Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: Santiago anotó ayer la temperatura más alta de los últimos tres años: 35,7°C

Ayer se sumó un décimo día consecutivo a la ola de calor que está afectando a la zona central, la más extensa para un verano meteorológico.

En Santiago la temperatura llegó a los 35,7°C, la más alta de los últimos tres años y también la mayor que se ha observado durante los primeros once días de un mes de diciembre en siete décadas.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, explicó que las temperaturas repuntaron en los valles de la zona central a partir de octubre. “El año 2022 no había sido uno particularmente caluroso, ni había estado marcado por altas temperaturas, hasta hace dos meses. Esto confirma la enorme influencia que tiene el calentamiento global, y quizás también sea una señal del debilitamiento del fenómeno de La Niña en el Pacífico”, agregó.

Te invitamos a revisar un artículo del periodista Carlos Montes con el detalle del fenómeno climático y las proyecciones para los próximos días. Lee más de esta historia

En medio de las infructuosas negociaciones por la composición del órgano que debería redactar una nueva propuesta de Constitución, el investigador del Centro de Estudios Públicos, Lucas Sierra, confeccionó un informe donde se señala que la eventual inclusión de expertos por sí sola no es una garantía de que se corregirán los errores de la pasada Convención Constitucional.

“Si esto es diseñado como el único o principal medio para proveer de conocimiento al nuevo órgano, será probable que se repitan algunos de los defectos observados en la Convención como, por ejemplo, la desigualdad en el acceso al conocimiento por parte de todos los convencionales. Además, es posible que cada experto se incline a votar por sus propias ideas”, señaló.

Sierra, de acuerdo con un artículo del periodista Luciano Jiménez, se inclina más bien por un órgano neutral de asesoría para todos los futuros constituyentes.

“Si hay un nuevo órgano constituyente, se debería volver a la idea original del proceso constituyente en 2019: una Secretaría Técnica en forma. Un grupo no demasiado grande de expertos o técnicos debería acompañar a dicho órgano deliberante. No demasiado grande para poder escrutarlos mejor (más transparencia) y para que puedan razonar en conjunto (así podrán ir articulando un lenguaje más común). Nombrado por las fuerzas políticas (en el Congreso o en el nuevo órgano constituyente), dicho grupo debería trabajar de forma abierta y en igualdad de condiciones para todas y todos los integrantes de ese órgano”, explicó.

Agregó que en la Convención Constitucional los expertos estaban más radicados como asesores de los convencionales y que la Secretaría Técnica -órgano encargado de dichos análisis de contenidos- no tuvo un rol influyente.

“En la Convención Constitucional los asesores estuvieron demasiado cerca de sus respectivos convencionales. Si en un nuevo órgano tienen derecho a voto, los técnicos serán convencionales. Ambos casos serían ejemplos de un conocimiento técnico desaprovechado, pues carecería de la mínima neutralidad que puede obtenerse de un grupo asesor centralizado, no muy numeroso, disponible para todos”, concluyó. Lee más de esta historia

Una nueva jurisprudencia se está observando en los fallos de la Corte Suprema en materia de ocupación ilegal de terrenos, entregando una mayor protección al derecho de propiedad y dando plazos perentorios para el desalojo.

¿Qué sucedía antes? Generalmente se acogían recursos de protección para impedir los desalojos y se ordenaba a los propietarios de los terrenos coordinarse con instituciones públicas para que, de manera conjunta, se buscara una solución global y efectiva a quienes habían ocupado ilegalmente el lugar.

• “Estos fallos fueron criticados en su momento, porque lo que ocurría era que, no obstante reconocer el derecho de propiedad del titular, simplemente no se le daba protección. Imponerle esa carga de coordinación hacía casi imposible que el desalojo se pudiera llevar a cabo”, comenta el abogado y profesor de derecho privado de la U. Católica, Jaime Alcalde.

¿Qué está sucediendo ahora? Se establece un plazo para el abandono voluntario del asentamiento ilegal (generalmente de 6 meses). Si eso no ocurre, se mandata a la municipalidad respectiva coordinar una solución para las personas en toma y al Ministerio del Interior para que, por intermedio de Carabineros, ejecute el desalojo forzoso. Lee más de esta historia

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