viajes en el Ejército. Esta hebra investigativa nació de la causa principal de fraude al Fisco en la institución castrense, cuando se identificó una supuesta malversación por parte de altos oficiales, a través de comisiones de servicio, donde se obtenían reintegros de dinero y salidas de familiares.
El caso, sin embargo, entró en una disputa legal en diciembre, cuando el coronel Iván Faber, procesado en el caso, pidió al tribunal militar que se declarara incompetente y que la investigación se viera en el Ministerio Público. Mismo requerimiento hizo la defensa del oficial (R) al Tribunal Constitucional (TC), el que acogió a trámite esta solicitud y ayer Rutherford resolvió suspender el proceso, pero solo en la arista viajes y respecto de este oficial.
Sobre la incompetencia del tribunal, la ministra en visita rechazó abandonar el caso. La misma convicción se puede extrapolar a la disputa que se planteó en el TC.
A través de un escrito, el 29 de diciembre, dictado en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, Rutherford señaló que "nadie puede desconocer la legitimidad de la jurisdicción militar".
Agregó que "la competencia de los tribunales militares se encuentra restringida a quienes detenten precisamente la calidad de militares. Así, la norma estatuye que 'en ningún caso los civiles y menores de edad, que revistan la calidad de víctimas o de imputados, estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares'".
En tanto, en el requerimiento de inaplicabilidad presentado al TC por el defensor de Faber, el abogado Mario Vargas, se expuso que "el principio de ejecución de los hechos que se investigan habría tenido su origen en las agencias de viajes. Por ende (...), es competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho".
Este punto es abordado por Rutherford en su resolución de hoy en la Corte Marcial. La jueza recordó que los supuestos ilícitos de esta causa habrían surgido en el Departamento de Pasajes y Fletes del Comando de Personal del Ejército, "cuyos jefes autorizaron el pago de las facturas ideológicamente falsas emitidas por las agencias de viaje involucradas en estos hechos, los que se encuentran procesados en la causa (...). De modo que no es cierto que el principio de ejecución del delito haya ocurrido en las 'agencias de viaje'".
Otro antecedente que entregó Rutherford tiene relación con las comisiones de servicio: "Los inculpados habrían obrado sirviéndose de sus designaciones para cumplir las comisiones de servicio en el extranjero que les fueron encomendadas, y ello, además, precisamente por detentar la calidad de funcionario de Ejército (...). De no haber sido comisionados por la institución para cumplir labores militares, no sería posible considerar que tuvieron la oportunidad de perpetrar un delito".
En cuanto a las agencias de viajes, la Fiscalía Centro Norte indaga esa arista, pero a juicio de Vargas, el Ministerio Público debería indagar todo el caso. "Debemos considerar que el Código de Procedimiento Penal resguarda con mayor rigor los derechos del debido proceso. Por ejemplo, en todas las actuaciones que se han realizado en la justicia militar que dicen relación con los inculpados, se les impide concurrir con abogado (...) Que un tribunal sea juez y parte termina impactado en las garantías del debido proceso y eso es lo que se quiere corregir a través del recurso ante el TC".
