"Ley Cholito": expertos revelan flancos que dificultarían aplicación de la ley

Desde la promulgación de la ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas -en julio de 2017-, diversos sectores cuestionaron algunos de los puntos de la medida, como la esterilización  temprana de perros y gatos, argumentando que faltó una presencia mayor de grupos expertos en la formulación de la normativa.

A días de que se cumpla, el próximo 12 de febrero, el plazo máximo para la inscripción de animales de compañía en el Registro Nacional -como obliga la nueva ley-, algunas de estas críticas aún se mantienen dentro del grupo especializado en la materia.

La también denominada "Ley Cholito" contempla que los perros de "ciertas razas", y determinadas características físicas -como tamaño o potencia de la mandíbula- y que tienen una conducta agresiva, pueden ser calificados como "potencialmente peligrosos"; aspectos que han sido calificados por algunos como ambiguos.

Sobre los animales "potencialmente peligrosos", el secretario de la Comisión Permanente de Tenencia Responsable de Mascotas (CPTRM) del Colegio Médico Veterinario (Colmavet), Rodrigo Morales, explicó a La Tercera que es una descripción que "ha causado varias críticas desde distintos sectores y consideramos que es un tema que debe modificarse".

Ya en 2017, el informe Comver de la Comisión de Médicos Veterinario Revisadores de la Ley de Tenencia Responsable de Mascota apuntó a que los criterios por lo que se calificaría a un perro como peligroso -en particular que se les defina como tal por su raza- "se debería eliminar, o bien, moderar su importancia ya que estigmatiza a ciertas razas o aún peor, a las cruzas híbridas".

Por lo mismo, Morales plantea que "lo más importante es que, a futuro, se deben considerar grupos técnicos y científicos multidisciplinario de expertos en la formulación de la política pública".

En el caso de esta ley, agregó, "debiesen ser expertos con temas relacionados desde el bienestar físico y mental de los animales de compañía, hasta la prevención de impacto de éstos animales sobre la fauna silvestre y el ganado".

La coordinadora de la unidad de Etología y Bienestar Animal de la Universidad Mayor -y una de las coordinadoras del Informe Comver-, Carmen Luz Barrios, apuntó, como otro de los cuestionamientos, a que la normativa está, mayoritariamente, enfocada a perros y "algo en los gatos", pero que no se clarifican los procedimientos a seguir en caso de tener un animal exótico: "No se puede abordar de la misma forma a todas las especies. Es una sociedad donde cada vez hay más animales de compañía exóticos -como hurones, erizos, reptiles- que quedan desprovistos".

En la misma línea, la directora de la CPTRM, María José Ubilla, argumentó que "consideramos que podría haberse sacado mucho más provecho a otras especies que requieren igualmente de normas que en definitiva protegen su bienestar de forma integral: físico, mental y natural".

A dos semanas de que termine el plazo para inscribir las mascotas en el Registro Nacional, la cantidad de ejemplares registrados -hasta el 21 de enero- rodea los 185 mil. Esta cifra está muy por debajo del universo de cinco millones de perros y gatos que, se estima, había hasta el año pasado en el país, entre callejeros y con dueños.

Desde la CPTRM creen que la baja cantidad de mascotas registradas se puede deber por una confusión en los dueños respecto a los procedimientos, dado que "la primera información desde la Subdere fue la obligatoriedad de identificar mediante un sistema único. Esto cambió con la publicación del reglamento de Tenencia Responsable del Ministerio del Interior", explicó Ubilla.

Asimismo, la doctora Barrios aclaró que "no se ha tenido claridad del procedimiento,  falta más claridad en la información que le entregan a la comunidad de los plazos, cómo facilita el sistema y cómo se va a poder llevar a cabo la aplicación".

Para quienes adopten mascotas después de que se cumpla el plazo máximo del 12 de febrero, tienen 90 días para inscribirlas en el Registro Nacional. En el caso de que no se realice el trámite en el plazo estipulado las multas podrían ir entre $ 48 mil y $ 1 millón 450 mil.