La tarde de este miércoles, la comisión de Seguridad Pública del Senado inició la discusión de las 14 observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto que busca endurecer las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.
En una tensa sesión, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), defendió los vetos enviados por el Ejecutivo para modificar la moción parlamentaria y, además, insistió en que tal y como fue despachada la iniciativa “puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos”. Además, el gobierno anunció que no presentará discusión inmediata, sino suma urgencia.
En las horas previas, este último punto -expresado ayer en la Cámara de Diputados por la misma Tohá- le acarreó varias tensiones y reproches a la jefa de Interior por parte de parlamentarios de oposición, quienes se reconocieron ofendidos por los dichos expresados por la secretaria de Estado.
“Muchos de los que están en esta sala participaron en algún momento y fueron voluntarios de Techo. Recorrieron campamentos. Se llenaron de palabras de solidaridad ¿Hoy día van a ir a visitar esos campamentos a decirles a toda esa gente que debiera estar en la cárcel? ¿A todas esas personas? ¿Consideramos que eso es equilibrado y justo?”, inquirió ayer la ministra en el hemiciclo.
A raíz de ello, este miércoles, 25 senadores de oposición -de Chile Vamos y republicanos- suscribieron una dura misiva en contra de Tohá, en la cual expresaron su molestia y la emplazaron a no “utilizar noticias falsas sobre la ley de usurpaciones para descalificar a todos los parlamentarios de oposición”.
“Desinforma porque manifiesta que la Ley de Usurpaciones, tal como está aprobada, enviaría a la cárcel a quienes se encuentran actualmente en campamentos. Sin embargo, el artículo transitorio de la ley explicita claramente que se excluyen sanciones a todas las familias que viven en los campamentos”, acusa la misiva que lleva la rúbrica de 25 senadores.
En la sesión de este miércoles, citada para analizar el veto del gobierno, el senador y presidente de la comisión, Felipe Kast (Evópoli), volvió a emplazar a la ministra y le exigió que se retractara de sus dichos.
Sin embargo, Tohá volvió a insistir en el punto, asegurando que el artículo transitorio de la ley no exime de responsabilidad penal a las personas que incurran en tomas de terrenos no violentas, como es el caso de algunos campamentos emplazados en la zona centro-norte del país.
“En todas las demás excepciones, se les aplica el artículo. Si no cambiamos las penas, todas las personas que están en campamentos se les puede aplicar cárcel, miremos el texto, esto no es opinología”, retrucó Tohá a Felipe Kast.
“Nosotros compartimos que esta es una herramienta (veto) muy excepcional, no lo consideramos antidemocrático, pero sí es excepcional, pero si un gobierno empieza a ocupar un veto para todo es otra cosa. Nos parece realmente grave la forma en que salió este texto. Estar amenazados de ir a la cárcel cientos de miles de familias es grave, nos parece que fomentar esta autotutela es grave”, insistió Tohá.
En la misma línea, sostuvo que “muchas veces” los momentos de tensión con el Congreso se deben a que la ministra es acusada de faltar el respeto a los parlamentarios. “Pero no estoy faltando el respeto, es lo que dice el proyecto, por eso lo estamos vetando porque nos parece grave”, apuntó.
Y ejemplificó: “Hagamos de cuenta que en los terrenos -alguien mencionó los terrenos fiscales en el norte que están usurpados- ,el Ejecutivo dice por prudencia no vamos aquí a ejercer ninguna acción para evitar... es un delito de acción pública, cualquier puede ir al tribunal y pedir cárcel. Entonces, imagínense a lo que nos enfrentaríamos y a las pocas semanas estamos con esta situación, qué le respondemos a esas familias que le han escrito a los propios senadores, efectivamente con ley -si no la cambiamos- cualquiera puede pedir cárcel para ellos”.
En ese sentido, la ministra señaló que el interés del gobierno está en lograr “un acuerdo para sacar adelante este veto para que quede una buena ley, eso no quiere decir que va a quedar una ley que nos guste a todos, pero hay algo peor que eso: una ley inorgánica, incongruente, inaplicable, yo creo que ante la ciudadanía después de todo el debate que hemos tenido, terminar con una ley que no tiene pies ni cabeza sería un bochorno muy grande”.
“Por eso el Ejecutivo optó por estos caminos, buscó soluciones intermedias, se abrió a las votaciones separadas. Sinceramente hicimos un gran esfuerzo en la tramitación para que estas cosas se corrigieran. Aquí hay una oportunidad de arreglar este proyecto”, cerró su alocución la ministra del Interior.
