El jueves comenzó la cuenta regresiva de la libertad de José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, fugitivos de la justicia y condenados a 18 años de prisión por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en enero de 2013 en La Araucanía. Aquel día, la Brigada de Investigaciones Especiales (Bipe) de la PDI estableció que los comuneros estaban en la casa de calle Bogotá 8592, en La Cisterna, Región Metropolitana.

Ese dato desembocaría cinco días más tarde en el arresto de los prófugos, quienes amagaron su detención durante 279 días, en el caso de Tralcal Quidel, y 139, en el de José Tralcal. Esta información, según fuentes de la causa, se obtuvo tras analizar los movimientos y domicilios de familiares y cercanos de los condenados.

Previo a solicitar la orden de allanamiento, la PDI se instaló en el sector y chequeó la información al identificar a los comuneros en el lugar. Desde ahí la vigilancia fue permanente, aunque el pronto movimiento de los blancos requería una acción rápida.

El lunes a las 14.36, el fiscal Sur Patricio Rosas pidió de manera verbal la autorización de entrada al domicilio por 24 horas, la que fue otorgada por la jueza Verónica Vásquez del 11° Juzgado de Garantía de Santiago. Según información de Inteligencia, este martes los comuneros se trasladarían a otro lugar, por lo que era necesario agilizar las acciones.

Así, durante la madrugada, en los alrededores de la vivienda se instaló la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana (BRTM) de la PDI. En sigilo, esperando la orden, observaron cómo Luis Tralcal salía a fumar un cigarro. El operativo se iniciaría después de la última calada. Apenas el hombre reingresó al domicilio, los policías entraron al lugar para detener a los comuneros. Ninguno opuso resistencia.

Ya aprehendidos, Luis Tralcal se negó a firmar el acta de derechos, argumentando que se trataba de "un tema político". José Tralcal sí lo hizo, aunque este denunció un "insulto racista" por parte de uno de los policías, quien, según indicó en la audiencia de control de detención, le habría dicho "caíste, indio de mierda".

En el lugar se encontraron un computador, chips de teléfono, artículos de un conjunto folclórico y seis plantas de marihuana. También se requisaron los teléfonos para peritajes, que permitan dilucidar la red de protección que ayudó en el escape.

Los comuneros fueron trasladados hasta las oficinas de la Bipe en Ñuñoa, donde permanecieron hasta las 14.00. A su llegada rechazaron recibir comida, al asegurar que se encontraban en huelga de hambre. A esas alturas ya eran acompañados por abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y familiares. Luego de un par de horas y tras algunas conversaciones, desistirían de la medida, por lo menos hasta ser recluidos.

En la tarde, tras el control de detención, se iba a realizar el traslado hasta la cárcel de Temuco, donde cumplirán la condena.

El Presidente Sebastián Piñera, a través de Twitter, valoró la detención: "Todas las víctimas merecen justicia y reafirmo tolerancia cero frente a terrorismo, delincuencia e impunidad".

En tanto, el director de la PDI, Héctor Espinosa, dijo que el resultado se logró gracias a "un trabajo de inteligencia acucioso".

Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio asesinado, destacó la detención, aunque reprochó la opción de escape que tuvieron los comuneros. "Aquí hay un problema en el Poder Judicial, en particular de quienes determinan las medidas cautelares", dijo.