El anuncio del gobierno de declarar desierta la licitación del Transantiago y realizar un nuevo proceso abre el debate sobre qué incluirán las nuevas bases del concurso que se planea realizar este año.
La licitación hecha por el Ministerio de Transportes el año pasado -que estuvo a días de ser adjudicada a nuevas empresas-, incluía la renovación de flota, incentivos para una buena operación en las calles, sanciones a las compañías que funcionaban mal y un nuevo esquema de pago a los privados. Sin embargo, el proceso fue suspendido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) este año.
Lo anterior llevó a que la nueva ministra del ramo, Gloria Hutt, decidiera anunciar el martes pasado un nuevo concurso, aunque parte de los contenidos que se quieren sumar hoy coinciden con los del gobierno anterior. Las ex autoridades de transportes señalan que no se puede comenzar desde cero y que ya fue hecha la mayor parte del trabajo.
¿Qué incluirá la licitación y cuánto durará? "Vamos a partir desde lo que se ha avanzado y sumando algunos cambios. Se incorporarán, además, las sugerencias del TDLC", explica Hutt, y agrega que habrá una discusión técnica con expertos para complementar la información que ya existe sobre el sistema de transporte público.
Respecto del nuevo proceso, la ley dice que las bases de licitación deberán ser diseñadas, publicadas, enviadas a la Contraloría y posteriormente se abrirá el concurso. "Es poco probable que se pueda realizar esta convocatoria en un año, pues deberán ser dados a conocer esos contenidos, recibir consultas de las personas y la industria, además de cumplir los plazos de las licitaciones públicas. Eso toma mucho más de 12 meses", afirma Carlos Melo, ex subsecretario de Transportes, quien llevó adelante el proceso anterior.
El nuevo concurso que se pretende implementar contempla mallas de recorridos (unidades de negocio) más pequeñas, lo que haría participar a más empresas.
Hoy existen siete operadores en el Transantiago y dos de ellos tienen directores en común, lo que ha sido cuestionado por la justicia. El gobierno también planea que a las compañías se les pague la mayor parte de los recursos por pasajeros transportados y una parte menor por kilómetro recorrido. "Esto lleva a que las empresas tengan el incentivo a llevar a las personas y no sólo recorrer largas distancias", sostiene Rodrigo Troncoso, investigador de Libertad y Desarrollo.
Buses y terminales
El ministerio también busca que haya nuevos buses de calidad y alta tecnología en las calles. Pero la ministra Hutt precisa que mientras la licitación está en curso, se renovará la flota de todas formas debido a que la actual cumplió 12 años. Así, el Estado debería financiar los vehículos para las empresas.
La interrogante surge: ¿De dónde saldrán los recursos? Los expertos dicen que la ley impide que el ministerio los compre directamente. El gobierno evalúa que estos buses (1.125 de Alsacia-Express y 50 de STP) podrían ser adquiridos a través de una empresa pública como Metro o EFE, lo que está en evaluación por parte de la autoridad.
"Es un proceso complejo debido a que nunca se ha realizado. Las empresas compradoras deben capitalizarse u obtener recursos para ello, lo que no ha sucedido aún. Además, hay un ajuste fiscal", añade Guillermo Muñoz, ex director del Transporte Metropolitano.
La ministra Hutt dice que todo está en análisis, pero que "este año se verán cambios para las personas". Añade que este proceso tomaría algunos meses.
Según los cálculos de la industria, la renovación de 1.175 máquinas de Alsacia y STP tendría un costo anual para el Fisco que ascendería a US $ 54 millones. Los especialistas sostienen que las concesionarias tenían proyectado que se les acabarían los contratos este año y en los flujos no estaban consideradas estas renovaciones. En el caso de Subus, sí se recambiarán 555 buses, recursos que saldrán de su propio presupuesto.
El ministerio también quiere definir que los operadores del Transantiago tengan a su disposición terminales de buses, pues los que existen ya tienen dueño. Así, Hutt sostiene que se estudia comprarlos, arrendarlos o expropiarlos. El gobierno anterior había avanzado en expropiar tres depósitos y el resto estaba en proceso.
También se pretende que los malos operadores puedan ser sacados rápidamente de las calles, caducando los contratos. Si existen solo grandes firmas, explica Rodrigo Troncoso, es complejo finiquitar a los conductores o cubrir recorridos que ese operador realizaba.
