Líos de platas: Democracia Viva ingresa recurso para evitar devolver dineros a Seremi de Vivienda de Antofagasta

Por resolución del Ministerio de Vivienda, 30 días a contar del viernes 14 de julio tiene la fundación Democracia Viva para reponer $391.768.516 de los $426 millones que originalmente se le transfirieron desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a raíz de tres convenios suscritos en septiembre de 2022. Esto, luego de que la cartera liderada por Carlos Montes decidiera poner término anticipado a los mismos y liquidar los contratos. Todo, tras constatar, según señalaron, una serie de irregularidades.

Sin embargo, como indicaron desde la cartera este martes, la ONG encabezada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez y hoy protagonista de la investigación que lleva la Fiscalía de Antofagasta, se niega a restituir el monto.

Como indicaron desde la repartición en base a lo reportado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, “el día viernes 21 de julio, Democracia Viva interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico, el cual está siendo analizado por la autoridad regional para determinar los méritos del mismo”.

“La fundación, en su escrito, señala su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios, alegaciones que serán evaluadas dentro del contexto de estos recursos”, se agrega en el comunicado.

Esta reposición, según explican desde la cartera, no suspende el acto, por lo que sigue corriendo el plazo que la mencionada fundación tiene para restituir los fondos. De todas maneras, como Democracia Viva solicitó suspender el proceso impugnado, desde el ministerio aseguraron que se revisará el mérito de los argumentos para resolver.

“Como ha señalado el ministro Carlos Montes, el Ministerio de Vivienda insistirá, dentro de lo que permita la ley, que se deben devolver los recursos entregados”, subrayaron desde el ministerio.

De acuerdo con lo informaron desde Vivienda hace algunos días, en medio del proceso de revisión de antecedentes, se determinó que Democracia Viva, “a la fecha de la liquidación, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación, alcanzan, justamente, un 8% del total”.

Por eso es, como detallaron desde la cartera, que se ordenó reponer $391.768.516.

Sin embargo, desde la entidad encabezada por Andrade aseguraron que ese cálculo es producto de un proceso que presenta una serie de vicios y donde ellos no tuvieron posibilidad de defenderse.

Por medio de una declaración, desde Democracia Viva aseguraron: “Como fundación tenemos y estamos dispuestos a devolver los fondos no ejecutados, pero dado que la información que ha dado el Minvu es información parcial respecto de las rendiciones y la ejecución de gasto de los convenios, iniciamos el día viernes 21 de julio un proceso administrativo donde el recurso de reposición es el primer paso”.

Y agregaron que fundan su presentación “en que el acto recurrido fue emitido mediante un procedimiento en el cual no se respetó la garantía constitucional del debido proceso”. Recalcan, en el mismo sentido, que debe realizarse “una nueva liquidación a través de un procedimiento claro, a fin de acordar las cifras a devolver, considerando las rendiciones ya entregadas por parte nuestra que fueron observadas y respecto de las cuales no hemos tenido respuesta desde febrero en adelante por parte del Ministerio de Vivienda”.

Como detallan, hubo observaciones respecto de rendiciones hechas en febrero, marzo, abril y mayo, pero que nunca se les informaron y que aún así no fueron consideradas en el monto total gastado y rendido de los proyectos.

Conforme al análisis hecho por Democracia Viva, el monto que tendrían que devolver asciende a $ 294.384.230. Eso, detallaron, según la revisión que hicieron de los trabajos hechos hasta junio de este año.

En concreto, Democracia Viva ingresó tres recursos referentes a cada uno de los convenios cancelados y donde, como pudo revisar La Tercera, alegaron estar siendo afectados por una “unilateralidad desprovista de cualquier elemento de justicia que producto de la contingencia provoca que la administración actuara desmedidamente fuera de la racionalidad”.

Así, en los documentos firmados por el mismo Andrade se indica que en sólo cinco días se puso término anticipado a los convenios, se indicaron “arbitrariamente” las causales de incumplimiento, y se ordenó y aprobó la liquidación, “sin mediar ninguna participación de la fundación como contraparte, ni siquiera para efectos de contribuir a los informes técnicos en los cuales debía basarse las decisiones administrativas que se iban adoptando”.

De esta forma es que desde la ONG fueron tajantes en que al dictar las resoluciones aludidas, la autoridad actuó contraviniendo la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, infringiendo el principio de legalidad, vulnerando las garantías constitucionales que como entidad tienen y también el debido proceso administrativo.

“No resulta aceptable que por tener la fundación que represento la calidad de colaboradora de la Administración del Estado en la satisfacción de las necesidades públicas descritas, resulte obligada a la devolución de fondos que se gastaron debidamente en la ejecución del proyecto y que se encuentran debidamente acreditados conforme a la normativa, de esta manera la liquidación realizada no resulta justificada, ni razonable, ni menos aún proporcionada”, se complementa en los documentos.

Reclaman, en la misma línea, que no se les respetó la posibilidad de presentar alegaciones o documentos durante el procedimiento, pese a que la norma es expresa en que tienen dicha garantía.

Evidentes vulneraciones, aseguran al cierre desde Democracia Viva, quedan al descubierto con sólo leer la resolución que establece la liquidación de los contratos, pues señala expresamente -argumentan- “que los informes financieros para la rendición de gastos de los meses de febrero a mayo de 2023 habían sido recibidos y observados, pero que dichas observaciones no habían sido notificadas”.

Frente a los cuestionamientos presentados, el ministro Carlos Montes aseguró: “Queremos ser claros. No vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas nuestras capacidades, todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyan y se destinen a lo que corresponden: mejorar las condiciones de vida en los campamentos”.

En los mismos términos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó que “las fundaciones son entidades sin fines de lucro, cuyos fondos creados por sus fundadores son para la beneficencia, la enseñanza o la educación. Las fundaciones no son consultoras ni tampoco pueden abusar de la personalidad jurídica que le otorga el Estado, para realizar actividades que no les corresponden. Los recursos se van a resolver, pero es conveniente tener presente de qué estamos hablando”.

Ingresados los recursos, como se detalló, la Seremi de Vivienda de Antofagasta tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir un pronunciamiento.