La mañana de este jueves se concretaron una serie de diligencias desarrolladas por equipos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en coordinación con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), en razón del denominado caso líos de platas. Entre ellas, el cumplimiento de una orden de entrada y registro a dependencias del Ministerio de Vivienda en Santiago.
Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto ubicado en Alameda 924, donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes (PS).
De acuerdo con antecedentes confirmados por La Tercera, la diligencia dice relación, entre otros aspectos, con la indagatoria que inició el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, a principios de agosto y en medio de la cual se pesquisan traspasos realizados desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá a las fundaciones Enlace Urbano por un total de $ 782 millones y a EnRed Social, por más de mil millones de pesos.
Las instrucciones del persecutor, además, incluyen allanamientos a la Subsecretaria de Vivienda y a las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios, departamento desde donde salieron los recursos que llegaron a manos de las citadas ONG.
A raíz del procedimiento, la cartera liderada por el exsenador Carlos Montes emitió una declaración pública, donde destacó su “colaboración” con la investigación que lleva adelante el fiscal Ríos y, además, señaló que el procedimiento se dio en el marco de una “autorización voluntaria” por parte del ministerio.
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está prestando toda la colaboración posible en el marco del procedimiento de registro de entrada e incautación que efectúa la fiscalía de Tarapacá en el Ministerio, lo que está acotado a las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional, y el Departamento de Asentamientos Precarios”, reza el comunicado
En éste agregan: “Cabe señalar que se trata de una autorización voluntaria y en el marco de una denuncia hecha por el mismo Ministerio en la región de Tarapacá relacionada a las fundaciones ProCultura y En Red por convenios suscritos desde 2021″.
La breve declaración cierra enfatizando que las autoridades de la cartera han actuado de manera “proactiva” y que la secretaría de Estado continuará “colaborando con los requerimientos de la institucionalidad en el marco del caso Convenios-Minvu entregando toda la información sobre el particular”.
