Los argumentos de la Fiscalía de Arica para que muerte de conscripto Franco Vargas continúe en la justicia civil

El pasado 14 de mayo, el Juzgado de Garantía de Arica decretó que sea la justicia civil la que investigue la fatal marcha de conscriptos del Ejército originada el 27 de abril en Putre, que terminó en la muerte de Franco Vargas y con otros 45 jóvenes soldados con un cuadro infeccioso.

Sin embargo, la resolución final -que podría llegar las primeras semanas de junio- está en manos de la Corte Suprema, que debe determinar si la investigación continúa en sede civil o si pasa a tribunal marcial.

Ad portas de este nuevo capítulo en torno al mediático caso, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien representa al Ministerio Público en la causa, estuvo invitado este jueves a la comisión de Derechos Humanos del Senado, donde entregó los argumentos para la indagatoria siga en la justicia ordinaria.

“Todo nuestro marco que nos permite la Unidad de Atención de Víctimas del Ministerio Público, que es una institución bien robusta y que permite ver necesidades más allá de la jurídica. Y es más, esto fue un argumento que nosotros entregamos a la hora de pelear la competencia, porque en el ámbito de justicia militar no existe un símil de atención a las víctimas. De hecho, no existen las víctimas como tal en los términos de la investigación”, dijo el persecutor.

En ese sentido, Carrera apuntó que para la Fiscalía ese “es un argumento fuerte en el sentido de que en el procedimiento de la justicia civil la víctima tiene mayor garantía y mayor derecho, porque efectivamente tiene acceso a estas cosas, por ejemplo. Y también tiene acceso a estar presente incluso y a conocer cada una de las diligencias investigativas que se van realizando. Puede tener un contacto diario con el investigador y preguntar efectivamente qué se está realizando y por qué. Y cuáles son los pasos a seguir”.

Sin embargo, dijo, éstas son “cuestiones que (la víctima) no tiene en el caso de la justicia militar. Y no porque la ministra (en visita) no quiera o no eleve la importancia de la víctima, sino que el procedimiento efectivamente es distinto. O sea, el procedimiento legal es un procedimiento secreto en el caso de justicia militar, y por lo tanto, la ministra incluso se ve impedida de hacer o de mantener esa comunicación con la víctima o quien representa a la víctima”.

Carrera también apuntó que en este caso Romy Vargas, madre del conscripto fallecido, “en nuestro sistema civil tiene la calidad de víctima. El artículo 108 señala expresamente o define expresamente que ella es víctima. Entonces, ella como víctima se está viendo involucrada en un procedimiento de justicia militar, en circunstancias que no es militar, no ha sido militar y no tiene interés en ser militar”.

El fiscal regional de Arica, sostuvo que otro de los argumentos dice relación con el bien jurídico protegido en las investigaciones de carácter militar. “En el código de justicia militar los bienes jurídicos protegidos efectivamente son militares. Alguna divulgación de un secreto, algún tema de seguridad nacional, alguna muerte que hubiese sido en el marco de una discusión por cuestiones como las que acabo de señalar, por secretos militares o por cuestiones de esa naturaleza. Claramente aquí, por lo menos a primera vista, no estamos en presencia de una situación así”.

“Aquí no hay un tema militar de fondo que resguardar y que haga efectivamente la aplicación o merecedora de la aplicación de una justicia especializada como lo es la justicia militar”, añadió.

Ante los senadores de la comisión, el persecutor recalcó que “no se trata de un tema de confianzas, por lo menos en la opinión del Ministerio Público, sino que técnicamente. Lo digo y estoy convencido, este caso en particular tiene que ser visto por la justicia civil”.

Cage consignar que por la contraparte está a cargo la ministra en visita Jenny Book -presidenta de la Corte Marcial-, designada extraordinariamente por la Corte Suprema para indagar el caso.