Los casos de corrupción que irrumpen en la emergencia sanitaria

Era algo que se presumía cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile, en marzo: el aprovechamiento de la emergencia para corromper el sistema en beneficio propio. Ese era el sentir en ese entonces del Ministerio Público, entidad que hoy investiga, al menos, nueve por eventuales delitos de corrupción que nacieron bajo el alero de la emergencia sanitaria.

Son tres los focos que actualmente están en el radar de la Fiscalía Nacional (ver recuadros): la entrega de cajas de alimentos, los contratos de las residencias sanitarias y los permisos que usan las empresas para funcionar en estado de catástrofe.

La jefa de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explica que “no hemos visto cuantitativamente un aumento de casos por corrupción en esta época de crisis, pero eso no significa que existan esos casos. El Estado, el gobierno, y sobre todo nosotros, necesitamos respuestas inmediatas en una crisis y por eso, muchas veces y más en tiempos de emergencia, se flexibilizan los controles y eso permite que existan más irregularidades. Ahora, eso no significa que las normas dejen de estar en vigencia. No porque se relajen los controles será permitido defraudar al Fisco o recibir coima”.

El Ministerio Público, para pesquisar causas que se puedan quedar fuera de los canales de denuncia, entabló coordinaciones con las autoridades de Salud, a través de las Seremis, para acordar un mecanismo de trabajo en conjunto. Además, está a la espera de algunos peritajes de otras causas grandes para ir cerrando esas investigaciones y así abocar los esfuerzos en los casos de corrupción que vayan surgiendo en la pandemia. Esto, sumado a que las policías hoy están más dedicadas a fiscalizar medidas sanitarias que a investigar.

Herrera agrega: “Si no tenemos un adecuado sistema de protección a los denunciantes de corrupción, evidentemente tenemos menos posibilidades de poder conocer más de estos casos. Yo no puedo obligar a las personas a denunciar, si no puedo darles alguna garantía de estabilidad laboral, o personal, sobre todo en estos tiempos cuando pueden ser amedrentados por sus empleadores”.

Otra de las piedras de tope para castigar estos delitos con mayor intensidad, es que no es considerada una agravante el defraudar al Fisco o cohechar a un funcionario público en estado de catástrofe. Herrera señala que “hay un agravante, contemplada por una ley especial, pero no cubre los delitos de corrupción”.

En la Contraloría, detectar eventuales irregularidades en los contratos de Estado en estos tiempos es una de las prioridades del contralor Jorge Bermúdez.

Los equipos de este organismo están monitoreando compras públicas, entrega de beneficios sociales, contratos, licitaciones, proyectos, presupuestos y modificaciones presupuestarias, en relación a la emergencia del coronavirus. En particular, algunas de las áreas fiscalizadas son la entrega del bono Covid-19, el Ingreso Familiar de Emergencia y el Plan Alimentos para Chile, en lo que respecta a entrega de cajas y contrato de proveedores.

Además, esto se suma a los sumarios administrativos ya abiertos respecto de la entrega de cajas de alimentos en Arica y Los Ríos; y el caso de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por residencia sanitaria en el centro de Santiago.

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, indica que la ONG cuenta con un canal de denuncia, a través de su página web, donde ya han recibido dos casos de eventuales hechos de corrupción asociados a la emergencia. “Ser corrupto en pandemia es muchísimo más grave, porque se está abusando de un momento de debilidad de las instituciones y de todos nosotros como ciudadanos”, dijo.