Las tres alertas que pudieron evitar el millonario fraude en Carabineros

"Esto se hubiese descubierto hace siete años y no hubiesen sido $ 28 mil millones, hubiesen sido a lo mejor $ 2 mil millones". De esta forma, el pasado 12 de septiembre, el contralor Jorge Bermúdez explicó a la comisión investigadora del fraude en Carabineros, la importancia de aclarar qué pasó con el fallido sumario a la institución que en 2010 fue anulado. Según Bermúdez, esta alerta pudo cambiar la historia en torno a la millonaria defraudación.

En esta línea, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien indaga el fraude en la institución, identificó las tres ocasiones en que el fraude pudo ser descubierto: cuando la Contraloría decidió hacer un sumario en el Departamento de Remuneraciones, en 2010, que finalmente no hizo; la observación del ente contralor a los $ 21 millones mal utilizados en 2011 en el Departamento de Relaciones Públicas; y la alerta de una operación sospechosa que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) remitió a la fiscalía por un movimiento de dinero de un coronel de la institución (ver recuadros).

Para la fiscalía, según fuentes del caso, estos tres movimientos dan cuenta de la existencia de una asociación ilícita que operaba para que el fraude no fuera descubierto.

El diputado Leonardo Soto (PS) aseguró que "para que se pueda haber desarrollado esta red de corrupción por más de una década, con una importante extracción de recursos, tenían que existir mecanismos de ocultamiento. Indudablemente, al interior de la institución había una red de protección a todo nivel. Lo mismo corre para el exterior, pues por ejemplo en Contraloría no se investigó a fondo lo que ocurría en la policía".

Es una de las aristas que más preocupa en el caso, no solo en la fiscalía, sino que también en la Contraloría. En junio de 2010, el ente contralor ordenó un sumario en el Departamento de Remuneraciones de Carabineros, dependiente de la Dirección de Finanzas de la policía uniformada, y catalogado por los investigadores como el centro de origen del fraude.

La intención del ente contralor era indagar el pago "indebido de remuneraciones de ocurrencia reiterada". Sin embargo, esta investigación administrativa fue anulada y se dejó sin efecto la resolución que abrió el sumario.

Actualmente, tanto la Contraloría como el Ministerio Público indagan los motivos por los cuales el sumario no prosperó y qué motivó dejar sin efecto la inspección administrativa.

La situación actualmente es parte del sumario interno de Contraloría, cuyos antecedentes fueron remitidos el 20 de agosto al fiscal que investiga el fraude en Carabineros, Eugenio Campos.

Para establecer por qué este sumario no llegó a puerto, el ente contralor y el Ministerio Público buscan recabar antecedentes sobre una reunión en que participaron el excontralor Ramiro Mendoza y el exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordon.

Ya se han realizado distintas diligencias en esta arista, como la toma de declaraciones y la búsqueda de información en las propias bodegas de la Contraloría.

En 2011, la Contraloría realizó otro sumario, el cual detectó el uso irregular de $ 21 millones en el Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros. Sin embargo, se tomó una muestra de tres meses para analizar estos fondos y no se siguieron las pesquisas internas, pues entonces general director de la institución, Eduardo Gordon, rectificó y ordenó la restitución de los dineros objetados.

Luego de que la fiscalía analizara las compras de ese departamento, se detectó que había una serie de regalos adquiridos con gastos de representación, que el general (R) Gordon y el jefe de Relaciones Públicas, el general (R) Jorge Serrano, declararon haber realizado por asuntos protocolares.

Según los antecedentes que ha recabado la fiscalía, muchas de estas compras nunca llegaron a los eventuales beneficiados.

De esta manera, estiman en el Ministerio Público, si la Contraloría hubiese analizado el total de los gastos que realizó este departamento y la información se hubiese enviado a la fiscalía en 2011, también habría sido posible detectar la millonaria malversación.

Es por ello que, actualmente, en esta arista separada de la causa principal del fraude, el fiscal Eugenio Campos investiga el uso que se les dio a todos los gastos de representación del período Gordon-Serrano, lo que se traduce en analizar el destino de más de $ 560 millones gastados en compras protocolares en la policía uniformada.

El coronel (R) Arnoldo Riveros se encuentra formalizado en la investigación por el fraude en Carabineros, pues es sindicado como uno de los líderes de la llamada "Mafia de la Intendencia". A Riveros se le atribuye haber sido uno de los ideólogos de la malversación desde sus orígenes. Según la fiscalía, el ardid pudo haber sido descubierto antes, al igual que el resto de los imputados en la causa.

Esto, debido a que en 2011 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó operaciones sospechosas de parte de Riveros, tras recibir depósitos por $ 48 millones en un año, pese a que ganaba un sueldo de casi $ 1 millón, cuando era jefe de gabinete de la Dirección de Finanzas, entre 2010 y 2011.

El reporte fue enviado a la Fiscalía Centro Norte para que investigara los movimientos financieros de Riveros. Sin embargo, el caso fue archivado.

Una vez rastreada esta causa por parte del fiscal Campos, se decidió abrir una indagatoria por obstrucción a la investigación, pues el Ministerio Público argumentó que no se pudo avanzar más en esta investigación, ya que los antecedentes enviados por Carabineros en ese entonces no daban cuenta de irregularidades.

El encargado de remitir la documentación era general (R) Flavio Echeverría, exoficial que está en prisión preventiva por el fraude y es sindicado como el presunto líder del grupo de policías que efectuó la millonaria malversación.