Desde que asumió como ministro de Educación, Marco Antonio Ávila ha debido enfrentar al retorno a la presencialidad tras dos años de pandemia. Las medidas en pos de ello no han dejado indiferente a nadie, con apoyos y detractores. Ahí se cuenta, por ejemplo, la idea de suspender tanto el Simce como la evaluación docente.

Así también, el actual Mineduc, con un giro distinto que el de la administración anterior, ha llevado adelante una serie de análisis tendientes a modificar la hoja de ruta trazada por la cartera que antes comandaba Raúl Figueroa en aspectos clave, como el proceso de desmunicipalización escolar, que traspasa desde las comunas hacia un sistema público centralizado (Servicios Locales de Educación Pública, SLEP) la administración de los establecimientos educacionales.

Con ese panorama, la cartera educativa presentó el martes 5 de julio en el Congreso un proyecto llamado Ley Miscelánea, que apunta directamente a la voluntariedad de la evaluación docente, así como ampliar los plazos para la entrada en vigencia de ciertos SLEP.

El análisis que hacen desde el Mineduc es que este año las comunidades educativas están enfrentando diversos desafíos por el retorno a la presencialidad. El proyecto, de hecho, no estaba en el programa de gobierno y en Educación lo plantean como una solución a los problemas con que, dicen, se han topado.

Así las cosas, la Ley Miscelánea busca suspender en 2022 y 2023, al igual que los primeros dos años de pandemia, la rendición de la evaluación docente y los instrumentos contemplados en la carrera docente, con una salvedad: rendición voluntaria para quienes les corresponda evaluarse estos años y para los que suspendieron su rendición en 2020, 2021 y 2022.

“Es urgente que las y los profesores cuenten con apoyo para responder a los múltiples desafíos que han encontrado en este retorno a la presencialidad”, justifica el ministro Ávila.

Según se detalla en el proyecto, a los docentes que suspendan su evaluación “no se les aplicarán sanciones o rebajas en sus asignaciones”.

Para Ruth Arce, directora de Pedagogía Media de la U. Diego Portales, esta medida tiene dos miradas: atender a las situaciones contextuales de los profesores, “por lo complejo que ha sido este retorno a la presencialidad”, así como también que los componentes del portafolio docente “desafían a los profesores, porque están haciendo clases de una manera distinta y el portafolio no da cuenta de eso”.

“Es difícil hablar de soluciones”, señala Arce, pero cree que en vez de suspender se podría haber ajustado la evaluación “para que tuviera más relación con la realidad que están viviendo los profesores. El instrumento está contextualizado en otro momento”.

Una mirada distinta tiene Alejandra Falabella, directora del doctorado en Educación de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, quien cree que la suspensión “es acertada” por dos razones: “La pandemia mantiene repercusiones significativas en las escuelas, y los docentes enfrentan complejos desafíos”. Por otra parte, agrega, “las evaluaciones estandarizadas han sido cuestionadas por su falta de contribución efectiva para los procesos de mejora. La pandemia abrió una oportunidad para repensar el sistema evaluativo y no continuar con un modelo fracasado”.

Para Raúl Figueroa, exministro de Educación, esta medida es equivocada. “Si ponemos el foco en los estudiantes y sus necesidades, no existe evidencia alguna que respalde su suspensión este año y menos durante 2023. El proyecto del Ejecutivo da señales contradictorias en este ámbito y da muestras de una agenda conducida por intereses gremiales”.

Cabe recordar que las evaluaciones docentes son uno de los puntos que el Mineduc ha enfrentado con más ahínco. Y que la promesa es presentar otro proyecto que permita alinear los dos sistemas evaluativos. “En el mediano plazo, nuestro compromiso es armonizar los sistemas que existen actualmente para las y los profesores. Los procesos evaluativos son fundamentales (…), pero la aplicación de dos procesos paralelos a los docentes del sector público es una situación injusta e innecesaria que debemos solucionar”.

En distintas oportunidades, tanto el Presidente Boric como el ministro Ávila han comentado que la idea del gobierno es darle especial fuerza al proceso de desmunicipalización escolar que ya cuenta con 11 SLEP, lo que implica 43 comunas que ya han traspasado la administración de la educación.

La meta, según la ley original, son 70 SLEP. Es decir, falta implementar 59, que terminarán por absorber a las 302 comunas en que los municipios aún actúan como sostenedores.

Para ello había un calendario que ya ha sufrido modificaciones y que, según espera el gobierno, las seguirá teniendo, toda vez que la Ley Miscelánea espera postergar el traspaso de los SLEP creados en 2022 y que debían ponerse en marcha el 1 de enero de 2023. El plan es aplazar la puesta en marcha hasta el 1 de enero de 2024, tal como lo anunció el Mandatario en su cuenta pública.

En Educación preparan una estrategia que mejore la implementación de dichos SLEP y, según detallan, una de las primeras medidas que ven necesarias es extender de 10 a 24 meses el período entre su entrada en funcionamiento y el traspaso.

“Actualmente, es muy poco el tiempo para concretar todos los procesos de implementación. Así lo demuestran el estudio y la evidencia sobre los primeros SLEP”, reseña el ministro Ávila.

Los seis SLEP que se verían afectados son Iquique (municipios de Iquique y Alto Hospicio), Licancabur (Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena), Maule Costa (Constitución, Empedrado, Cauquenes, Chanco y Pelluhue), Punilla Cordillera (Coihueco, Ñiquén, Pinto, San Carlos y San Fabián), Aysén (Coyhaique, Lago Verde, Aysén, Cisnes, Guaitecas, Cochrane, O’Higgins, Tortel, Chile Chico y Río Ibáñez) y Magallanes (Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Antártica, Porvenir, Primavera, Timaukel, Natales y Torres del Paine).

La académica Falabella opina que “se debe continuar con este proceso, pero es sabio ajustar el calendario, aprender de los errores y mejorar los mecanismos de traspaso. Mejor avanzar un poco más despacio para hacerlo bien, con el fin de que los nuevos SLEP puedan desplegar todo su potencial. Como dice el refrán: vamos despacio para llegar lejos”.

“Bajo la ley actual, los traspasos están a cargo de los mismos municipios, con baja regulación externa, lo que ha llevado a una serie de malas prácticas. Muchas de estas prácticas son expresión justamente de los problemas de la municipalización de la educación y de por qué es necesario desmunicipalizar”, justifica.

Desde la Diego Portales, Arce cree que “el proceso tiene que seguir su ritmo, es parte de un trabajo de largo plazo que ya tiene SLEP funcionando y de los cuales debe haber una experiencia acumulada que sirva a los nuevos”. Desde ese punto de vista, suma, “me parece que ese traspaso tendría que continuar tal como estaba planificado, probablemente con algunas flexibilidades por el contexto actual”.

“Es más que razonable”, analiza contrariamente Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación de la U. San Sebastián. Así lo justifica: “Hay varias referencias con dos problemas fundamentales en los traspasos: informes muchas veces casi inexistentes desde los municipios y no contar con la dotación necesaria de profesionales. Hay elementos que dicen que va a ser un fracaso si se sigue adelante así con esta medida”.

Al respecto, el exministro Figueroa y hoy director del Instituto Unab de Políticas Públicas, señala que el año pasado se envió un proyecto de ley “para adecuar los tiempos de implementación a la complejidad del desafío que, lamentablemente, fue rechazado por diputados de la entonces oposición que hoy están en el Ejecutivo”. Eso sí, asegura que “si bien se podría haber ganado tiempo si se hubiese seguido tramitando el mismo proyecto, creo que es positivo que se reconozcan los problemas de diseño y la necesidad de contar con un tiempo adecuado para organizar los nuevos servicios, aunque el proyecto es insuficiente, ya que no basta con suspender por un año la puesta en marcha de algunos servicios, sino que se requiere también extender el plazo general de implementación, al menos hasta 2028″.

El proyecto también busca nuevas facultades transitorias para el director de Educación Pública que, según Educación, permitan avanzar en la primera etapa de implementación de los SLEP con mayor facilidad y la iniciativa de ley incluye, además, otros dos ajustes relevantes: uno al plan de incentivo al retiro y otro que apunta al levantamiento de retenciones de subvención por deudas previsionales de los sostenedores.