Múltiples diligencias son las que han desarrollado la mañana de este jueves equipos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en coordinación con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), en razón del denominado caso líos de platas. Entre ellas, el cumplimiento de una orden de entrada y registro a dependencias del Ministerio de Vivienda en Santiago.

Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto ubicado en Alameda 924, donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes.

De acuerdo con antecedentes confirmados por La Tercera, la diligencia dice relación, entre otros aspectos, con la indagatoria que inició el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, a principios de agosto y en medio de la cual se pesquisan traspasos realizados desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá a las fundaciones Enlace Urbano por un total de $ 782 millones y a EnRed Social, por más de mil millones de pesos.

Las instrucciones del persecutor, además, incluyen allanamientos a la Subsecretaria de Vivienda y a las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios, departamento desde donde salieron los recursos que llegaron a manos de las citadas ONG.

Cabe hacer presente, en este sentido, que en el marco de las labores decretadas por el fiscal Ríos las oficinas de Enlace Urbano y de EnRed Social ya fueron objeto de una orden de entrada y registro, al igual que dependencias de la Seremi de Vivienda y del Serviu en Tarapacá. Ahí, como se mencionó en la oportunidad, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos referentes a los tratos entre dichas partes.

En la carpeta investigativa que lleva el fiscal Ríos respecto de esta arista, como publicó hace algunas semanas este medio, se encuentran los antecedentes recabados por Contraloría a raíz de una auditoría a las transferencias realizadas desde Vivienda a entidades privadas. Ahí se pudo determinar que en Tarapacá la repartición realizó 23 convenios, siete con EnRed Social y 16 con Enlace Urbano, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022 por un monto total de $2.836.003.986.

En ese sentido, los evaluadores constataron -además de una serie de faltas administrativas- hechos que implican graves faltas a la probidad. Entre ellos, que al 8 de septiembre ambas fundaciones registraban saldos pendientes de rendición. Se especificó que en el caso de EnRed no había rendido $168.079.015 y Enlace Urbano $431.930.915, pese a que la mayoría de los tratos expiraron en agosto.

Asimismo, Contraloría determinó que convenios con ambas fundaciones se dividieron sin que se expresara justificación para ello, por lo que se presume que aquello se realizó para hacer transferencias parceladas y evitar pasar por controles adicionales.

Ante la diligencia, desde el Ministerio de Vivienda aseguraron que se “está prestando toda la colaboración posible” y que el registro “está acotado a las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios”.

“Cabe señalar que se trata de una autorización voluntaria y en el marco de una denuncia hecha por el mismo Ministerio en la región de Tarapacá relacionada a las fundaciones Enlace Urbano y En Red por convenios suscritos desde 2021″, agregaron desde la cartera.

En los mismos términos, acotaron que “desde el principio de este caso, y de manera proactiva, esta secretaría de Estado ha colaborado con los requerimientos de la institucionalidad en el marco del caso Convenios-Minvu entregando toda la información sobre el particular”.