Exsuperintendentes, exautoridades de salud, representantes de clínicas, isapres y expertos de la academia se reunieron en el Congreso después de ser invitados este martes por el presidente de la comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán. ¿La razón? Ver de qué manera se podría poner en marcha el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores sin que las isapres desaparezcan en el proceso.
A la reunión también asistieron las autoridades sanitarias actuales como el superintendente de Salud, Víctor Torres; el director nacional de Fonasa, Camilo Cid; y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien comenzó recordando el trabajo que está realizando el gobierno: “Vamos a presentar un proyecto de ley corta que permita dar cumplimiento a este fallo”. Agregó que “el planteamiento del ministerio es entrar con un proyecto a fines de marzo, a más tardar la primera semana de abril si es que ustedes están en semana distrital”.
Aguilera señaló además que “planteamos cifras a título referencial para dar cuenta de la magnitud del problema y de por qué el gobierno estaba entrando en esta propuesta. También planteamos que los plazos en los cuales estamos viendo el cumplimiento de esta sentencia, estamos modelando, y seguimos trabajando en eso y vamos a dar cuenta de esos modelos probablemente a principios de la semana que viene. Y seguimos trabajando en el borrador del proyecto de ley para iniciar un proceso prelegislativo con los asesores parlamentarios ya con los textos”.
En una sesión que duró casi tres horas, diversos actores dieron su opinión sobre la situación que atraviesan las aseguradoras privadas y cuál sería la mejor forma de aplicar el fallo. Uno de los primeros en intervenir fue Osvaldo Artaza, decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y exministro de Salud (2002-2003), quien recalcó la importancia de una reforma de salud y añadió que es necesario aplicar el fallo con cautela.
“Nadie quiere que el sistema isapres se desplome y menos en un efecto dominó, por lo tanto las medidas que se tomen para que la ley se cumpla, porque debe cumplirse, deben hacerse de una forma razonable , así las personas no queden desprotegidas. Ese equilibrio es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y los legisladores y el rol que tenemos desde la academia es técnico”, detalló el académico.
En ese mismo contexto, la directora ejecutiva del CIPS UDD y exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, añadió que “la voluntad de buscar soluciones del Estado, mundo privado y academia es muy positiva. Aquí hay otro acuerdo: todos estamos de acuerdo en acatar el fallo, de forma gradual y responsable. Me parece importante la sostenibilidad del sistema porque eso impacta a todas las personas, tanto del sector público como del privado. Buscar una solución urgente, pero responsable”.
También hubo críticas, entre ellas las de Ricardo Fábrega, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, exdirector nacional del Instituto de Salud Pública (2014) y exsubsecretario de Redes Asistenciales (2006-2008), quien dijo que no entendía por qué la Superintendencia de Salud demoraba en calcular los montos, cuando “eran matemáticas básicas”.
Asimismo, explicó que “lo que las isapres necesitan es que les digan que paguen, que les den un plazo y que puedan subir los precios, y lo demás es salirse fuera del marco de las posibilidades reales del funcionamiento de la industria. Si queremos que funcione, hay que permitir el alza”.
La semana pasada, la Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial la variación porcentual máxima que las isapres podrán aplicar para alzar los planes de salud de sus afiliados en el nuevo proceso de adecuación de este año y que es de 2,6%.
Por otro lado, Enrique Paris, exministro de Salud Enrique Paris (2020-2022) llamó a tomar acuerdos para mejorar el escenario sanitario: “Creo que la forma de salir de los embrollos y de las dificultades es dialogando. Una vez yo llamé a un pacto por la salud cuando era presidente del Colegio Médico y ahora lo vuelvo a hacer. Creo que es importante que llamemos a un pacto por la salud de Chile, que sea transversal y con todos los actores del sistema, gradual y con una unidad política y técnica”.
En tanto, el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino, sostuvo que “estábamos avanzando en cámara lenta hacia un precipicio”. Y añadio: “El marco para buscar una solución de ley corta tirnr tres puntos: que se debe ejecutar el fallo de la Corte Suprema, que se debe devolver al exceso de cobro en los planes y los plazos en que éstos se debe ejecutar. Preocuparnos de las isapres también es preocuparnos de Fonasa y el sistema público”.
