Ley corta de isapres: comisión mixta despacha proyecto al Senado
El informe de la comisión mixta, la cual respaldó que las aseguradoras paguen lo adeudado a los afiliados en un plazo de 13 años, será revisado durante una sesión especial de la Cámara Alta el próximo lunes.
La comisión mixta conformada para resolver las diferencias entre diputados y senadores respecto de la ley corta de isapres, concluyó la noche de este miércoles la revisión del proyecto, tras lo cual, el informe de la instancia deberá volver a ser revisado por el Senado y la Cámara, durante la próxima semana.
Al comienzo de la sesión que inició cerca de las 18.40 horas, de forma unánime los legisladores decidieron agrupar las normativas para su posterior votación, lo cual fue propuesto por el diputado Tomás Lagomarsino (ind.-PR) y respaldado por el resto de los presentes en la comisión.
La instancia estuvo conformada por los diputados Gael Yoemans (CS), Ana María Gazmuri (AH), Andrés Celis (RN), Daniel Lilayú (UDI) yTomás Lagomarsino, más los senadores Sergio Gahona (UDI), Juan Luis Castro (PS), Francisco Chahuan (RN), Ximena Ordenes (ind.) y Javier Macaya (UDI).
Dentro del primer grupo de artículos a votar se analizaron las normas relativas al Consejo Consultivo transitorio, el cual fue respaldado por la unanimidad de los presentes. Este organismo tendrá como función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las isapres.
En el segundo grupo estuvo la aplicación de la tabla de factores y el plan de pago de las aseguradoras privadas, lo que excluyó el plazo para el pago de la deuda, es decir, la fecha máxima que dispondrán las isapres para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Salvo el lapso, el resto fue aprobado por unanimidad-
En una votación separada, se respaldó que las aseguradoras paguen lo adeudado a los afiliados -tras una indicación del Ejecutivo- en un plazo de 13 años, lo cual finalmente fue aprobado por 9 votos a favor y uno en contra, del senador socialista Juan Luis Castro, quien, si bien no abrió el debate para solicitar una nueva votación, hizo ver que le parecía razonable otra norma aprobada previamente, que señalaba que el pago debía realizarse en 10 años.
Si bien el plazo se extiende por 13 años, se establecieron fórmulas diferenciadas para el pago de la deuda para con los afiliados. El plazo máximo para pagar a las personas mayores de 64 años bajó de 72 meses a 60 meses y para los mayores de 80 años se mantuvo en 24 meses.
“El artículo 2, en definitiva, lo que hace, es transcribir la sentencia en el sentido de cómo se aplica la tabla única de factores y cuál es la mecánica en la cual se establece la diferencia entre los pagos que realizaron las personas que tenían tablas distintas a la tabla única de factores y lo que le correspondía pagar de acuerdo a la tabla única de factores. Si esta diferencia significa que la personas debería pagar más, no se le puede alzar el precio, como definió la corte, y se debería haber pagado de menos, se debe establecer las cantidades las cuales constituyen los cobros en exceso”, explicó la ministra Ximena Aguilera en este punto.
En el tercer punto del debate fueron tratadas varias disposiciones -entre ellas las que sancionan a las isapres por retiro de utilidades mientras se ejecuta el plan de pago, reajuste de la prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES), entre otras-, el cual fue aprobado por 10 votos.
El último punto, en tanto, respecto a la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa y al cálculo del Índice de Costos de la Salud (ICSA) despertó las diferencias entre los presentes en la sala. En ese sentido, el senador Juan Luis Castro (PS) solicitó que respecto a este último punto se hiciera una votación separada, lo cual no obtuvo apoyo al interior de la comisión, quienes se respaldaron en el acuerdo unánime realizado al iniciar la votación, por lo que no se abrió el debate por separado.
Este punto, fue respaldado por ocho votos a favor y dos en contra, de Castro y la senadora Ximena Órdenes.
En este punto, el senador Castro acusó un impedimento para votar por separado y sostuvo respecto al ICSA que “aquí lo que se está haciendo, cuando una ley que tiene tres años de vigencia, por una vez se hizo una excepción a la cual se concurrió hace tres meses atrás para fijar un criterio de IPC de la salud, por decirlo así, que tiene un tope que por esa vez, se argumentó ‘vamos a excluir el costo de las nuevas prestaciones y la variación en la frecuencia en el uso de las prestaciones de Fonasa de libre elección’”.
“Yo la verdad, no puedo entender ni sé cómo porque este sí que es un reajuste de precio a las personas. Aquí se está fijando un tope de 7,4, por tres años más, que es el tope, no el promedio, que va a dejar bajo una condición de excepción de nuevo a las isapres. Están muy contentas las isapres con esta norma y a mí me sorprende que las fuerzas del oficialismo se allanen de rodillas, a dar este perdonazo que significa en la práctica, una reajustabilidad de precios, elevada con toda la excepcionalidad del año 2024 trasladada hasta fines de 2027 en iguales condiciones. ¿Quién gana con eso: las isapres o las personas?”, cuestionó el legislador.
Tras el despacho, el presidente del Senado, José Garcia Ruminot, citó a una sesión especial para el próximo lunes, en el horario de 14 a 16.30 horas, para continuar la tramitación del proyecto y, luego, hará lo propio hará durante esa jornada la Cámara Baja.
Reacciones
Tras la votación que despachó el informe al Senado, el diputado independiente Tomás Lagomarsino cuestionó la postura del senador Juan Luis Castro respecto a la votación de algunos puntos.
“Hay un senador que le debe una explicación a Chile, el senador Juan Luis Castro, que desconoció claramente un acuerdo al cual habíamos llegado el día de ayer y con ello dio pie para que finalmente en este proyecto de ley a los afiliados se les saque plata de un bolsillo, para que las isapres se lo paguen por el otro”, cuestionó.
En ese sentido, el legislador añadió que “esto es lo que es finalmente el ICSA como un aumento por tres años superior a lo que habitualmente conocemos por la misma norma contiene, al no disponer un mecanismo en los costos de Fonasa por tres años. El senador abrió un acuerdo que estaba cerrado y con ello permitió que la oposición empezara a pedir que se incluyeran un montón de cosas que no nos gustaban como sector progresista”.
“Lamentablemente para concretar este proyecto de ley y para ser responsables, tuvimos que aceptar cosas que no nos gustaban. Pero hay que decirlo, aquí posteriormente al haber abierto una discusión en temas que no nos gustaban, los votó en contra como si nunca hubiera permitido aquello”, retrucó.
A su vez, el senador Francisco Chahuan, en tanto, sostuvo que “hemos logrado un acuerdo que por supuesto nos deja a todos tranquilos, lo que es garantía de que es un buen acuerdo y creemos sin duda, que esto va a involucrar el cumplimiento el fallo de la Corte Suprema y cómo logramos evitar una mayor carga a los afiliados del seguro privado de salud”
“Del mismo modo este proyecto logra fortalecer Fonasa, a través de la Modalidad de Cobertura Complementaria, estableciendo las bases de una reforma a la salud para avanzar en un plan garantizado universal con la posibilidad de tener un plan espejo para afiliados de Fonasa e isapre con un compromiso del gobierno de presentar ese proyecto el 1 de octubre”, afirmó.
El senador Javier Macaya, afirmó que “ya hay un paso importante que ha dado la comisión mixta, esto se vota igual en los próximos días en la Cámara y el Senado, por tanto, se va a haber dado cumplimiento por parte del Poder Legislativo a algo que es responsabilidad del gobierno. Nosotros siempre hemos dicho que nos parecía que es un fallo que tenía errores de sustento de la corte suprema, el que puso en riesgo el equilibrio financiero del sistema”.
“Siempre dijimos que la solución a esto la tenía que proponer el Ejecutivo porque tiene facultades exclusivas, pero no haciendo que recayera en los usuarios del sistema el costo de esto (…) siempre pensamos que el costo financiero de esto no tenía que recaer en los usuarios, pensábamos que teníamos que generar un cálculo diferente de una deuda que había sido mal implementada y jurídicamente mal concebida por parte de la Corte Suprema”, agregó Macaya.
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