Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: se complica la apuesta del gobierno para convocar a un acuerdo nacional por seguridad

La intención de La Moneda de convocar a las distintas fuerzas políticas a un acuerdo nacional para poner coto a la escalada de hechos de violencia y actos delictivos en el país –anticipada la semana pasada por el Presidente Boric al revelar una conversación al respecto con el timonel de la UDI, Javier Macaya–, podría complicarse por la insistencia del gobierno en impulsar una amnistía para los denominados “presos de la revuelta” y la postura de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, respecto del machi Celestino Córdova, condenado por el ataque incendiario en que murió el matrimonio Luchsinger Mackay y que esta semana accedió al beneficio de salida dominical.

En una entrevista con El Mercurio, la titular de Justicia se excusó de pronunciarse respecto de si Córdova era un preso político o un homicida, al tiempo que reiteró que un indulto a los detenidos en el marco del estallido es un “compromiso” y una “prioridad” del gobierno.

“Las señales que se han entregado son súper equivocadas”, advirtió ayer el propio timonel de la UDI, mientras que el secretario general de RN, Diego Schalper, cuestionó la credibilidad del llamado al diálogo cuando, por un lado, se evita ejercer facultades como el estado de excepción para combatir la violencia en la Macrozona Sur y, por el otro, se promueve “el indulto a violentistas”.

“Yo le preguntó al Presidente Boric ¿de qué se trata su llamado por un acuerdo de seguridad? Que le ponga seriedad a aquello y que diga a qué se compromete, porque ya han votado contra el proyecto del robo de madera, también en contra del proyecto de usurpaciones y el que modifica la ley antiterrorista”, agregó desde Evópoli el senador Felipe Kast.

En medio de la polémica por las declaraciones de la ministra de Justicia, anoche en CNN el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, afirmó que, a su juicio, Celestino Córdova “es un preso común por un caso gravísimo” y que está “condenado justamente por los tribunales chilenos”. Lee más de esta historia.

Salvo que en el Poder Legislativo se aprueben por al menos dos tercios de los votos, cualquier proyecto de reforma significativa a la eventual nueva Constitución requerirá de un plebiscito ratificatorio por parte de la ciudadanía. Así quedó zanjado ayer en la Comisión de Sistemas de Justicia, que repuso un artículo que había sido rechazado por el pleno de la Convención Constitucional el 14 de abril y que volverá a ser sometido a votación por esa misma instancia esta semana.

De acuerdo a la norma, esta cláusula se aplicará a proyectos de reforma constitucional que “alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales, y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución”.

Aunque convencionales de derecha advirtieron que el artículo se transformará en un verdadero cerrojo que impedirá modificar aspectos esenciales de un texto constitucional que ya muestra varias deficiencias, abogados constitucionalistas como Javier Couso opinaron que la norma es bastante sensata y que no es tan distinta a lo establecido en la actual carta fundamental, en que se exige un quórum de dos tercios para reformar capítulos estratégicos como las Bases Institucionales, Derechos y Deberes, Fuerzas Armadas y el Tribunal Constitucional.

Con todo, como se advierte en un artículo del periodista José Miguel Wilson, la votación de esta norma también estará cruzada con la discusión de los textos transitorios, donde uno de los puntos que amenazan con tensionar el debate será si el actual Congreso tendrá o no un periodo de gracia para hacer modificaciones a la nueva Constitución, si esta se llegara a aprobar en el plebiscito del 4 de septiembre. Lee más de esta historia.

Un quiebre en la tendencia a la baja en el número de contagios activos de Covid observados en la Región Metropolitana –que desde el 7 de febrero inició un descenso desde un peak de 55.460 casos a 4.195 reportados el 29 de abril– se registró en la primera semana de mayo, periodo en que los episodios llegaron a 5.546, lo que representa un aumento de 32,21%.

Las comunas más afectadas: los principales incrementos en el Gran Santiago (es decir, excluyendo a algunas comunas de las provincias de Melipilla, Talagante y Cordillera) se registraron en Huechuraba (98,18%), Cerro Navia (96,55%), Macul (84,75), Ñuñoa (79,38%) y San Joaquín (59,46%)

¿Y el resto del país?: entre el 29 de abril y el 6 de mayo los casos activos de Covid a nivel nacional subieron en 23,02%, siendo la Región de Aysén la que lidera el aumento (82%). Lee más de esta historia.

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