A las 18.05 horas de esta tarde aterrizó en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) el avión que trajo a Chile al exmilitar Pedro Barrientos, acusado por el homicidio de Víctor Jara.
Desde ahí, fue trasladado en helicóptero al Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde será notificado por el ministro de la Corte de Apelaciones Guillermo de la Barra, por la causa que se lleva adelante por su responsabilidad en la muerte del cantautor, en el marco de la dictadura militar, así como por el secuestro y homicidio del director de prisiones del gobierno de Salvador Allende, Littré Quiroga Carvajal.
Barrientos fue detenido en octubre pasado por autoridades de Estados Unidos y finalmente deportado este viernes a Chile, custodiado por agentes de ese país.
Con anterioridad en la jornada, la expulsión de Barrientos había sido informada por la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan.
“Hoy, Pedro Barrientos fue expulsado de los Estados Unidos hacia Chile, donde es buscado por cargos de tortura y ejecución de ciudadanos chilenos, incluido Víctor Jara en 1973. Esto ocurre luego de una investigación de una década, que condujo a la revocación de la ciudadanía de Barrientos a principios de este año. Este caso es un recordatorio del compromiso del gobierno de perseguir a los violadores de derechos humanos que buscan refugio de la justicia en los Estados Unidos”, escribió la representante diplomática en su cuenta en X.
El otrora uniformado permanecía en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas del país norteamericano. Efectivos de la HSI, la oficina de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo detuvieron en un control carretero a Barrientos el pasado 5 de octubre en Deltona, Florida.
Un tribunal de ese estado revocó la ciudadanía estadounidense de Barrientos el pasado 14 de julio basándose en una denuncia presentada por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia. A juicio del tribunal, Barrientos ocultó intencionalmente hechos materiales relacionados con su rol como uniformado en sus solicitudes de inmigración, lo que provocó una indagatoria de la HSI.
La cancelación de su ciudadanía estadounidense abrió la posibilidad de su deportación a Chile.
Al respecto, el subprefecto Gerardo Raventós de Oficina Central Nacional Interpol Santiago, valoró el trabajo de 5 años realizado por la unidad para incidir en que Estados Unidos suspendiera la condición migratoria de Barrientos y comenzar el proceso de deportación que se concretó hoy este viernes.
“Nuestros policías lograron encontrar en tribunales chilenos del norte, condenas desde el año 1987 por el delito de manejo en estado de ebriedad con el resultado de lesiones, sumado al proceso por el homicidio del cantautor (Víctor Jara) y del director de Gendarmería (Littré Quiroga), que en definitiva les hicieron tomar la decisión a los tribunales migratorios norteamericanos de suspenderle su condición migratoria e iniciar un proceso de expulsión del país”, sostuvo el subprefecto Raventós.
Solicitud de extradición
En 2013, la Embajada de Chile en Estados Unidos, a requerimiento de la Corte Suprema de Chile, solicitó la extradición de Barrientos, quien residía desde 1990 en el país norteamericano.
Ese mismo año, Interpol Chile subió una notificación roja por el delito de homicidio calificado”, en contra de Barrientos.
En junio de 2016, una corte federal de Florida, Estados Unidos, halló culpable a Pedro Barrientos de torturas y de la ejecución extrajudicial del artista, a raíz de una demanda civil interpuesta por la familia de Jara, obligándolo a pagar una compensación por daños y perjuicios.
Dos años más tarde, en julio de 2018, la Cancillería envió una serie de documentos a la embajada de Chile en Estados Unidos para poder reactivar la solicitud de extradición del exmilitar.
Aunque no se dio curso a la extradición, la revocación de la ciudadanía estadounidense permitió que el exmilitar fuera deportado a Chile, hasta donde arribó durante la jornada de este viernes.
En tanto, el pasado 28 de agosto la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado en los casos de Víctor Jara y del director de prisiones del gobierno de Salvador Allende, Littré Quiroga Carvajal.
