Ley de Seguridad del Estado: 38% de los imputados están privados de libertad

Cuatro de cada diez personas que fueron formalizadas en causas en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en el marco de la crisis social se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

En siete regiones del país existe registro de 45 casos en que los detenidos fueron puestos a disposición de un tribunal, luego de que el Ministerio del Interior invocara esta normativa que eleva las penas en determinados delitos contra el orden público.

Entre los ilícitos imputados por los cuales el gobierno se hizo parte, se encuentra la quema de una iglesia en la Región de Los Lagos, ataques con bombas molotov a la policía en distintas zonas del país, la quema de estaciones del Metro de Santiago, el levantamiento de barricadas en líneas férreas en Pedro Aguirre Cerda, entre otros delitos graves.

De acuerdo con estos antecedentes, las regiones que más casos concentran con formalizados son Atacama (14 causas); la Región Metropolitana (12) y Coquimbo (5). Y al analizar en detalle los antecedentes, se puede visualizar que 17 de los 45 imputados bajo esta ley están cumpliendo prisión preventiva (ver infografía).

Además, según el mismo reporte, cinco imputados cumplirían la medida cautelar de arresto domiciliario y los restantes 23 estarían sujetos a una firma mensual, la prohibición de salir del país o bajo la sujeción del Sename, como es el caso de un menor de edad imputado bajo esta normativa.

¿Qué tipo de delitos llevó al gobierno a presentar estas querellas?

Entre los casos de mayor impacto en la Región Metropolitana en que el gobierno presentó querellas invocando la Ley de Seguridad de Estado, se encuentra la quema de las estaciones del metro Del Sol, Las Parcelas y San Joaquín. Este último caso corresponde al que implicó al profesor Roberto Campos, quien pasó 56 días en prisión preventiva tras ser formalizado por causar destrozos en una estación del tren subterráneo en octubre de 2019.

Las barricadas en la línea férrea del tren central, ubicado en Pedro Aguirre Cerda, es otro de los casos que lleva adelante el gobierno.

La instalación de neumáticos encendidos para obstaculizar el paso del tren, la mañana del 30 de octubre "con inminente peligro de descarrilamiento", según el gobierno, llevó a que el tribunal decretara la prisión preventiva para los tres formalizados por la fiscalía.

Asimismo, el Ministerio del Interior ejerció acciones legales bajo la LSE por los incidentes ocurridos el 17 de diciembre pasado, cuando manifestantes agrupados en el movimiento "No+TAG", paralizaron el tránsito en avenida Kennedy, a la altura de Las Tranqueras, en Las Condes, luego de atravesar en la vía dos camiones tolva. Por estos hechos, seis personas fueron formalizadas, pero ninguna se mantiene privada de libertad.

En regiones los hechos de violencia no fueron aislados. En Atacama, por ejemplo, donde hubo 14 formalizaciones y el gobierno invocó la LSE, 13 personas se mantienen sujetas a algún tipo de medida cautelar como firma mensual o arraigo nacional. Solo un imputado se mantiene en prisión preventiva por un delito de incendio (ver recuadro).

En Valparaíso las cinco personas formalizadas bajo la Ley de Seguridad del Estado se mantienen privadas de libertad.

Uno de los casos es el que involucra al concejal de La Calera, Karim Chahuán (RN), quien fue detenido por la PDI por su presunta participación en un saqueo a un centro comercial en esa comuna, ocurrido en medio del estallido social.

A este caso se suman detenciones -y posteriores formalizaciones- de imputados que participaron en incidentes callejeros contra la policía, en el que, por ejemplo, Brian Muñoz Jerez (18) fue arrestado por instalar alambres de púas en las proximidades de la Plaza Sucre, en Viña del Mar. Por estos hechos el joven se mantiene en prisión preventiva. Además de este caso, se encuentran formalizados bajo esta normativa investigaciones por homicidio frustrado y saqueos a centros comerciales.

En la Región del Biobío, en tanto, hay tres casos formalizados, dos de los cuales se mantienen privados de libertad. Estos casos corresponden a un incendio a una caja de compensación y al lanzamiento de bombas incendiarias a la policía.

Los delitos de daños, desórdenes públicos e, incluso, el incendio a una iglesia llevó a que Interior presentara acciones legales por los incidentes ocurridos en la Región de Los Lagos. Allí solo una persona se mantiene en prisión preventiva y otras dos quedaron sujetas a medidas cautelares de menor intensidad.

Si bien las investigaciones siguen en curso, tanto la fiscalía como el gobierno esperan llegar a condenas que, en muchos casos, podrían terminar con el cumplimiento efectivo de la sentencia.

La acción legal en contra de los "Guerrilleros" de Arica

En su querella por Ley de Seguridad del Estado, Interior detalla que Carabineros obtuvo declaraciones de testigos protegidos y cámaras de seguridad que apuntarían a que Juan Manuel Gallardo Marín organizaba al "grupo denominados los 'Guerrilleros', que se encontraría preparando en concierto con otras personas, cerca de 65 botellas con ácido muriático y otras sustancias, además de bombas molotov para ser lanzadas en las protestas que se desarrollarían en la rotonda de Tucapel". Tras allanar su vivienda se habrían encontrado botellas vacías, ácido muriático y bombas molotov.

La quema de una subestación eléctrica en Copiapó

De acuerdo con el gobierno, el 28 de noviembre de 2019, un grupo "atacó la subestación eléctrica, de la Compañía General de Electricidad (CGE), ubicada en la intersección de la Ruta 5 con avenida Camilo Henríquez, en la ciudad de Copiapó, ingresando a la sala de control del recinto, incendiando las oficinas administrativas, una bodega, además de quemar 13 vehículos (dos camiones, tres automóviles y ocho camionetas), los que resultaron destruidos por la acción del fuego, además de sustraer una camioneta y los computadores de las oficinas". Por este hecho solo hay un imputado en prisión.

Las barricadas y los bloqueos con alambres de púas en Valparaíso

En la acción legal, el gobierno asegura que cerca de las 15.00 del 26 de noviembre pasado, Brian Muñoz Jerez (18) "procedió a instalar un alambre de púas desde la acera sur hasta la acera norte de Avenida Valparaíso, a la altura de la Plaza Sucre, comuna de Viña del Mar, impidiendo con ello el libre tránsito y acceso a la vía pública de un significativo número de habitantes de la comuna, quienes se han visto gravemente afectados por esta situación, además de poner en peligro la seguridad de transeúntes, conductores, transporte público y ciclistas que en ese momento de desplazaban por dicha arteria".

Una iglesia en llamas en Puerto Montt

El 14 de noviembre, cerca de las 20.00, un grupo de desconocidos atacó la catedral de Puerto Montt. Tras sacar las maderas que cubrían los vidrios del lugar, uno de los manifestantes ingresó y abrió sus puertas lo que permitió el acceso de un grupo, según la querella de la Iglesia, que en su mayoría eran hombres. El motivo de su ingreso fue "romper mobiliario, cuadros de imágenes sagradas, los soportes del altar, entre otros, siendo posteriormente sacadas al exterior para hacerlas barricadas y prender fuego". Los daños fueron avaluados en $ 45 millones. Por este hecho hay un solo detenido.

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