Líneas aéreas y sector del turismo solicitan tomar medidas para evitar futuras paralizaciones de los aeropuertos

La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), expresaron su descontento por la paralización llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la cual se depuso durante la noche de este viernes.

El paro había sido anunciado por la Asociación de Sindicatos de la DGAC, luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno en busca de una solución a sus demandas laborales, principalmente en torno a un “Bono de Fiscalización”. Así, anunciaron una “ralentización indefinida” en el Aeropuerto de Santiago que afectó fuertemente el proceso y embarque de pasajeros durante tres intensos días hasta este viernes.

Sin embargo, las asociaciones gremiales y el gobierno alcanzaron un acuerdo luego de que se manifestaron ante la exclusión de un bono de fiscalización en el Presupuesto 2025. Este establece un bono universal y permanente a partir del próximo 2025, el cual incluye a Controladores Aéreos, personal de Seguridad Aeroportuaria, Instrumentistas, Meteorólogos, Personal Administrativo, Auxiliares, entre otros.

No obstante, a través de un comunicado, Achila y Fedetur recriminaron el actuar del Ejecutivo, afirmando que que “las autoridades de gobierno tienen la obligación de adoptar todas las medidas legales que correspondan para que nunca más se paralicen los aeropuertos”.

En ese sentido, las entidades relacionadas con el transporte aéreo y el turismo, indicaron que la reciente paralización que afectó a los terminales aéreos causó “un daño de gran magnitud a decenas de miles de usuarios del transporte aéreo, que fueron impedidos de llegar a sus destinos y realizar sus actividades cotidianas, impactando negativamente también en la imagen del país”.

Carolina Simonetti, gerente general de ACHILA, expresó que “nuestro gremio estima absolutamente inaceptable que, frente a todo el país, un grupo de presión haya actuado ilegalmente, perjudicando a miles de personas que necesitan transportarse”.

“El transporte aéreo es una actividad altamente estratégica y de utilidad pública, por lo que las autoridades no deben permitir que sea paralizada por grupos de presión”, aseveró.

Por su parte, Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, afirmó que “la institucionalidad actual no capaz de responder adecuadamente a los desafíos que tiene el país en materia de conectividad aérea”.

“Se trata de infraestructura crítica fundamental para el normal funcionamiento del país, de los sectores productivos y del desarrollo de la vida cotidiana de las personas, que por su relevancia, el Estado tiene la obligación de garantizar su funcionamiento continuo”, sentenció.