Este martes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez, en calidad de autora del delito de “apropiación indebida”. En su querella, la entidad sostiene que dicho ilícito se habría configurado mediante la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, cuyos montos fueron solicitados para su restitución, tras el término anticipado de los contratos, situación que -acusa el organismo- no ocurrió.
De los cinco contratos, cuatro se enmarcan en el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta, mientras que el quinto corresponde al Programa de Recuperación de Barrios, por la suma total de $511.058.002.
Según acusa el organismo, una vez suscritos y aprobados los convenios se procedió a transferir “en una sola cuota” los recursos fiscales a Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos “de carácter grave y/o reiterados” en las actividades comprometidas por la fundación.
Dichos incumplimientos estarían vinculados tanto en el avance físico como en la rendición financiera de las iniciativas, situación que derivó en que la Seremi de Vivienda dispusiera el término anticipado a los convenios.
Además, la querella del CDE consigna que se arrendaron oficinas por parte de Procultura “cuyo valor excedía con creces el valor de mercado sin que ninguna autoridad competente en los convenios autorizara dicho gasto, el cual implicaba una destinación desproporcionada de recursos fiscales a un objeto diverso al del convenio (…)”.
En ese sentido, detectaron “errores contables reiterados” e “inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas”, entre otras falencias, lo que evidenciaría “el retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación”.
Asimismo, se explica que se puso término anticipado al quinto convenio suscrito, relativo al Programa de Recuperación de Barrios.
Según indica la querella, una vez efectuada la liquidación respectiva de los convenios, “transcurrido el procedimiento de reclamaciones y habiendo sido notificada la Fundación Procultura, correspondía que la querellada María Constanza Gómez Cruz procediera materialmente al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados, lo cual no ocurrió”.
“De todo lo anteriormente expuesto es posible colegir que la Fundación Procultura, que actúa en derecho representada por la querellada María Constanza Gómez Cruz, distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios”, señala la querella del Consejo.
