En septiembre de 2023 se cumplieron 30 años desde la promulgación de la Ley N° 19.253, conocida como Ley Indígena, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de estos pueblos en Chile estableciendo la obligación del Estado de protegerlos y velar por su desarrollo.
A tres décadas, expertos en la materia sostienen que la tarea ha sido cumplida a medias, sobre todo luego de que los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022 revelara que la población indígena mantiene los mayores niveles de pobreza por ingresos (8,8%) y de pobreza multidimensional (22%) en comparación con el resto de la población chilena (6,2% y 16,4%, respectivamente).
En tal sentido, un análisis de Libertad y Desarrollo (LyD) titulado Una mirada crítica a la política de tierras indígenas en Chile, plantea dudas sobre la efectividad de la política desarrollada por el Estado durante tres décadas y varios gobiernos.
Según menciona LyD, desde que comenzó a ejecutarse el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas en 1994 y hasta inicios de septiembre de 2023, el Estado ha gastado $ 701.340.506.699 en tierras indígenas en la Macrozona Sur, correspondiente a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El centro hizo el ejercicio de actualizar la variación del peso de cada año a septiembre de 2023, ejercicio que supera el billón de pesos, o más de US$ 1.200 millones.
Pero desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) afirman que en los registros oficiales y formales el monto es distinto y mucho menor que el billón, más coincidente con la cifra no actualizada del estudio de LyD, lo que se explicaría por el tipo de metodología utilizada. Desde la corporación señalan que el Estado ha invertido $ 732.751.410.348 en la adquisición de 67.892 hectáreas a nivel nacional a través de subsidio y 220.331 hectáreas a nivel nacional a través de financiamiento directo, totalizando 288.223 hectáreas.
Pero LyD asegura que con los diversos mecanismos que dispone la respectiva ley (el subsidio, el financiamiento directo o el traspaso de predios fiscales), se han distribuido más de 358.756 hectáreas a personas o comunidades indígenas.
El análisis del centro de estudios ligado a la derecha, menciona que el mecanismo de financiamiento directo ha sido uno de los más utilizados para la distribución de tierras. “Prácticamente ocho de cada 10 pesos gastados por el Estado para este objetivo, durante todo el periodo analizado, se hicieron a través de este mecanismo. En el caso de superficies, tres de cada cinco hectáreas se distribuyeron mediante financiamiento directo”, se lee en el documento, el que asegura que no es posible concluir que la política haya significado una real solución a los problemas que viven las personas indígenas de la Macrozona Sur.
“La pobreza en este segmento se ha mantenido sistemáticamente por sobre los niveles del resto de los chilenos y, además, porque sigue vigente la demanda de restitución de tierras por parte de quienes pertenecen al pueblo mapuche. A esto se suma también el hecho de que, en esta zona del país, la violencia ha aumentado progresivamente en las últimas décadas, volviéndose cada vez más común la realización de actos terroristas como el ataque y el asesinato tanto de civiles como de fuerzas policiales”, comenta a La Tercera el investigador a cargo del estudio, Daniel Rebolledo.
A nivel regional se observa una concentración mayoritaria de distribución -tanto de gasto y superficie- en la Región de La Araucanía, la cual reúne a más del 70% de los recursos gastados, además de la mitad de las hectáreas entregadas a comunidades o personas.
Desde Conadi explican a este diario que la concentración territorial de las adquisiciones del Fondo de Tierras y Aguas en la zona comprendida entre Biobío y Los Lagos, y principalmente la Región de la Araucanía “se debe -primero- a la preponderancia cuantitativa del pueblo mapuche y su asiento territorial histórico en la zona”.
10 comunas concentran el 50% del gasto total
Al llevar el análisis de gastos y hectáreas distribuidas por comunas, el estudio arrojó que existen 10 comunas (Victoria, Vilcún, Freire, Traiguén, Tirúa, Curacautín, Cañete, Ercilla, Galvarino y Lautaro) que se ubican por encima del resto en cuanto al gasto, las cuales concentran el 50% de lo ejecutado por el Estado destinado a la compra de tierras en la Macrozona Sur.
Tales comunas también se destacan en cuanto a la distribución de tierras, concentrando un 28% de las hectáreas entregadas.
“Ante estas señales, se plantea la necesidad de una revisión exhaustiva de la Ley Indígena como del Decreto 395 que rige los mecanismos de gasto y distribución, dado el billonario gasto sin evidencia clara de la resolución de los problemas originales”, cierra al respecto Rebolledo desde LyD.
