“Buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía”. Con esa frase, el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó este jueves que en algunos de los acuerdos firmados entre el Estado y organizaciones privadas no se emitieron dichos documentos, lo que podría dificultar la devolución de los dineros.
El tema fue abordado horas más tarde por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que la ausencia de esas boletas no impide que se deban restituir los fondos no rendidos por las fundaciones, en caso de que se deje sin efecto el convenio suscrito.
“El gobierno ha planteado desde el primero momento que una de las cosas evidente de este caso es que hay una modalidad de traspaso de recursos a fundaciones extremadamente laxa, que no la inventó nuestro gobierno y que se ha venido practicando hace mucho tiempo, y que entre otra de sus laxitudes tenía el no exigir boletas de garantía”, aseguró la jefa de gabinete.
Tras ello, reconoció que efectivamente se trata de otro problema detectado en la modalidad de suscripción de contratos. Sin embargo, aclaró que “la obligación de devolver los recursos una vez se deja sin efecto el convenio se mantiene y el Ejecutivo hará valer en los tribunales y en todos los órganos respectivos para que esos recursos se reintegren”.
En el caso de Democracia Viva, la institución ligada a militantes RD firmó tres convenios con el Ministerio de Vivienda por un monto total de $426 millones, lo que hizo estallar el escándalo y dio paso a las investigaciones en este tipo de contratos.
Sin embargo, la fundación interpuso un recurso de reposición con el objeto de evitar devolver los dineros a la Seremi de la cartera Antofagasta, que ascienden a 391 millones de pesos, correspondiente al 92% de los recursos entregados a fines de 2022 y que no habrían sido rendidos por la fundación.
Como respuesta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un recurso al Primer Juzgado Civil de Antofagasta para solicitar la retención de bienes y los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación representada por el exmilitante RD Daniel Andrade.
Solicitud que fue acogida por el tribunal civil, que congeló las cuentas de la institución ante el “riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile”, según señaló el comunicado del CDE.
