La muerte del expresidente Sebastián Piñera hace un año, al caer con el helicóptero que pilotaba en las aguas del lago Ranco, forzó el cierre de las investigaciones que el Ministerio Público estaba desarrollando sobre él en dos importantes casos.
El exmandatario era indagado por la venta de la empresa minera Dominga y en la causa por las violaciones a los derechos humanos en las protestas del llamado estallido social.
A los días de haber fallecido, se dictó su sobreseimiento en ambas causas. La acción consiste en una resolución judicial que declara terminado el proceso penal, respecto de una o diversas personas imputadas, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva tenga efecto de cosa juzgada, debido a la existencia de una causal que impide en forma concluyente continuar la persecución penal. En este caso, según el Código Penal, se justifica por el deceso de la persona indagada.
Dominga
Un mes antes de la muerte del expresidente, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó el cierre de la investigación por Dominga y solicitó audiencia para sobreseer.
El proyecto Dominga fue presentado en 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, bajo la primera administración de Piñera. La indagatoria se abrió por oficio en octubre de 2021 -como resultado de la investigación periodística global denominada “Panama Papers”- buscando esclarecer la existencia de posibles delitos tributarios, de cohecho y soborno relacionados con la compraventa de la minera.
Se indagaba un posible conflicto de interés en el negocio por parte del expresidente durante el traspaso de derechos de la familia Piñera Morel a la familia de Carlos Alberto Délano durante el primer gobierno del exmandatario. En la causa, Sebastián Piñera era representado por el abogado Samuel Donoso.
El 8 de febrero de 2024, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó al expresidente luego que el abogado Luis Mariano Rendón solicitara dejar sin efecto la querella que presentó contra el exgobernante. El tribunal informó que el sobreseimiento del expresidente se resolvió “sin perjuicio de no haberse acompañado certificado de defunción, más siendo de público y notorio conocimiento el fallecimiento del querellado”.
Tres meses después, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo, señalando que la operación cuestionada “no es constitutiva de delito”. La resolución estableció que Piñera no participó de la transacción y determinó que el que la operación se realizara en Islas Vírgenes “estaba justificado por la naturaleza del negocio”. El sobreseimiento también benefició a Carlos Alberto Délano.
El estallido
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, afirmó el entonces Presidente Sebastián Piñera la noche del 20 de octubre de 2019, junto a quien era su ministro de Defensa, Alberto Espina. Así comenzaba un mensaje a la nación en el que daba cuenta del Estado de excepción constitucional de Emergencia por los saqueos y ataques incendiarios que destruyeron gran parte de la red del Metro de Santiago.
Las protestas partieron el 18 de octubre de ese año por el alza en el valor del transporte público en la Región Metropolitana y se extendieron a todo el país. Cada viernes, durante meses, hubo manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano, siempre con incidentes. Las convocatorias culminaron con la pandemia de coronavirus.
En diciembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe que indicaba que había “razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto, en un informe de enero de 2022, indicó que solo en los primeros dos meses de manifestaciones, las urgencias médicas atendieron a 13.046 personas heridas en relación con las protestas. Por su parte, el INDH al 15 de enero de 2020 constató directamente en hospitales, 3.649 personas heridas en el contexto de las manifestaciones, de las cuales 1.624 fueron por causa de disparos de perdigones. La cifra de personas con trauma ocular que constataba entonces el organismo era de 405, de las cuales 33 presentaron estallido ocular y en algunos casos la pérdida total de la visión en los dos ojos.
La causa por lesa humanidad
En ese contexto, el 4 de noviembre del 2019 se presentó la primera querella en contra del entonces Presidente por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Fue presentada por una serie de abogados particulares liderados por Nicolás Toro en representación de la “Coordinadora 18 de Octubre”. Esa y las demás querellas que se presentaron por los mismos hechos, fueron derivadas, primero, a la fiscal Claudia Perivancich y, ya en agosto del 2022, a la fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
“Cuando teníamos información respecto de abusos de derechos humanos, de lesiones oculares, de lesiones por perdigones o por uso de bombas lacrimógenas no dejaba indiferente al gobierno, era tema de preocupación y acción central del gobierno y también mía como Presidente”, señaló Piñera ante Chong, el 10 de abril de 2023, en un interrogatorio que duró más de tres horas.
El 9 de febrero de 2024, también ante la solicitud del abogado Luis Mariano Rendón como querellante, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento de Piñera en la causa. En la resolución, se lee que “teniendo presente la defunción del querellado Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, el pasado día 6 de febrero de 2024 (...) se declara la extinción de la acción penal y se sobresee definitivamente”.
Desde el INDH, organismo que presentó cerca de 3 mil querellas por acciones de agentes del estado contra manifestantes, tanto su exdirector Sergio Micco como su sucesora Consuelo Contreras han descartado que las violaciones a derechos humanos en el periodo hayan sido sistemáticas.
En diálogo con La Tercera hace un tiempo, el abogado Samuel Donoso, señaló que, esos dichos tienen “implicancias legales”, estimando que “si no hay violaciones sistemáticas, menos puede haber crímenes de lesa humanidad, que es lo que se imputaba al Presidente Sebastián Piñera”.
