"Ley Uber" exigirá hoja de vida a conductores y sancionará a pasajeros

Una indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula las plataformas de transporte remunerado de pasajeros enviará hoy al Congreso el Ejecutivo. La iniciativa busca "generar condiciones de igualdad y mayor competencia", y modificará el proyecto de "Ley Uber", que ingresó en 2016 la administración de la expresidenta Michelle Bachelet. El objetivo de la indicación es poner mayor foco en los usuarios, potenciar la calidad de servicio y el uso de tecnologías.

Una de las principales exigencias, según la información a la que tuvo acceso La Tercera, que se establecerá para los conductores de estas aplicaciones, además de contar con licencia profesional A1, es que no podrán tener antecedentes penales, tales como delitos sexuales, tráfico de drogas, manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte.

Además, se estipula que las plataformas o aplicaciones como Uber, Cabify y Easy Taxi tendrán que constituirse como una empresa de transporte remunerado de pasajeros en Chile, iniciar actividades y pagar impuestos en el país. Lo anterior era una de las principales demandas que tenía el gremio de los taxistas.

Originalmente, el gobierno se había puesto plazo hasta el martes pasado para presentar las indicaciones, sin embargo, el ingreso demoró un par de días. Ayer, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, señaló que el texto ya estaba listo y solo hacía falta la firma de la ministra de Transportes, Gloria Hutt. "Es una ley corta, pero que es bien concreta para establecer una nueva regularización en el transporte privado", dijo Blumel.

Adicionalmente a no contar con antecedentes penales, los conductores deberán contratar seguros de responsabilidad civil para los pasajeros. También se establece que el Ministerio de Transportes se reservará la facultad de instaurar futuras condiciones de operación para las empresas de aplicaciones, como, por ejemplo, restringir el tránsito de estos vehículos en ciertas zonas para disminuir la congestión u otorgar condiciones especiales para vehículos cero emisión.

Además, la iniciativa impone sanciones tanto para las empresas de aplicaciones como para los conductores que no cumplan con las exigencias del proyecto de ley. Las multas que se consideran van desde las 10 a 100 UTM ($ 477.290 a $ 4.772.900) y serán impuestas por los juzgados de Policía Local. Por acumulación de infracciones, el Ministerio de Transportes podrá cancelar del registro de la aplicación a una empresa. El proyecto, además, propone sanciones a los pasajeros que colaboren en entorpecer la fiscalización.

Sobre las indicaciones, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, ha señalado que se busca "asegurar la igualdad de condiciones tanto para taxis como para las plataformas, avanzar hacia la profesionalización del sector y garantizar un foco en calidad y seguridad para los usuarios".

Según ha sostenido la autoridad, con la nueva ley "aumentaremos las exigencias para las plataformas e impulsaremos el uso de tecnología para que los taxis puedan modernizar su operación y así entreguen un servicio más eficiente, moderno y competitivo".

Actualmente, la fiscalización y controles de irregularidad se realizan a todo tipo de vehículo que presten el servicio de transporte público de pasajeros, incluyendo aquellos asociados a plataformas.

De ser aprobada la ley, la fiscalización se mantendría para comprobar que dichos vehículos cumplan con las exigencias.

Las fiscalizaciones también se mantendrán respecto de los taxis básicos. En cuanto a este medio de transporte, este año se ha registrado un leve descenso en la cantidad de infracciones y retiros de circulación en relación al mismo período de 2017.

A la fecha se han realizado 29.250 controles a taxis básicos en todo el país y se han registrado 3.391 infracciones. De estas multas, 376 corresponden a algún problema con taxímetros, siendo 88 de ellas específicamente taxímetros adulterados.