En prisión preventiva quedó esta tarde Susan Alarcón (RN), la funcionaria del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía que fue detenida luego de que se evidenciara que facilitó millonarias transferencias a dos fundaciones en la región, en el marco del lío de platas entre organizaciones estatales y algunas ONG en el país.
En una audiencia que se extendió por cerca de nueve horas en el Juzgado de Garantía de Temuco, el juez Alfredo Cox declaró ajustada a derecho la detención de la funcionaria -quien se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del GORE- y rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de la imputada.
Tras esto, Alarcón fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho.
En la ocasión, el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Carlos Cornejo calificó a la exfuncionaria como un peligro para la sociedad y el desarrollo de la investigación, por lo que solicitó la prisión preventiva, la que fue concedida por el tribunal, que fijó además un plazo de 4 meses para el cierre de la indagatoria.
La defensa de Susan Alarcón fue asumida por el exfiscal regional de La Araucanía Francisco Ljubetic, quién argumentó la ilegalidad de la detención de su representada y presentó un recurso de amparo a su favor, todo lo cual fue rechazado por el tribunal.
Tras la audiencia, el fiscal Cornejo destacó que “los hechos por los cuales (Susan Alarcón) fue formalizada están vinculados con ilícitos de fraude al fisco en carácter de reiterado, esto asociado a una suma superior a los 700 millones de pesos y también por el delito de cohecho”.
Agregó que esto se da por “una relación que existía entre la funcionaria pública y un particular, ambos concertados para defraudar al Gobierno regional y donde, en definitiva, ella recibe una suma superior a los nueve millones de pesos por efectuar acciones con infracción a sus deberes de funcionaria”.
El persecutor explicó que la imputada “intervenía no solo en acciónes vinculadas con la postulación y gestión interna de los proyectos que se ingresaban al Gobierno Regional, sino que también con acciones que están vinculadas derechamente con el control financiero de los programas”.
Por su parte, tras la resolución judicial, el defensor Francisco Ljubetic sostuvo “obviamente no la compartimos”
“Entendemos efectivamente que los programas que fueron aprobados seguramente de las fundaciones Folab y Educc cumplieron con toda la reglamentación, están apegados a la legalidad y se le ha reclamado (a Susan Herrera) una eventual participación sobre la percepción de ciertos dineros por quién realizó la consultoría de esos proyectos”, agregó.
En este sentido, rechazó la medida de prisión preventiva contra su representada, al señalar que “quienes hicieron distracción de esos fondos públicos son esas personas que se encuentran en prisión preventiva, que son los ejecutores directos de los programas”.
“De modo que no es posible atribuirle una situación de fraude a la gente que participó en la aprobación de estos proyectos, porque lo hizo de acuerdo con la legalidad” cerró el ex fiscal regional.
La investigación
Durante la mañana del miércoles 27 de diciembre, funcionarios de la PDI llegaron hasta las dependencias del Gobierno Regional de La Araucanía, encabezado por Luciano Rivas, luego de que el fiscal Cornejo -previa autorización de tribunales- solicitara la incautación de documentos y archivos vinculados al denominado caso líos de platas.
En la ocasión se detuvo además a Susan Alarcón -que se desempeñaba desde 2019 como jefa de la División de Fomento e Industria del GORE-, la cual, de acuerdo a la indagatoria, habría facilitado millonarias transferencias a las fundaciones Folab y Educc.
Esto, ya que de acuerdo con fuentes conocedoras de los alcances de la investigación, las citadas ONG le pagaron por las gestiones que Alarcón realizó en favor de ambas.
En el marco de la audiencia, de hecho, el fiscal Cornejo detalló que Alarcón Rubilar participó en la elaboración de dos proyectos que presentaron Folab y Educc, por $365 millones cada uno, recibiendo un pago de $9 millones por ello.
Luego -como relató el persecutor-, en función de su cargo, la directora participó en la evaluación y aprobación de los mismos proyectos, elaborando recomendaciones técnicas. Tras esto, además, realizó gestiones para que el GORE ejecutara los pagos correspondientes, pese a que tales iniciativas nunca fueron ejecutadas en regla.
El ‘caso manicure’
En el marco de esta causa, también denominada como ‘caso manicure’, la Fiscalía indaga a Folab y Educc, por haber recibido dineros que estaban destinados a programas de microemprendimiento de mujeres jefas de hogar de Temuco y Padre Las Casas, pero que finalmente no se realizaron.
Ambas fundaciones, en específico, debían impartir cursos relacionados con corte de cabello, masoterapia, colorimetría, manicure y pedicure. Estaban destinados a 200 mujeres jefas de hogar, los que incluían un kit de herramientas y productos por $2 millones de pesos, para la instalación de microemprendimientos.
Tras constar que los dineros habrían sido desviados, luego de denuncias de las mujeres que debían ser beneficiadas, Rinett y Juvenal Ortiz, hermanos que dirigían ambas fundaciones, fueron detenidos y formalizados, por lo que aún permanecen en prisión preventiva.