Múltiples solicitudes y cuestionamientos ha despertado el anuncio de que Carabineros comenzará a usar pistolas taser como arma no letal, específicamente en casos de violencia intrafamiliar, bajo un plan piloto que se aplicará en la Región Metropolitana, desde marzo.
Lo anterior fue recientemente anunciado por el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán. En la instancia también se informó que ya se habían adquirido 30 de estos dispositivos, que generan una descarga eléctrica con el fin de inmovilizar a su objetivo.
Dentro de las reacciones por esta medida, se incluye la del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien esta jornada instó a que la implementación del aparato sea extendida a funcionarios de seguridad municipal y también guardias privados.
“Urge masificar el uso de taser y armas no letales para la defensa, protección y control activo de la delincuencia no solo para Carabineros, sino también para funcionarios municipales y guardias privados”, afirmó Kast, quien ejemplificó con lo que ocurre en recintos municipales de salud, Metro o la vía pública, donde según él “los delincuentes atacan con cuchillos, realizan turbazos y usan todo tipo de herramientas para atacar e intimidar a las personas, y los guardias apenas se pueden defender. Necesitamos atacar a la delincuencia, no observarla”.
Ante esto, surgió la inquietud de la pertinencia y legalidad de la solicitud del exdiputado, quien apuesta por extender su uso. Sin embargo, el uso de estos elementos, al menos, en el caso de los vigilante privados, ya está incluida en la Ley de Seguridad Privada, la cual fue promulgada en marzo de 2024. No obstante, aún falta que se vise el reglamento para que la ley pueda entrar en vigencia.
La legislación moderniza y actualiza las disposiciones para la seguridad privada. La norma, entre otras cosas, “actualizará los criterios y el procedimiento para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad”. Además, “modernizará los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados, ya que la otorgará la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de una plataforma informática administrada por la cartera”.
Así, la solicitud realizada por Kast pudiera tener cabida, una vez que se concrete el reglamento de la respectiva ley, que sí contempla el uso de armamento no letal por otras entidades distintas a la fuerza pública.
Así, le ley 21.659, sobre Seguridad Privada, establece en su artículo 27 que “los vigilantes privados podrán portar y utilizar armamentos no letales, incluidos los dispositivos eléctricos de control durante el ejercicio y desarrollo de sus funciones, mientras dure la jornada de trabajo y solo dentro del recinto o área para el cual fueron autorizados”.
El mismo artículo señala que “la manipulación, porte y uso de los dispositivos eléctricos de control por parte de los vigilantes privados es excepcional y solo podrán ser empleados por los vigilantes autorizados por la Subsecretaría de Prevención de Delito, previo informe de la autoridad fiscalizadora y en la forma en que señale el reglamento respectivo”.
“Los vigilantes privados que porten dispositivos eléctricos de control deberán contar con sistemas de registro audiovisual, de conformidad con el artículo siguiente”, cierra, haciendo alusión a una disposición del artículo 28, la cual señala que se realizará conforme al reglamento aprobado para la aplicación de esta ley, respecto a la grabación del quehacer de los vigilantes.
Cabe señalar que el reglamento fue ingresado por el gobierno ante la Contraloría el pasado 21 de junio pasado y pese al compromiso iniciar de contar con la normativa en plena vigencia luego de tres meses de su promulgación, eso no ha ocurrido. El órgano fiscalizador despachó el reglamento para eventos masivos, pero aún resta el reglamento de seguridad privada.
