Los detalles de la indicación sustitutiva al proyecto que busca regular a las plataformas de transporte remunerado de pasajeros y que fue ingresada hoy a la Cámara de Diputados ya generaron las primeras reacciones en el sector. Mientras las aplicaciones tomaron distintas posturas frente a los requisitos, el gremio de taxistas ya demostró su insatisfacción y ya anunciaron una movilización para el próximo 30 de julio "con o sin autorización".

Tal como dio a conocer hoy La Tercera, la iniciativa legal establece que aplicaciones como Uber y Cabify tendrán la obligatoriedad de constituirse como empresas en Chile, pasando a formar parte de un registro que llevará la cartera de Transportes.

Además, establece requisitos para los conductores como licencia de profesional A1 y una hoja de vida sin delitos de connotación social, tales como abuso sexual, tráfico de drogas y manejo en estado de ebriedad.

"Como gobierno nos estamos haciendo responsables de una realidad, entendiendo que el correcto uso de tecnologías y una regulación que asegure la profesionalización del sector implica mejoras para todas las partes involucradas y, especialmente, para la ciudadanía", señaló la titular de Transportes, Gloria Hutt.

Otro punto que causó controversia tiene que ver con la falta de un número ilimitado de conductores en las plataformas, mientras que el parking de taxistas se encuentra limitado desde 1998.

"Lo que solicitamos es que se amplíen los cupos, que se amplíen las autorizaciones y no sean entregadas a vehículos que hoy no cumplen con ninguna normativa", señaló una de las voceras del gremio de taxistas.

Sin embargo, la ministra Hutt aseguró que las reglas establecidas van a equiparar la cancha. "Creemos que el mercado se va a regular de forma automática al cumplir con los requisitos".

Para Franco Basso, investigador del Observatorio de Movilidad de la U. Diego Portales, en líneas generales el proyecto "es bueno", pero asegura que regular el mercado no será tan sencillo. "Hoy la gente que trabaja en estas aplicaciones logra ingresos cercanos a los $ 700 mil o un millón, lo que sigue siendo bastante atractivo. Así que no pensaría que las normativas generarán regulación".

A su juicio, un impuesto por kilómetro recorrido podría ayudar en un ajuste en el mercado. "Y ese impuesto podría usarse en el transporte masivo", propone Basso.

La iniciativa también establece sanciones para las empresas y conductores, que fluctuarán entre 10 a 100 UTM ($ 477 mil a $ 4,7 millones aproximadamente). En caso de infracciones reiteradas, la cartera podrá eliminar a la aplicación de su registro.

En el caso de los usuarios, estos podrían ser multados con hasta cinco UTM si obstaculizan la fiscalización de los vehículos.

Las aplicaciones

Desde Uber señalaron que si bien valoran la legislación, "vemos con preocupación que los lineamientos incorporados en esta nueva propuesta podrían generar efectos negativos en socios conductores y usuarios".

Con lo anterior, hicieron referencia puntual a la idea de exigir licencia profesional a los conductores y la entrega de información al ministerio sobre los kilómetros recorridos, horarios y zonas en que opera el servicio.

Agustín Guilisasti, gerente general de Cabify Chile, afirmó que la iniciativa "es una excelente noticia, que nivela la cancha y por nuestra parte estamos tranquilos, porque cumplimos con gran parte de los requerimientos que puso el gobierno".

La empresa, que llegó a Chile en 2012, actualmente pide a sus conductores su papel de antecedentes y está constituida como tal en el país. "Pagamos los impuestos correspondientes y también les exigimos a los conductores que nos entreguen una boleta de honorarios o factura, ya que de esa forma ellos están cumpliendo con sus obligaciones tributarias", aseguró Guilisasti.

Sobre los estándares de los vehículos, su antigüedad, requisitos técnicos y de seguridad, la ministra Hutt aseguró que estos serán definidos en un reglamento que desarrollará el ministerio. Allí también se definirá el distintivo visible que deberán portar sí o sí los vehículos.