"Ley funerales narcos": pena de hasta cinco años por lanzar fuegos artificiales

El funeral de Bastián López Reyes (19), fallecido el 12 de mayo tras recibir una serie de disparos a la salida de su casa, impactó no solo en la comuna de Conchalí, sino que tuvo repercusiones a nivel nacional. Su despedida, entremedio de la ostentación de armas de grueso calibre, balazos al aire y fuegos artificiales, hizo que La Moneda cuestionara los planes de seguridad para prevenir estos hechos.

Ante esto, el gobierno le pidió a Carabineros y a la PDI trabajar en la prevención y resguardo de este tipo de eventos, y así levantar información de inteligencia que permitiera evitar que terceros quedaran expuestos a una "bala loca". Es por eso que el 25 de mayo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que se crearía una ley para evitar los denominados "funerales narcos", que incluya el disparar al aire y lanzar fuegos artificiales. Esta iniciativa se llama Ley Anti- amedrentamientos.

Aunque el proyecto aún no se presenta en el Congreso, el Ejecutivo ya tiene definidos los ejes de esta iniciativa, a los cuales accedió La Tercera, los que incluyen cambiar la norma legal que regula el lanzamiento de fuegos artificiales y el control de armas.

De esta manera, el proyecto propone tipificar como delito "la posesión, utilización, tenencia o porte de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos u otros artefactos similares". Hasta ahora es solo una infracción, multada con el pago de entre 10 y 50 UTM (entre $ 480 mil y $ 2,4 millones).

Con esta nueva norma, el gobierno busca, además de la multa, establecer una sanción que comience en los 61 días, hasta los tres años. Sin embargo, también se considerarán tres elementos agravantes: turbación de la tranquilidad pública, puesta en peligro a la seguridad de terceros e infundir temor en la población.

En el caso de que los fuegos artificiales sean lanzados en el marco de esas agravantes, el gobierno propone aumentar el rango de pena, que partirá desde los tres años y un día y llegará hasta los cinco años.

El uso de armas también será regulado en esta ley. El Ejecutivo propone castigar los disparos al aire y desde espacio público hacia un lugar privado (por ejemplo, una casa).

Las penas propuestas por el gobierno para sancionar los disparos en un escenario que ponga en riesgo a terceros y en aglomeraciones van desde los cuatro a cinco años y un día. Hoy parte en tres años. En cambio, si se usa "material de uso bélico", el Ejecutivo propone que la pena parta en los siete años y medio y llegue a 10 años.

Según explicó a La Tercera el ministro Chadwick, "este proyecto lo que hará será agrupar las figuras que hemos llamado de amedrentamiento. Con estas acciones de 'funerales narcos o armados' se causa un grave temor a vecinos en poblaciones y barrios, lo que es inaceptable. Carabineros tiene la instrucción directa de actuar frente a estos hechos, deteniendo a quienes cometen estos actos delictuales para así poder llevarlos a la justicia".

Los temas vinculados al narcotráfico concentran la preocupación de las policías. Así lo señalaron en la Cámara de Diputados el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el director de la PDI, Héctor Espinosa.

Rozas reveló que entre el año pasado y los primeros meses de este 2019 se registraron 113 funerales de "alto riesgo" a nivel nacional, con 79 personas detenidas y más de nueve mil controles preventivos.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-cifra-113-los-funerales-narcos-alto-riesgo-ocurridos-ano/688144/

En tanto, después del funeral en Conchalí, el 13 de mayo, Carabineros ha registrado siete de estos funerales de "alto riesgo". Rozas señaló que "estamos desplegando día a día todo el personal y recursos para combatir estos delitos".

Por su parte, Héctor Espinosa hizo una lectura de los presupuestos que manejan los narcotraficantes. Según expuso el jefe de la PDI, el año pasado la policía civil incautó 24,5 toneladas de droga, la que tiene un precio comercial de $ 371 mil millones . "Nuestro presupuesto anual es de $ 345 mil millones al año, es decir, es más bajo que lo incautado en droga. Esa es la realidad", indicó.