Un día antes de que renunciara la ahora exministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con un grupo de alcaldes de la región Metropolitana (RM), quienes solicitaron al gobierno acelerar el trámite del proyecto de Ley de Seguridad Municipal poniéndole suma urgencia. Ese mismo día el Ejecutivo accedió a esa medida.

El proyecto busca modernizar la ley constitucional de municipios, para fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad pública y prevención del delito. Además, otorga nuevos elementos de protección a los inspectores municipales y suma una agravante penal en caso de agresiones en su contra. Por otro lado, reduce la disparidad entre los recursos y herramientas de las municipalidades para prevenir el delito.

Es por eso, que en la instancia el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, enfatizó: “Creemos que no puede seguir pasando un día más que esto no sea abordado con la urgencia que corresponde. Llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a ponerse en el zapato, no de nosotros como alcaldes, sino de nuestras vecinos y vecinas y llegar a un acuerdo rápido”.

La reunión contó con la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC); la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC); el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC); el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Ind); el alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind); el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (Ind); y el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra (Ind).

No obstante, la iniciativa duerme en el Senado desde mayo del 2024, cuando fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno de los puntos que ha entrampado la discusión, es la intención de algunos parlamentarios en integrar el gas pimienta y las pistolas no letales al proyecto. En esta línea, el alcalde de Independencia Agustín Iglesias (Ind.), señaló que esta normativa no puede ser promulgada sin contener elementos referidos a la defensa y herramientas adecuadas para los funcionarios municipales.

“La seguridad municipal debe contar con los recursos necesarios para proteger a sus funcionarios. Es fundamental discutir y definir qué herramientas se requieren para garantizar su defensa. De lo contrario, corremos el riesgo de tener tragedias, donde un funcionario podría perder la vida en el cumplimiento de su deber”, señaló el edil tras participar este jueves en un operativo de fiscalización intercomunal en el sector de La Chimba.

Así también lo ha expresado el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien expresó su molestia por no implementar el uso de los taser: “Mientras a seguridad ciudadana les disparan, el Gobierno niega la posibilidad de uso de armas no letales para defenderse (...) Desde AMUCH hemos sostenido que los municipios son el primer eslabón en la protección ciudadana, pero carecen de herramientas disuasivas efectivas para enfrentar situaciones de alto riesgo. Necesitamos que el Ejecutivo otorgue atribuciones claras y protocolos que les permitan actuar con respaldo jurídico y operativo”.

A su vez, el alcalde de La Reina y vicepresidente de la AMUCH, José Manuel Palacios, enfatizó: “He insistido en la urgencia de que se otorguen, de una vez, mayores facultades para resguardar la seguridad de nuestros funcionarios. Pero no avanza. Es indignante. Esperamos que esta sea la última alerta, porque la delincuencia no da tregua, y cada minuto que se pierde en burocracia puede significar la vida de un funcionario municipal o un carabinero”.

En cuanto el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también expresó su apoyo a la medida: “Necesitamos que el proyecto que va a normar la seguridad del personal de seguridad de los municipios sea ley lo más pronto posible, tenemos a los funcionarios trabajando y arriesgando su vida sin contar con un marco legal adecuado. En este momento, los funcionarios tienen bastón y esposas y nada más, y estamos evaluando la implementación de gas pimienta. Lo mínimo que le pido al Congreso es que nos habilite al personal de seguridad municipal para que pueda fiscalizar, decomisar, incautar, para que pueda hacer bien su trabajo, y que en el ejercicio de sus labores, cuenten con herramientas elementales para defenderse o para reducir a quien necesiten reducir. Ni siquiera estoy mencionando la pistola eléctrica, porque se van a demorar un año discutiendo la ley. Les pido, por favor, concretar cuanto antes esta iniciativa para que, por ejemplo, tengamos los funcionarios habilitados y podamos contratarlos por Código del Trabajo vía municipio y no estemos usando corporaciones”.

Durante la mañana del jueves, y tras una encerrona que terminó con un delincuente muerto y un carabinero herido, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció que decretará estado de emergencia comunal tras encerrona en que balearon a un carabinero.

En este marco, el jefe comunal exclamó: “Yo creo que tienen que parar este show, de la discusión de quién se gana el poroto por aprobar la Ley de Seguridad Municipal. Tienen que sacarla urgentemente porque el riesgo que están corriendo la seguridad municipal contribuyendo a la labor del carabinero es demasiado alto”.

A su vez, hoy en una carta redactada por los alcaldes; Karina Delfino; Claudio Castro; Gustavo Toro; Javiera Reyes; Tomás Vodanovic; Cristóbal Labra; Mauro Tamayo; Maximiliano Ríos (PPD); y Felipe Muñoz. Hicieron un llamado al Senado a aprobar la ley. “Hoy hacemos un llamado al Senado a aprobar esta ley sin más dilaciones y con la urgencia que se merece. En tiempos donde la seguridad es la prioridad uno, no podemos seguir dejando a miles de familias en la indefensión”, subrayaron en el escrito.

¿De qué trata el proyecto de ley?

El proyecto, que ingresó en mayo de 2023, se encuentra en segundo trámite y modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

El objetivo de este nuevo texto legal es reforzar las labores del municipio en seguridad y prevención del delito, mejorando la institucionalidad municipal e incorporando nuevas atribuciones, entre ellas, realizar patrullajes mixtos con el OS-14 de Carabineros y el control de medidas cautelares por violencia intrafamiliar.

Además, permitirá otorgar nuevos elementos de protección a los inspectores municipales y sumar una agravante penal en caso de agresiones en su contra. En ese sentido, busca proteger a los funcionarios municipales dedicados a temas de seguridad, frente a riesgos y amenazas que están sufriendo durante sus operativos. Para esto, permite que puedan portar elementos defensivos y de protección como cascos, chalecos antibalas o esposas. Sin embargo, esta ley no los faculta a usar armas ni ejercer funciones policiales.

Se creará también un Fondo Plurianual para la seguridad ciudadana, al cual se agregará, a partir de 2025, un aporte de US$350 millones anuales por tres años a cuenta del Royalty Minero