La mañana de este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes (DC), anunció que la corporación constituirá este martes una comisión investigadora para indagar y recabar antecedentes sobre los traspasos irregulares de recursos desde entidades del Estado hacia fundaciones privadas.

Además, Cifuentes informó que en agosto comenzará la discusión presupuestaria para el año 2024 y que se presentarán indicaciones respecto a glosas específicas para mejorar la fiscalización en el traspaso de recursos y elevar las exigencias en la adjudicación de recursos públicos.

“Va a haber una discusión muy profunda respecto de qué se pueda hacer y qué no se pueda hacer en las transferencias del Estado. Yo siempre he sugerido que la discusión presupuestaria no se puede hacer en 24 horas, eso nos puede llevar a errores. Así que yo espero que podamos tener una discusión más profunda respecto al presupuesto”, apuntó Cifuentes.

La solicitud para conformar una comisión que investigue los líos de plata en el Estado se ingresó a la Cámara durante la primera semana de junio. Sin embargo, se concretará este martes 8 de agosto porque -según explicó Cifuentes- no había “espacios, ni infraestructura, ni salas para el funcionamiento ni tampoco diputados disponibles para conformarla. Por eso, la semana pasada tuvimos que hacer un cambio en las prioridades”.

Desde su conformación -es decir, a partir de este martes-, la comisión tiene un plazo de 60 días para elaborar un informe y votar las conclusiones de la instancia fiscalizadora. Durante ese periodo, los diputados podrán citar y recibir a distintas autoridades y expertos con el fin de recabar antecedentes de los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones públicas.

El Ejecutivo, por su parte, ha buscado subir el tono de condena y ha empezado a hablar derechamente de corrupción. El Presidente Boric a través de redes sociales señaló que “más allá del debate jurídico, en mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello”.

Antes ya lo habían hecho el ministro Cordero, el subsecretario Monsalve y también el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). Y para que el Presidente lo planteara en esos términos, también esperó a tener las claridades conceptuales que le entregó el mismo ministro de Justicia -a quien suelen llamar las autoridades del gobierno para buscar consejos jurídicos- en una de las tantas conversaciones privadas que han tenido durante esta crisis.

La explicación tiene que ver con que no se necesitaba una sentencia para catalogar los actos como “corruptos”, porque el concepto es más amplio que la constatación de un delito. Y eso -consensuaron en La Moneda- ya se puede acreditar con todos los antecedentes recopilados por sus equipos: que en este caso hubo autoridades que se aprovecharon de sus funciones para obtener beneficios personales.