Lo que se esconde tras la propuesta de un bingo

"Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene goteras, o una sala de clases que tiene el piso malo, y yo me pregunto: ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio". Esa fue la frase del ministro de Educación, Gerardo Varela, que no dejó a nadie indiferente.

Las reacciones a sus palabras surgieron desde todos los sectores. "Estos incidentes pueden parecer menores, pero manifiestan una visión de mundo y del rol de la política. Es la perspectiva de los campeones", dijo a través de Twitter Miguel Yaksic, ex director del Servicio de Migrantes de la Compañía de Jesús y actual consultor de la Agencia de la ONU para los refugiados. "La pregunta siempre es ¿dónde se educaron los hijos de él? ¿Qué calefacción tenían? ¿Se le llovían o no las salas?", dijo por su parte el director de América Solidaria, Benito Baranda en T13 Radio.

Pero más allá de las críticas que generó la intervención de la autoridad durante el aniversario de Enseña Chile, la idea de que las comunidades escolares hicieran "bingos" para solucionar problemas como goteras o techos rotos, dejó entrever una realidad que hoy afecta a muchos colegios del país: las deficientes condiciones de infraestructura en las que funcionan algunos establecimientos, y que afectan especialmente a la educación pública.

Pero no es sólo eso. A ese diagnóstico se suma un problema tan o más complicado que la gotera o la falta de vidrios en una ventana: la burocracia y el acceso a financiamiento.

En Educación 2020 se realizó un estudio llamado "Menos carga administrativa, más calidad educativa" que señala que las escuelas tienen que cumplir 1.800 obligaciones en las áreas de gestión escolar, gestión de recursos e infraestructura, entre otros. "El principal tema que nos relataban los sostenedores era la burocracia para la gestión de los recursos, ya sea cómo los reciben, en el uso que tienen que hacer de ellos y cómo los tienen que rendir", explicó Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de Educación 2020.

Las trabas burocráticas que tienen los establecimientos para acceder a recursos hacen que la idea del bingo no esté tan lejos de la realidad. "Los sostenedores municipales deben atenerse a todas las leyes que tienen que ver con el uso de recursos públicos, entonces, por ejemplo, para sacar copia de una llave tienen que hacer tres cotizaciones y adjuntar todas las boletas. Muchas veces pasa que se rompe un vidrio en una escuela, pero es tan larga la vuelta que tienen que dar los sostenedores y directores de escuela para obtener los recursos que muchas veces las comunidades prefieren organizarse ellos y realizar ese gasto" .

Para la experta el camino para resolver este problema es que se debería "despejar y limpiar el tema de la burocracia y control para facilitar la gestión de las escuelas porque la ley a veces se contradice: por una parte se dice que los sostenedores tienen autonomía para el uso de los recursos, pero por otro, el control y trabas administrativas que deberían asegurar el uso adecuado de los recursos, a veces terminan obstaculizándolo más que permitiendo una gestión adecuada".

Según el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, actualmente se está avanzando en desburocratizar el sistema. "Estamos trabajando en un plan, que permita tanto a sostenedores municipales, como subvencionados, concentrarse un sus labores directivas y pedagógicas. Sin embargo, así como hay instituciones que pueden generar una sobrecarga, el sostenedor también pueden hacerlo con sus procedimientos internos. Llamamos a un trabajo colaborativo que permita cumplir con dicho desafío", dijo.

Otro desafío para el mejoramiento de la infraestructura es que pese a que existen múltiples fondos públicos disponibles, la oferta no está coordinada y muchas escuelas no los conocen. "Según un informe de 2015 de la Dirección de Presupuesto uno de los principales problemas en los fondos de infraestructura es que están desarticulados y no todos los conocen", explicó Cisternas.

Por su parte, el alcalde de Lo Prado y pr esidente de la comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, aseguró que además existe un escaso acceso a financiamiento. "Los recursos de infraestructura en el país no alcanzan a ser el 1% de la subvención regular base que entrega el Ministerio de Educación una vez al año. Evidentemente no alcanza para cubrir las necesidades de infraestructura que tienen los establecimientos".

En ese sentido, el edil apuntó a que la desmunicipalización de la educación podría mejorar el acceso a recursos para la infraestructura "lo que hace la desmunicipalización es que finalmente sea el Estado el que tenga que responsabilizarse de los temas de infraestructura y de otorgar condiciones mínimas de funcionamiento".

El catastro más reciente que existe respecto al estado de la infraestructura de los colegios públicos de Chile es de 2014 y lo realizó el Ministerio de Educación. Pese a que la cifra no está actualizada, en ese entonces se evidenciaban problemas de infraestructura en el 20% de las escuelas. Un total de 1.163 colegios tenían sistemas precarios de agua potable, 71 no contaban con baños sino que utilizaban letrinas y 130 estaban en condiciones de ser reconstruidos en su totalidad.

La Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las denuncias por déficit de infraestructura en los colegios. Según cifras entregadas por la institución, en lo que va del 2018 han recibido 251 denuncias de este tipo, un alza del 41,8% en relación al mismo período del año pasado.

Los principales problemas son que los colegios no cuentan con calefacción adecuada, presentan deficiencias en pisos, puertas, muros, techos y cielos, o presentan más de tres fallas de infraestructura.

"Para lograr una educación de calidad es necesario contar con una infraestructura adecuada que favorezca la seguridad tanto de los alumnos como de los profesores y administrativos, que no represente un riesgo, con el objetivo que se pueda desarrollar de la mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, los establecimientos educacionales deben cumplir con ciertos requisitos que establece la ley en cuanto a seguridad, capacidad, higiene ambiental, salubridad, para el número de estudiantes matriculados", señaló Sebastián Izquierdo.