Acudir al Tribunal Constitucional (TC) fue una estrategia que siguieron algunos de los procesados por el fraude en el Ejército, pues era una forma de evitar un encuentro con la ministra en visita Romy Rutherford. La jugada era clara: presentar un recurso de inaplicabilidad, pedir que se suspendiera la investigación en su contra y esperar que la investigación avanzara, sin ellos en el radar de la jueza.
Sin embargo, la última resolución del TC acabó con esas aspiraciones, pues se levantaron los tres suspensiones que habían en el caso (Humberto Oviedo, Iván Faber y Alejandro Villagra). No obstante, hay otro grupo de militares y exmilitares que también están bajo la lupa de la ministra en visita, quienes, según comentaron distintas fuentes del caso, solo esperan que el tiempo que le queda a la jueza pase rápido y quedar fuera de eventuales procesamientos ¿Por qué? En marzo del próximo año vence el plazo que tiene como investigadora en la causa, salvo que el Senado diga otra cosa.
En mayo de este año los diputados Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PS) presentaron un proyecto de ley para extender la visita de los ministros de la Corte de Apelaciones en casos de Justicia Militar.
Soto señaló que "resulta esencial que los casos que se investigan, conforme a la normativa vigente-, y puedan avanzar con la debida eficiencia y eficacia, independiente de la graduación de los involucrados". En tanto, Walker es más gráfico y explicó que "la investigación ha sido compleja: la entrega de información ha sido a cuenta gotas por parte del Ejército y la estrategia judicial de los involucrados ha sido a la 'uruguaya', es decir, 'haciendo tiempo'".
El proyecto, tras un informe de la Corte Suprema, asumió una modificación y pretende que sea el máximo tribunal el que analice la extensión en el cargo hasta por dos años, aplicándose así únicamente en determinadas coyunturas.
Aunque el proyecto ingresó tímidamente a la Cámara, hoy ha tomado fuerza. Hace dos semanas entró al Senado y ayer se votó en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, siendo aprobado por tres votos y dos abstenciones (Andrés Allamand, RN; y Víctor Pérez, UDI).
El senador Allamand, señaló que "tengo la mejor impresión de la investigación que lleva adelante la ministra Rutheford, pero antes de resolver me parece prudente escuchar la opinión de la Corte Suprema en la comisión".
Ahora el proyecto pasará a votación a la sala del Senado, y luego volverá a la Comisión de Constitución para la revisión en particular. De aprobarse en todas las instancias, la llamada "Ley Rutherford" podría quedar ejecutada ente septiembre y octubre.
El presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe (PPD), manifestó que "es un proyecto que entrega a la Corte Suprema la facultad de extender mandato de ministros en funciones en la Corte Marcial, lo que parece adecuado como procedimiento".
De promulgarse la ley, será la Corte Suprema la que decida si escoger a un nuevo ministro o ministra para la visita en el caso, o extender las funciones exclusivas de Rutherford por dos años más. Otra fuente del caso concluyó que esto no sería una buena noticia para los militares que han tomado estrategias de defensa dilatorias en la causa.
