Esta tarde, un helicóptero que participaba en el combate de un incendio forestal en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, fue atacado con un arma de fuego, lo que motivó que el gobierno anunciara la presentación de una querella para dar con los responsables.
De acuerdo con información preliminar, el ataque contra la aeronave HO-31 fue reportado a eso de las 14.06 de la tarde. El helicóptero es una de las naves contratadas para combatir en la temporada de incendios por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
Al momento de registrarse los disparos con perdigones, la tripulación se aproximaba a cargar agua para continuar con su combate del incendio forestal denominado “Curaco 4″, el cual se encuentra afectando al Fundo Santa Filomena.
Los cuatro disparos se registraron cuando aún estaba a 15 metros de altura, sin embargo, los tripulantes no perdieron el control del helicóptero y pudieron salir de la zona del ataque, retornando a la base de operaciones. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por el hecho.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, condenó el ataque a través de su cuenta de la red social X, donde manifestó su “máxima condena al ataque de un helicóptero de Conaf que estaba buscando agua para el combate de incendios forestales en Collipulli y que fue atacado con perdigones”.
Junto con informar que no hubo tripulantes lesionados, agregó que “no podemos permitir acciones como esta que ponen en riesgo vidas y entorpecen las labores de los brigadistas y equipos de emergencia”.
Posteriormente, desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, calificó el hecho como “grave” y, además, comparó el hecho con “disparar a una ambulancia cuando hubo una situación de emergencia”.
“Es que un acto de provocación deliberado respecto al cual el gobierno ha tomado la decisión de ejercer las querellas respectivas”, añadió Cordero, quien especificó que se pueden establecer sanciones por el Código Penal, la ley de Armas, y la Ley de Seguridad del Estado, además de deslizar la posibilidad de invocar la nueva Ley Antiterrorista.
