Ley corta: Ejecutivo ultima detalles de las indicaciones apuntando al recálculo y la no caída del sistema

Viernes 3 de noviembre hasta el mediodía. Ese el plazo límite que tiene el gobierno, a través del Ministerio de Salud, para entregar las indicaciones que modifiquen la ley corta de isapres, la norma que tiene como objetivo viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

Sin embargo, y pese a que el 10 de octubre la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado consensuó con un diverso grupo de profesionales una propuesta respecto de cómo implementar el fallo sin dejar caer al sistema de isapres, inmediatamente surgieron complicaciones políticas para que este documento se traduzca en las indicaciones que ingrese el Ejecutivo y que luego puedan ser aprobadas en el Congreso.

Los técnicos de los ministerios de Salud, de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia están a cargo de la redacción de las indicaciones, pero recién en el comité político de esta semana se determinaron las primeras definiciones, siendo la más clara de ellas que se cumplan el fallo de la Suprema. De hecho, el Ejecutivo se ha basado en la segunda ampliación del plazo que otorgó la última sala, dándole la bajada política de que se debe cumplir lo sentenciado.

Incluso, desde el Minsal recalcan que “la principal preocupación del Ejecutivo es la prestación de salud a los usuarios, que se devuelva la deuda que las isapres tienen con sus usuarios. Estamos trabajando para implementar lo resuelto por la Corte Suprema, la capacidad de Fonasa para ingresar nuevos usuarios y por supuesto poder brindar certeza jurídica”.

Otra definición es el recálculo de los montos, pues no será ninguno de los dos ya propuestos. Ocurre que el informe de 105 páginas entregado por el ente técnico, incluye, entre los aspectos más destacados, un nuevo cálculo de la deuda, pues determina que el monto a devolver es de 402.341 millones -451 millones de USD, aproximadamente- es decir, un tercio de la cifra original. Este punto se convirtió en unos de los más polémicos, pues hubo parlamentarios oficialistas que definieron este nuevo monto como un “perdonazo” a las isapres.

En ese sentido, una de las opciones que se barajan es quitar del cálculo el factor de la mutualización, el que asume la existencia de subsidios cruzados, que es parte de la naturaleza de un sistema de aseguramiento, con beneficiados y perjudicados para mantener el financiamiento del sistema si es que se reduce el cobro por tabla de factores de riesgo a ciertos grupos, como por ejemplo de las mujeres, apuntando a compensar dichos cobros con alzas a otros. Esto podría dejar la deuda alrededor de los 1.008.850 millones de pesos (1.186 millones de USD aproximadamente).

Asimismo, los expertos recomendaron que esta suma sea pagada en un plazo de diez años -lo que también fue considerado un exceso por algunos, como el senador Juan Ignacio Latorre (RD)- y que la devolución podría “efectuarse en dinero o en prestaciones o coberturas adicionales. La comisión sugiere que los excedentes producidos por el fallo tengan un régimen especial para esta deuda, con una cuenta individual separada”. Asimismo, los especialistas sugerían “que dichos excedentes sean reajustables, pero no generen intereses”.

Y aunque la postura del Ejecutivo no está del todo zanjada -este viernes los ministros se juntan una vez más en La Moneda para cerrar los detalles- sí hay un acuerdo en el plazo, pues personeros del gobierno afirman que el pago de la deuda se haga con gradualidad y que los fallos se cumplan “con responsabilidad para no afectar al sistema sanitario”.

Esta es otra de las razones por las que acuerdan llegar término medio en el cálculo, pues están conscientes que un monto significativamente mayor pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Algunos de estos puntos ya habían sido adelantados durante el punto de prensa semanal de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien se refirió por primera vez a las recomendaciones entregadas por los técnicos. En ese sentido, la secretaria de Estado explicó que la principal preocupación del gobierno es “la prestación de servicios de los usuarios de las isapres, que se les pueda devolver la deuda, que logremos enfrentar la implementación de estos dos fallos de la Corte Suprema con la mayor responsabilidad”.

“Esta semana vamos a poder dar mayor cuenta de cómo van a ser el contenido de esas indicaciones, pero ya algo la ley corta nos ha adelantado: la devolución de las deudas es importante, pero también que se garantice la gradualidad de este pago. El no retiro de utilidades de las isapres es fundamental y atender a lo que sucede con los niños menores de dos años en los planes y coberturas de las isapres, y poder garantizar la continuidad de las operaciones para quienes siguen en este sistema”, finalizó.

Y aunque los integrantes de la Comisión de Salud del Senado no descartan la posibilidad que el Ejecutivo no entregue las indicaciones a tiempo, ya se fijó una sesión para el próximo lunes a las 12:30 horas, a la cual están invitados la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, y el director de Fonasa, Camilo Cid, con el objetivo de discutir las modificaciones enviadas.

Cabe recordar que se había establecido como plazo inicia finales de octubre para que se evaluaran las indicaciones. Sin embargo, el Ejecutivo solicitó 15 días más y la fecha límite para ingresar las modificaciones quedó fijada para este viernes.